Antes de ingresar a la audiencia con la presidenta Cristina para un diálogo político más que operativo, las cuatro entidades agropecuarias que solicitaron el encuentro recibieron varias señales preventivas. El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, interlocutor relevante de los peticionantes, horas antes declaró que las retenciones a la exportación de soja y girasol no serán eliminadas, aunque hubo anuncios anteriores sobre reintegros y subsidios para pequeños productores, en un paquete de medidas sobre los que por ahora sólo se conocen los títulos. El ministro de Economía, Martín Lousteau, está ocupado por gestiones en Estados Unidos, aunque el secretario de Agricultura, Javier de Urquiza, sigue trabajando con los técnicos del ministerio en las propuestas oficiales, todavía sin terminar, aunque ya pasó la mitad de la tregua de treinta días. El más importante llamado de atención provino del ex presidente Néstor Kirchner, quien volvió a tomar la palabra en público, después de cuatro meses de gestiones privadas, esta vez en su nueva condición de titular (por ahora virtual) del PJ, en un mitin donde se reunieron ministros, gobernadores y sobre todo intendentes de la Federación Argentina de Municipios (FAM). Aunque el discurso propuso reiteradas convocatorias al amor, la pluralidad y la tolerancia, al referirse a los 21 días de conflicto con el campo confesó: “Me causó profundo dolor que los más favorecidos salieran a cortar rutas y a tirar comidas de los argentinos”, además de puntualizar que “ése no es un signo de fortaleza sino de intolerancia”. Expresó la esperanza de que medidas similares no volverán a repetirse, luego de establecer las diferencias de estos piquetes con los que realizaban los que no tenían trabajo y eran excluidos sociales. Es fácil entender que el Gobierno y su principal partido miran con mucho disgusto la posibilidad de un nuevo lockout.

Tampoco los dirigentes del lockout parecen dispuestos a intentarlo de nuevo, no sólo por la confrontación con el Gobierno, sino porque han recibido críticas de sus propios aliados políticos y mediáticos, además de un manifiesto movimiento interno, en sus cuadros medios y bases, que se abrieron de la disciplina orgánica para buscar su propio camino, bajo el membrete de “autoconvocados”. Por otra parte, si bien la prensa internacional dedicó espacios importantes al conflicto –con el consiguiente desgaste para la imagen gubernamental–, los productores de alimentos están en la picota, porque los aumentos internacionales de precios de ese tipo de commodities fueron denunciados esta semana por el Banco Mundial y las Naciones Unidas como un factor central que perjudica la lucha mundial contra la pobreza y aumenta la desnutrición de poblaciones enormes. Las imágenes de carnes, frutas y hortalizas arrojadas a las rutas, que el jueves criticó Kirchner, fueron reprochadas también con severidad por la opinión predominante en esos organismos internacionales, cuyos expertos prevén una caída de los precios mundiales recién para el año 2015. Por ahora, el diálogo iniciado ayer con la Presidenta continuará el lunes con el jefe de Gabinete en busca de un programa de consenso.

Aunque no toda la inflación puede adjudicarse al desabastecimiento provocado por el lockout –por ejemplo, los aumentos de precios de los útiles escolares—, por lo menos abrieron las puertas a maniobras de especulación que, una vez más, no fueron previstas o no pudieron ser impedidas por los contralores del comercio interior. Aparte de los malhumores fogoneados por malas intenciones que buscan polarizar las opiniones a favor y en contra de la presidenta Cristina con propósitos políticos –la “polarización premeditada”, según la clasificación del profesor Juan Gabriel Tokatlian (“La polarización, un arma peligrosa”, La Nación, 10/4/08)–, existe un descontento perceptible en los rumores de la calle. Son esos ruidos los que alentaron a núcleos de la oposición para reunirse ayer en Córdoba en busca de crear una alternativa con la vista puesta en las elecciones parciales del próximo año y en la actividad legislativa. La mayoría de los encuestadores opina que las subas y bajas de las opiniones públicas están lejos de cristalizarse en posiciones fijas, por lo que nadie puede elaborar estrategias por las estadísticas de ayer o de hoy.

