La suspendida presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, afirmó ayer que el mandatario interino, Michel Temer, pretende “privatizar” las gigantescas reservas de petróleo descubiertas en aguas profundas del Atlántico, lo que además restaría recursos de las regalías de esos yacimientos que se dedican a la educación del país.

“Sabemos dónde está ese petróleo, conocemos su calidad y lo quieren privatizar, pues eso es lo que significa destinarlo a unos pocos grupos económicos”, dijo Rousseff en una conversación con sus partidarios a través de redes sociales. Rousseff sostuvo que “están queriendo acabar con el modelo” implantado en los últimos años, que reserva parte de las regalías generadas por la extracción de ese petróleo a iniciativas en el área de educación y obliga a la participación de la estatal Petrobras en todos los proyectos de explotación.

La mandataria, suspendida en sus funciones para responder a un juicio político que puede llevar a su destitución, criticó así una serie de medidas económicas anunciadas por el gobierno interino de Temer el martes. Una de esas propuestas, que debería ser aprobada por el Congreso, abriría la posibilidad de que sociedades diferentes a Petrobras exploten los yacimientos petroleros descubiertos en la llamada región del presal, en aguas profundas del Atlántico brasileño. “Eso no sería otra cosa que privatizar el presal”, dijo Rousseff.

Temer también anunció, entre otras medidas, una reducción de los presupuestos para todas las áreas, incluidas salud y educación, a fin de buscar el equilibrio perdido en las cuentas públicas, para las que logró que el Congreso autorizara para este año un déficit fiscal equivalente a 2,75 por ciento del producto bruto interno (PBI), casi 48.000 millones de dólares.

En la conversación con sus partidarios, Rousseff estuvo junto a quien fue su ministro de Educación, Aloizio Mercadante, quien calificó las medidas anunciadas por Temer como “el mayor retroceso en la historia de Brasil” en esa área. “La educación tiene que ser prioridad, es lo único que puede garantizar el proceso de desarrollo de un país que, si deja de invertir en esa área, sólo tendrá desorden y retroceso”, declaró Mercadante, en alusión irónica a la frase “orden y progreso”, escrita en la bandera nacional y que Temer ha adoptado como lema.

Rousseff fue separada de sus funciones el pasado 12 de mayo y sustituida por Temer, en un principio durante los 180 días que puede durar el juicio político al que será sometida.

El Partido de los Trabajadores (PT), logró aplazar la votación del cronograma para la celebración del juicio político. La comisión especial del Senado que tiene el proceso en sus manos fue convocada para ayer con la meta de definir los plazos del juicio al que responderá Rousseff, que según propuso el senador Antonio Anastasia, instructor del caso, concluiría en agosto próximo, casi en medio de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.

El grupo del PT pidió más tiempo para analizar ese calendario y el jefe de la comisión, Raimundo Lira, aceptó la solicitud pues la consideró “reglamentaria”. Según la senadora Gleisi Hoffmann, quien presentó la solicitud en nombre del PT, la comisión tiene un plazo de 180 días para realizar el juicio político, por lo que acelerar su conclusión para agosto pudiera “herir el derecho a la debida defensa” de Rousseff. La legislación brasileña que rige el trámite para la destitución de un mandatario determina su suspensión por un máximo de seis meses para que responda a un juicio político, pero en caso que el proceso no concluya en ese plazo, debe retomar su cargo aún si para entonces no hubiera una sentencia definitiva.