La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, afirmó ayer que el caso de corrupción en torno de la empresa estatal Petrobras “cambiará para siempre” al país porque acabará con la impunidad. “Cambiará para siempre la relación entre la sociedad brasileña, el Estado brasileño y la empresa privada”, dijo la mandataria a periodistas brasileños en Brisbane, donde participó de la cumbre del Grupo de los 20 (G-20). “La cuestión de Petrobras es una cuestión simbólica para Brasil, debido a que es la primera investigación efectiva sobre corrupción en Brasil que involucra segmentos públicos y privados. La primera, y que va hasta el fondo”, remarcó Rousseff.

En tanto pidió tener cautela al juzgar a la compañía y a los involucrados. “Las investigaciones no pueden ser dadas como concluidas”, remarcó. Recordó, además, que la petrolera “no tiene el monopolio de la corrupción”, y habló de otros casos en el mundo como la norteamericana Enron. De esta forma defendió a los miembros de la empresa estatal de las generalizaciones. “No todo el mundo, de hecho la mayoría absoluta de los miembros de Petrobras no son corruptos. Sí hay personas que cometieron actos de corrupción en Petrobras”, admitió Rousseff. “Pero no se puede condenar a las empresas sino a las personas de los dos lados, tanto corruptos como corruptores”, agregó.

La presidenta aprovechó la conferencia para referirse a las manifestaciones de sectores ultraderechistas que piden un juicio político en su contra. “No estoy de acuerdo con el terror que provocan las manifestaciones. Pero con la manifestación en sí no tengo nada en contra o a favor. Brasil dispone de espacios para las manifestaciones, incluso para aquellas que piden un golpe (militar). Esto es porque hoy estamos en un país democrático. Un país democrático procesa y absorbe propuestas incluso más intolerantes. Brasil tiene esa capacidad de absorber y procesar”, aseveró la jefa de Estado, echando por tierra que las protestas tengan como objetivo su salida del gobierno por asociarla con el caso de Petrobras.

El viernes pasado, la Policía Federal brasileña arrestó a 18 personas vinculadas con el caso, entre ellas el ex director de Servicios de Petrobras, Renato Duque, y varios presidentes y altos ejecutivos de empresas que mantuvieron contratos millonarios con la petrolera estatal. El caso tomó estado público en marzo pasado, cuando fue detenido el ex director de Refinería y Abastecimiento, Paulo Roberto Costa, quien, a cambio de beneficios penales, delató detalles del sistema de financiamiento ilegal por parte de Petrobras a campañas políticas del oficialista Partido de los Trabajadores (PT).

Se estima que la red, que actuó entre 2003 y 2012 –durante los dos mandatos completos del presidente Lula da Silva y los primeros años de la gestión presidencial de Rousseff–, desvió recursos por una suma equivalente a 3900 millones de dólares. Durante gran parte de los mandatos de Lula, Rousseff integró el gabinete como ministra de Minas y Energía, y luego como jefa del gabinete, y paralelamente presidió el Consejo de Administración de Petrobras.

El sábado, el ministro de Justicia de Brasil, José Eduardo Cardozo, aseguró que el caso será investigado hasta las últimas consecuencias. “La orientación de la presidenta al Ministerio de Justicia y a nuestra Policía Federal es muy clara: investigar con absoluta transparencia, con absoluta objetividad, todo lo que hay de irregular, para que sean castigadas todas las personas que practicaron actos ilícitos”, dijo el funcionario.

Además señaló que los responsables serán castigados, sean miembros de la oposición o del gobierno, y expresó la voluntad de que las investigaciones en marcha no obstaculicen el trabajo de Petrobras, empresa vital para la economía del país.

El ministro, del que depende la Policía Federal, repudió los intentos de politización del caso que, según él, pueden “colocar en jaque las investigaciones”, y dijo que no debe ser vista como una especie de tercera vuelta electoral, ya que el resultado de las urnas en las recientes elecciones presidenciales ya fue dado. También criticó insinuaciones de que el gobierno haya creado obstáculos para la investigación.

En esa línea, el ex candidato opositor Aécio Neves afirmó que la investigación está llegando muy cerca de los más altos dirigentes del gobierno y acusó al Ejecutivo de “montar una organización criminal” en Petrobras. Pese a todo, Rousseff fue reelegida el pasado 26 de octubre con una ventaja de tres puntos porcentuales (51 contra 48 por ciento) de los votos emitidos en la segunda vuelta.

Pero lo cierto es que el valor de mercado de Petrobras, una de las diez empresas más grandes del mundo en 2008, se redujo en más de 200 mil millones de dólares desde entonces, en medio de la desconfianza de los inversores. A pesar del descubrimiento de grandes reservas costa afuera y de los cientos de miles de millones de dólares de inversiones, la producción de la firma decepcionó en el último tiempo.