Con esos recaudos a la vista, de todas maneras, oxigenaría el medio ambiente si el Gobierno asumiera algunas iniciativas contundentes y precisas a favor de la calidad de vida de la población menos favorecida y también de las clases medias. Sería tranquilizador que el control de precios alcanzara la eficacia real que desean los consumidores de las franjas medias, en lugar de los índices que se anuncian en nombre del Indec, cuyo resultado social presenta al Gobierno tratando de ocultar lo inocultable. La presidenta Cristina señaló varias veces en las últimas semanas que el 21 por ciento del IVA, fuente mayor de recaudación, lo pagan también los que menos tienen. ¿Habrá que resignarse a esa inequidad? A lo mejor, una rebaja del tributo para una canasta básica del consumo popular, equilibraría mejor las cargas y, de paso, cortaría a tiempo la comparación que ya se hace entre los aumentos salariales y la inflación disparada en el último mes y medio. Desde ya que la menor recaudación tendrá que ser compensada por algún impuesto adicional o a lo mejor nuevo, por ejemplo sobre algunas transacciones financieras o inmobiliarias a partir de determinados valores. En fin, es un tema para especialistas tributarios, pero desde un punto de vista social la redistribución de riquezas no puede ser confundida con voracidad fiscal para cerrar cuentas mal hechas o despilfarros del Estado.

Con frecuencia, el pensamiento oficialista es reacio a este tipo de razonamientos, porque supone una intención crítica que debe ser contestada, de inmediato, con una catarata de cifras macroeconómicas que arrojan saldos favorables: superávits gemelos, récord de reservas, nuevos empleos y otras de idéntico porte. Todas ellas son tan ciertas como las que señalan las asignaturas pendientes, que no son pocas y que, mientras subsistan, son tan válidas como las menciones positivas. Un proceso inflacionario sin control real regresará sobre sus pasos los avances logrados contra la pobreza y la exclusión, al menos en parte. Por otro lado, es una tendencia normal en las sociedades modernas a sostener la presión sobre las políticas públicas para mejorar siempre más los niveles de satisfacción, en especial cuando la mayoría de la población viene de situaciones críticas como las que pasó Argentina a comienzos del siglo XXI.

A veces, la “polarización instrumental” (Tokatlian) ataca asuntos de aspecto trivial pero que son funcionales en determinados ambientes. A modo de referencia, tal vez muchas mujeres quisieran tener a mano el número y diversidad de vestuario de la presidenta Cristina o, a lo mejor, muchas otras piensan que se trata de una exhibición inadecuada, más propia de una estrella del espectáculo. A Néstor lo criticaban por su supuesto desaliño y a Cristina por lo contrario, pero aun en este nivel de opiniones los líderes públicos suelen buscar un punto medio, sin resignar sus propios gustos y estilos, a sabiendas que nunca conformarán a todos. Lo hacen para desarmar las observaciones insidiosas porque, debidamente multiplicadas, actúan como el árbol que tapa el bosque.

El reciente viaje a París de la presidenta Cristina tuvo aspectos vistosos que a lo mejor llamaron más la atención mediática que el valor político del encuentro con el presidente Nicolás Sarkozy, un hombre de la derecha francesa, dado que ambos comparten el interés por el canje humanitario en Colombia, cuyo emblema es Ingrid Betancourt, pero a partir de ahí pudieron abordar otros aspectos de la relación bilateral. Otro conservador, esta vez norteamericano, Tom Shannon, cuarto hombre de la cancillería de Estados Unidos y encargado de las relaciones de la Casa Blanca con América latina, viajó a Buenos Aires para destacar las buenas relaciones con Argentina, pese a que los gobiernos “K” mantienen desacuerdos básicos con la orientación de George W. Bush. Para la diplomacia estadounidense, Brasil y Argentina, aunque no son aliados como Colombia, son interlocutores necesarios por su influencia en la región. Quizá la frivolidad, la mala fe o visiones cerradas sobre el quehacer diario, impidan apreciar, en la dimensión debida, este tipo de relaciones que la Presidenta cultiva con dedicación, convencida que es un camino, paralelo al compromiso de integración sudamericana, para reinstalar al país en el mundo globalizado, sin la imagen de la anarquía institucional y el default que hace apenas seis años identificaba a este extremo austral de Occidente.

