Desde Roma

La FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, con sede en Roma, celebra hoy el Día Mundial de la Alimentación, una ocasión cada año para hacer un balance sobre el estado nutricional de la población mundial. Para eso la FAO presenta anualmente el “Informe mundial sobre el estado de la agricultura y la alimentación” que este año se centró sobre todo en los efectos de la “protección social” –las ayudas provistas por el Estado como las asignaciones familiares– sobre la pobreza y la malnutrición. Entre sus conclusiones destacó que “los programas de protección social reducen la pobreza alimentaria”, que esos programas si están dirigidos hacia las mujeres “tienen mayores efectos en la seguridad alimentaria y la nutrición”, que “la protección social mejora la nutrición, la salud y la educación”, que “no reduce el esfuerzo laboral” y tampoco fomenta “la dependencia”. En una entrevista con Página/12, Benjamin Davis, economista, vicedirector de la División de Economía del Desarrollo Agrícola y líder del programa PtoP (De la protección a la producción) de la FAO –uno de los departamentos que más trabajaron en el Informe de este año– abordó todos estos temas.

–SeñorDavis, ¿qué entiende la FAO por protección social?

–No hay una definición única pero hablando ampliamente podemos decir que es un conjunto de intervenciones del Estado cuyo objetivo es reducir el riesgo y la vulnerabilidad social y económica, la pobreza extrema y el hambre. Hay tres tipos de programas de protección social: la asistencia social, que supone transferencias –en dinero efectivo o en bienes– sin que el beneficiario tenga que hacer ninguna contribución. Este es el programa más común en América latina, como el llamado “Bolsa familia” en Brasil. El segundo tipo es el seguro social, es decir especie de pensiones para grupos específicos de trabajadores donde esas personas contribuyen con una parte y el Estado con otra. El tercero está referido al mercado laboral, y son por ejemplo las ayudas para los desempleados o para mejorar la preparación de los trabajadores.

–¿Por qué esta protección social es fundamental para la seguridad alimentaria y la nutrición en las familias?

–Cuando se reciben transferencias de dinero las personas inmediatamente pueden comprar comida e incluso mejorar la calidad de los alimentos que consumen. Asimismo esas transferencias ayudan a minimizar el nivel de pobreza. Muchos de los beneficiarios viven en las zonas rurales o trabajan por cuenta propia, y a menudo no tienen acceso al crédito. Por eso la gente puede invertir también parte de ese dinero en la propia actividad económica, sea agrícola o de pequeña empresa. La protección social tiene como objetivo aumentar el consumo de alimentos pero también mejorar el acceso a la educación y a la salud.

–¿Por qué los planes de protección social son particularmente eficaces cuando están dirigidos a las mujeres?

–En América latina en general, las mujeres tienen más responsabilidades sobre lo que es el cuidado de los niños, la preparación de la comida, la educación, etc. Ha habido muchos estudios que han demostrado que cuando una transferencia de dinero llega a las manos de una mujer, ella piensa más en la salud, la comida, la educación. También puede aumentar su propia capacidad económica y su capacidad de decisión en la familia. Por eso, particularmente en América latina, se tiende a focalizar los programas en las mujeres.

–En algunos países de América latina los programas de protección social, como las asignaciones familiares en Argentina, han sido acusados de favorecer la pereza. Pero el informe de FAO subraya que la protección social no reduce el esfuerzo laboral y refuerza los medios de vida en lugar de fomentar la dependencia. ¿Podría explicar mejor los alcances de esta afirmación?

–Esa acusación es un mito. Decir que los programas de protección social fomentan la dependencia y bajan el esfuerzo laboral no es verdad. Lo que nosotros hemos visto, basado en las evidencias que surgen de nuestras investigaciones, es que el impacto es al contrario. Ese impacto cambia según los continentes. En Africa las familias, además de usar la transferencia de dinero para la comida, como son pequeños productores lo invierten también en sus actividades productivas. Por lo cual producen más, no menos. Lo que sí se produce es una mayor flexibilidad en el tipo de actividades laborales que desarrollan. Por ejemplo, tienden a reducir su participación en el trabajo temporario agrícola (recolección de verduras o frutas por ejemplo, ndr), que son actividades que la gente hace sólo cuando necesita. En vez de eso prefieren trabajar más en su propia parcela o actividad. De hecho hay un cambio en la actividad laboral pero no una reducción del esfuerzo.

–¿Y en América latina?

–En América latina es un poco diferente, aunque en las zonas agrícolas donde hay pequeños productores se da este mismo fenómeno. No hay una reducción laboral sino que la gente se concentra en la propia actividad y no en ir a trabajar para otros. Un tema que no está en el informe de FAO pero es un punto de investigación en América latina es si esos programas generan o fomentan el trabajo informal (en negro o no regularizado, ndr). Dadas las reglas de esos programas, si tienes un trabajo formal pierdes la posibilidad de seguir recibiendo las ayudas. Entonces ocurre que la gente tiende a mantenerse en el mercado informal para no perder esa asistencia. Este tema se está estudiando pero en general no se ve que exista un impacto negativo.

Davis nombró un estudio realizado por dos expertos del Cedlas –Centro de Estudios distributivos laborales y sociales– de la Universidad de La Plata, que analizaron los efectos del programa de Asignación Universal por Hijo sobre el mercado laboral. El estudio destacó que ese programa tiene “un innegablemente positivo impacto social” aunque podría tener “algunos efectos no queridos sobre el mercado laboral” que podrían corregirse con ciertos ajustes al programa.

–Las afirmaciones del Informe parecen provenir del análisis a nivel agrícola, pero dado que el hambre y la malnutrición no son sólo un problema de las familias que viven en el campo, ¿esas conclusiones se aplican a los programas de protección social puestos en práctica en las ciudades?

–El enfoque del Informe de FAO se centró sobre protección social y agricultura. Pero obviamente muchos de esos programas también están implementados en zonas urbanas como por ejemplo en Brasil, México o Argentina. Los impactos de programas de esta naturaleza sobre la nutrición siguen siendo válidos, lo mismo que sobre el consumo de alimentos y su diversidad. En cuanto al impacto a nivel de la nutrición, se ha demostrado que estos programas son aún más eficaces en las zonas urbanas El impacto sobre salud y educación a veces hasta son más fuertes que en las zonas agrícolas porque en las ciudades se tiene más fácil acceso a un sistema escolar y al sistema sanitario.