A sus doce años, que es la edad que hoy tiene su hijo, Mónica Xavier ya tenía la convicción de querer cambiar el mundo. A los 18, la militante del Partido Socialista de Uruguay estuvo presa durante la dictadura. Fue detenida durante un mes. “Una nunca deja de ser militante más allá del cargo que asuma”, afirma Xavier, quien en 2012 fue electa presidenta de la coalición de centroizquierda Frente Amplio (FA) y terminará su mandato en mayo. La también senadora dialogó con Página/12 a su paso por Buenos Aires, en donde días atrás participó del encuentro Conversaciones Rioplatenses, que organizó un grupo de dirigentes políticos de ambos países. El buen ánimo de la médica cardióloga tiene que ver con el desafío que le provoca el comienzo de un tercer gobierno frenteamplista a partir de hoy, cuando José Mujica le entregue la banda presidencial a su correligionario Tabaré Vázquez.

–¿En qué consiste la reforma constitucional que plantea el oficialismo, que reeditó su mayoría en el Congreso?

–En el programa del Frente Amplio tenemos definida una reforma constitucional. Ya en el período anterior lo habíamos tratado, pero a mi entender con un espíritu demasiado fundacional, un poco influidos por la tónica de la región: se decía que no hay sistema más democrático para encararlo que una asamblea nacional constituyente. Seguramente sea así, pero anteponer la forma a los contenidos lleva al empantanamiento. Ninguna definición se puede hacer sin consensos políticos y sociales importantes en el país. Obviamente la derecha no ve con buenos ojos hacer una reforma constitucional. La clase dominante no se ha preocupado por los sectores populares, a tal punto que cuando llegamos al gobierno teníamos un 40 por ciento de la población bajo la línea de la pobreza. La reforma constitucional no tiene que ser vista como una amenaza, ni siquiera para los sectores que creen que les quitaría poder, derechos o libertades. El derecho a la salud hoy es aceptado universalmente, pero es una exigencia al Estado exclusivamente con los indigentes, según la Constitución y, por tanto, resulta una concepción anacrónica. Con el primer período del FA hemos empezado a hacer cambios con un sistema nacional integrado de salud y quisiéramos que haya una concordancia en nuestro marco constitucional de lo que entendemos es un derecho de todos.

–¿Incluiría una reforma judicial?

–Es muy importante que la Justicia pueda adaptarse a los tiempos actuales. Hemos tenido dificultades, por ejemplo, para implementar impuestos sobre sectores que la Constitución estaría impidiendo, según determinó la Corte Suprema.

–Como el impuesto a los propietarios de más de dos mil hectáreas de tierras, que la Corte Suprema determinó que era inconstitucional

–Exactamente. Era un impuesto muy tibio, los propios sectores conservadores tuvieron una discusión interna, porque al final terminaron aportando un poco más de lo que estaba previsto en la modalidad inicial. Nuestra aspiración es que no terminemos exclusivamente con una reforma electoral. Uruguay tiene en materia electoral uno de los ballotage más exigentes del mundo. Así tengamos la mayoría parlamentaria y superemos por más de diez puntos al segundo partido, en las últimas elecciones superamos en 18 puntos al Partido Nacional, necesariamente se va a segunda vuelta. Y esto tendría que cambiar.

–¿Piensan modificar la reelección, ya que actualmente no puede ser continua?

–No, no creo que sea un tema que preocupe a la ciudadanía. Uruguay tiene reelección, o sea que la posibilidad de volver al gobierno existe.

–Organizaciones de derechos humanos han criticado al gobierno del FA por no haber avanzado lo suficiente en la búsqueda de verdad y justicia. ¿Cómo evalúa este desafío?

–Los dos gobiernos del FA hicieron lo que ningún otro gobierno desde la dictadura cívico-militar había hecho. Que sea insuficiente, es cierto. No comparto visiones dentro de la propia izquierda de que no se han hecho todos los esfuerzos. La impunidad tiene raíces muy profundas. En el primer período de gobierno se ingresó a los cuarteles, se comenzó la búsqueda, y se hizo con muy pocos elementos que permitan encontrar la verdad y promover la justicia. Con el nuevo gobierno se va a instalar un nuevo grupo de trabajo que tiene dos integrantes que son figuras emblemáticas: Macarena Gelman y Felipe Michelini, ambos con historias de vida que los comprometen, y además participarán organizaciones de familiares. Hay una serie de organizaciones sociales vinculadas al pasado reciente que pretenderían estar. La lógica no es tener a todos en un mismo ámbito, sino que sea un grupo ejecutivo el que vea las dificultades. Por ejemplo, si hay algún archivo que no está siendo desclasificado.

–Algunos organismos dicen que es el Ministerio de Defensa, presidido por Eleuterio Fernández Huidobro –que seguirá en esa cartera–, el que se resiste a abrir los archivos.

–Sobre fines del año pasado, yo como presidenta del Frente Amplio y los vicepresidentes de la coalición concurrimos a una entrevista con el ministro. Estábamos preocupados por el tono de algunas de sus declaraciones y un cruce con organizaciones de derechos humanos. Fuimos directamente a tener una entrevista con el compañero y su equipo. Allí dejamos en claro que existen decretos que ponen a disposición todo lo que se sabe que existe en el Ministerio de Defensa. (N. de la R: la ONG Servicio de Paz y Justicia, Serpaj, dijo que Huidobro no brindaba información sobre los desaparecidos durante la dictadura. El ministro respondió: “Es falso lo que dice esta ONG financiada por las peores fundaciones imperiales. Si Serpaj me autoriza a torturar por un mes, como la CIA, yo capaz que le consigo información”.) Hay muy poco material, porque todo fue pasado al Archivo General de la Nación y porque las historias clínicas del hospital del Ministerio de Defensa están muy disminuidas. Hemos estado en los calabozos durante la dictadura y hoy vamos a buscar nuestras fichas y no están. Es muy posible que se hayan quemado y destruido esos archivos. Pero no es una cuestión de fe, queremos despejar las dudas y para eso se creó el equipo de trabajo, para que dé mayores respuestas a los familiares de los detenidos desaparecidos. Es una cuestión de desmontar los resortes de impunidad.

–¿De qué se trata el proyecto de crear un sistema nacional de cuidados?

–En Uruguay, que tiene una población escasa, envejecida, con 46 mil nacimientos al año, se vuelve imperioso una expansión de la matriz de protección social que permita a todos los sectores sociales ser cuidados. Hasta ahora asistimos a las mujeres que ganan muy bajos salarios y que reciben muy escasa formación para realizar esa tarea. Pero tenemos un gran vacío para la mujer joven que estudia, trabaja y quiere tener hijos. Queremos que haya centros de cuidados de bebés recién nacidos hasta los tres años.

Hay tres franjas de población a las que apuntamos: los niños de cero a tres, los adultos mayores y aquellas personas de cualquier edad con capacidades diferentes que requieren de una apoyatura para desempeñar sus tareas vitales.