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La Corte Suprema le dio la razón al ex subcomisario Luis Abelardo Patti en su reclamo por la banca que le negó la Cámara de Diputados por “inhabilidad moral” debido a su participación en crímenes de lesa humanidad. El alto tribunal remitió en una carilla a los argumentos que el año pasado utilizó en una sentencia favorable a Antonio Domingo Bussi: que el Congreso no tiene facultades para impedir la incorporación de un legislador electo. Ambos represores están presos. La diferencia es que al momento del fallo a Bussi ya se le había vencido el mandato, pero a Patti no. El nuevo pronunciamiento supremo le facilita al ex policía los argumentos para reclamar su excarcelación invocando –como ya anunció que hará su abogado– la inmunidad parlamentaria. Eso no implica necesariamente que su pretensión se haga realidad.

El fallo de la Corte intenta, una vez más, poner un límite a las atribuciones parlamentarias para excluir a un legislador una vez que ya fue elegido por el voto popular. Lleva, como en el caso de Bussi, la firma de Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt, Carmen Argibay y Raúl Zaffaroni. Ellos sostienen que el Congreso sólo podría expulsar a uno de sus miembros por hechos posteriores a su elección. El “control de los requisitos constitucionales de los candidatos”, dicen, debe ser previas a los comicios y realizarse “ante el Poder Judicial”. Votaron en disidencia Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi y Juan Carlos Maqueda.

El diploma de Patti fue rechazado el 23 de mayo de 2006 por una votación de la Cámara de Diputados que lo consideró “inhábil moralmente” para ocupar una banca y le impidió jurar. La decisión se basaba en una investigación de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, que vinculaba al ex subcomisario crímenes cometidos en la última dictadura como el asesinato de Gastón Gonçalvez y los secuestros de Diego Muniz Barreto, del matrimonio Eva y Alberto Marciano y de Orlando Ubiedo, entre otros.

El líder del Partido Unidad Federalista (Paufe) recurrió entonces a la Justicia. Al comienzo no tuvo suerte: la jueza electoral María Servini de Cubría confirmó la decisión de los diputados. Pero después la Cámara Electoral hizo lugar a su amparo. Y ahí fue que los propios diputados llevaron la discusión a la Corte. Frente al fallo sobre Bussi, en julio del año pasado, Patti festejó por anticipado lo que calificó como “un triunfo de la democracia”.

Según la mayoría suprema el criterio de la falta de idoneidad moral no puede impedir la asunción de un legislador, algo que en cambio podría surgir de una condena. “Los graves hechos que se imputan al diputado electo –señalaron sobre Bussi y ahora aplican a Patti– deben ser motivo de un proceso judicial porque todos los ciudadanos tienen la garantía del debido proceso”. “No hay una incapacidad de derecho para las personas que hayan tenido una actuación histórica determinada ya que el impedimento deviene, necesariamente, de una condena judicial”, razonan.

Más allá de este análisis, la Corte no dice cuál sería el mecanismo para que el “damnificado” recupere su banca. “No es asunto nuestro”, respondió un alto funcionario del tribunal ante la consulta de este diario. En el caso de Patti la situación es compleja e inédita teniendo en cuenta que está preso desde noviembre del año pasado por decisión del juez federal de San Martín Alberto Suares Araujo, que le imputa graves violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado.

- La banca que venía reclamando Patti, la ocupa en la actualidad el gastronómico Dante Camaño, que ya no está alineado con el Paufe. El Código Electoral prevé que cuando un cargo de legislador queda vacante su reemplazante finaliza el mandato, pero no contempla un paso hacia atrás en la cadena de sucesión. Así lo explicó a Página/12 un alto funcionario de la justicia electoral. La pregunta que sobrevuela y que, en algún momento tendrá que responder la justicia, es si en definitiva al ex intendente de Escobar se lo puede considerar o no diputado. Si en la práctica no lo es, al menos hasta ahora, ¿se lo puede considerar como tal?

- Por lo pronto, el abogado de Patti, Silvio Duarte, anunció que hoy mismo se presentará para reclamar la libertad de su cliente ante el juez Suares Araujo con el argumento de que “siempre tuvo los fueros”, que como diputado le darían inmunidad de arresto, pero que “fueron desconocidos hasta el momento”. “Nosotros entendemos que con esto se terminó la discusión sobre la inmunidad”, dijo. El abogado de la familia de Muniz Barreto, Pablo Llonto, refutó: “Ese es un planteo absurdo, nosotros sostenemos que el fuero parlamentario protege a los legisladores por hechos que ocurren durante su mandato”. “La protección empezaría cuando asumió, pero él no asumió nunca”, enfatizó Llonto.

El debate sobre si Patti goza efectivamente o no de fueros protectores empezará en el juzgado de Suares Araujo pero podría ser derivado a la justicia electoral, según explican expertos en la materia. Por otro carril, además, el represor podría llegar a reclamar un resarcimiento económico por daño y/o por los sueldos que no cobró.

Hoy por hoy Patti está detenido en la cárcel de Marcos Paz. Suares Araujo lo procesó por los secuestros del ex diputado Muniz Barreto y su secretario Juan Fernández, el asesinato de Gastón Gonçalves, las desapariciones de Carlos Souto y Luis y Guillermo D’Amico y la detención de Osvaldo Arriosti. La Cámara de San Martín confirmó las imputaciones y la prisión preventiva, pero el expediente está lejos de llegar a un juicio oral y una sentencia, como exige la Corte si evitar que un legislador asuma se trata. Ahora el caso está en la Cámara de Casación.

Como ha ocurrido en todas las causas contra represores, la vigencia de las leyes de punto final y obediencia debida así como los indultos impidieron juzgarlos durante dos décadas. Recién cuando esos obstáculos fueron anulados se pudieron empezar reanudar los juicios. La falta de condena fruto de aquella situación fue uno de los planteos que los impugnadores de Patti y Bussi esgrimieron. Pero la mayoría de Sus Señorías no lo tuvo en cuenta. Para ellos, no hay excepción que valga.

Para la Corte “los riesgos futuros” de habilitar al Congreso a evaluar idoneidad de sus miembros “son demasiados”. “Sostener que existe un poder para rechazar el título a toda persona que viola la ética republicana puede tener consecuencias gravísimas para el mismo sistema que se dice proteger. Los que hoy se consideran satisfechos porque comparten el criterio de la mayoría, pueden ser afectados por esas decisiones cuando cambien las mayorías”, advierten en los fallos de Bussi y Patti. Y lo ponen en ejemplos: “una idea confusa en manos de una mayoría podría dar lugar a que una persona sea rechazada porque es anarquista, otra porque es socialista, otra porque se opone a un gobierno dictatorial, otra por motivos religiosos o de género”.

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