Estas y otras relaciones tienen partidarios y detractores, como es lógico, por sus dimensiones ideológicas y políticas, pese a que algunas versiones siguen atadas a épocas pasadas del país y del mundo. Ciertos sectores, en especial desde la derecha pronorteamericana, criticaron de manera permanente las relaciones bilaterales con Hugo Chávez, de cuya amistad nunca renegaron los Kirchner, y hoy son los mismos que demandan que el Poder Ejecutivo intervenga para detener la nacionalización “bolivariana” de una siderúrgica donde la empresa Techint tiene importantes inversiones. Si Chávez permitiera una intromisión de sus amigos, por más que respete y valore sus opiniones, estaría adquiriendo el derecho a intervenir en los asuntos internos de Argentina: ¿Qué dirían en esa hipótesis los demandantes legítimos y los interesados en meter cuña en las relaciones bilaterales? ¿Para salvar algunas cuentas de la importante empresa Techint, Argentina tendría que adherir al “socialismo del siglo XXI” que auspicia el venezolano? ¿Quieren esto o sólo se trata de desacreditar los propósitos de unidad sudamericana, con pluralidad de opiniones como se mostraron en la última cumbre del Grupo Río, pero sin obligar a nadie a asumir la identidad del otro, amigo o contrario?

Nunca es fácil asumir las opiniones ajenas cuando no se acomodan al propio gusto. Acaba de pasar con el fallo de la Corte Suprema que le reconoce al ex comisario Patti su derecho a la banca de diputado que ganó en elecciones y perdió por votación de los legisladores. La Corte no es infalible –tampoco el Gobierno como lo reconoció Néstor Kirchner el jueves–, pero ha dado sobradas pruebas de su independencia de criterio y su honradez jurídica e intelectual. No puede ser que sus juicios sean buenos y válidos sólo cuando coinciden con las opiniones dominantes del progresismo, pero tampoco hay que aceptarlos a libro cerrado. Mientras existan recursos legales y legítimos para que el imputado en graves delitos de lesa humanidad no ocupe un lugar entre los representantes del pueblo, habrá que seguir litigando. De todos modos, conviene no olvidar que Patti –en prisión preventiva sin beneficio de excarcelación por ahora– llegó al Congreso por decisión de las urnas, las mismas que lo eligieron como intendente de Escobar, para no equivocarse: hay sectores de la sociedad que piensan diferente a los defensores de los derechos humanos y a lo mejor son un número más alto de lo que sería grato reconocer. Esta comprobación no es otra cosa que un incentivo para redoblar los esfuerzos para extender la comprensión de lo que significaron el terrorismo de Estado y sus verdugos para la vida nacional, en vez de pensar con autosatisfacción que la tarea ya está cumplida.

Cuando se aceptan las reglas de juego de la democracia, es preciso abandonar la dramatización de cada aspecto que haya que manifestar algún desacuerdo. Así como existen ciudadanos que votan por Patti, sin que eso los convierta en cómplices necesarios de los delitos que se le imputan, es válido que haya ciudadanos honestos y decentes que tengan opiniones críticas sobre los distintos soportes de noticias (gráfica, radio, televisión, etcétera), sin que por ello sean títeres de ningún poder en busca de “polarización premeditada”. Si la Corte y el Gobierno no lo son, tampoco la opinión mediática es infalible ni la crítica puede dañar la libertad de expresión, como si fuera patrimonio exclusivo de las empresas informativas en lugar de lo que es, un derecho constitucional para todos. Del mismo modo, hay opiniones discordantes sobre las repercusiones que puede tener un Observatorio de Medios promovidos por académicos disconformes con el nivel de los medios masivos, no sólo en el plano informativo sino también en el espectáculo, hasta el grado que algunos críticos llamaron a la iniciativa “ley mordaza”. Una exageración, equivalente a las que cometen aquellos gobernantes que reciben mal las opiniones de la SIP o de Adepa, entre otros voceros de las empresas mediáticas, las que en distintas oportunidades se han convertido en censores de tal o cual gobierno, el de Venezuela por ejemplo, o en observadores indiferentes ante varias repudiables dictaduras. Una democracia madura es la que tiene capacidad para tolerar las diferencias, respetar los consensos y escuchar los disensos, sin hacer de mayorías y minorías meros instrumentos de dominio o subordinación.