El Tribunal Federal de San Pablo, en Brasil, inició un proceso contra el coronel retirado Carlos Alberto Brilhante Ustra. Es por la desaparición de una persona durante la última dictadura militar.

En Brasil, ningún militar fue todavía condenado por violaciones de los derechos humanos durante el régimen de facto que gobernó desde 1964 hasta 1985, pero éste constituye el tercer procesamiento. Brilhante Ustra, ex jefe de la policía política del gobierno militar, fue acusado del secuestro y desaparición del ex marino Aquino Edgar Duarte, expulsado en la década del ‘70 de las Fuerzas Armadas, señalaron fuentes judiciales. Ustra, quien fue el jefe de Doi-Codi, el principal órgano de represión de la dictadura, está acusado de comandar prácticas de tortura contra presos políticos en la unidad, creada con el nombre de Operación Bandeirante (Oban). Según el Ministerio Público Federal (MPF), Duarte fue secuestrado por el coronel y mantenido en prisión hasta su desaparición, en 1973. Según el diario Jornal do Brasil, Duarte fue expulsado de las Fuerzas Armadas, acusado de oposición al régimen. Como consignó este medio, para el MPF muchas declaraciones demuestran que la víctima no ha participado en ningún tipo de resistencia al régimen militar. Primero, montó una inmobiliaria y después pasó a trabajar como corredor de la Bolsa de Valores, una actividad que mantuvo hasta ser secuestrado. Además, los fiscales encontraron documentos que atestiguan que Duarte no pertenecía a ninguna organización política y que, de hecho, actuaba como corredor de Bolsa.

La Justicia de San Pablo afirmó haber aceptado la denuncia porque el secuestro se prolonga hasta hoy y sólo cesará cuando la víctima sea liberada, si está viva, o si se encuentran sus restos mortales. En tanto, la tesis del MPF de que el crimen no prescribe se basa en una decisión de la Corte Suprema de Justicia de Brasil.

A fines de agosto, la Justicia había aceptado procesar a dos militares acusados de secuestros y desapariciones, en una primera decisión inédita que permitió sortear la Ley de Amnistía. El Segundo Tribunal Federal de Marabá, en el estado de Pará, acogió las denuncias presentadas por el Ministerio Público contra el coronel de la reserva Sebastiao Curió y el mayor de la reserva Licio Maciel, que habían sido rechazadas en marzo pasado.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Brasil, en 2010, por no investigar ni procesar a sospechosos de desapariciones y torturas y solicitó la anulación de la Ley de Amnistía, promulgada en 1979 por el entonces presidente de facto, Joao Baptista Figueiredo. El gobierno de la presidenta Dilma Rousseff –detenida y torturada durante la dictadura– instaló este año una comisión para investigar las denuncias de violaciones de los derechos humanos durante el régimen. Desde entonces, la Comisión Nacional de la Verdad se encarga de investigar y reunir evidencias de las torturas, asesinatos y desapariciones ocurridos durante la dictadura, pero no tiene facultades penales.