EL PAIS › OPINION

Financiamiento para una educación más justa

 Por Axel Rivas *

La Ley de Financiamiento Educativo, sancionada en diciembre de 2005, significó un enorme paso para la educación argentina. El monitoreo desarrollado por Cippec muestra que el porcentaje del Producto Bruto Interno (PBI) destinado a educación pasó de 4,1 por ciento en 2004 a 5,8 por ciento en 2008, sobrecumpliendo las metas establecidas en camino a 6 por ciento en 2010. El gasto educativo real (tomando la inflación confiable, no los datos del Indec desde 2007) había aumentado en 2008 (últimos datos disponibles) 70 por ciento frente a 1995 y 105 por ciento frente a 2002.

Estas cifras marcan un record histórico en el financiamiento educativo. Incluso se logró recuperar una parte significativa de la depreciación salarial docente iniciada en 1975. El salario docente de 2009 superó en 48,5 por ciento al de 1995, contabilizando la medida de inflación más confiable. En 2009 un docente de primaria con diez años de antigüedad que trabaja una jornada simple ganaba 2405 pesos de sueldo bruto en el promedio de las provincias.

Esto indica que vamos por una buena senda, pero todavía es necesario incrementar más la inversión educativa y el salario docente, para lograr niveles de dignidad laboral y dar un salto cualitativo que permita afrontar las políticas educativas de fondo. El camino trazado de prioridad en la inversión educativa debe continuar al menos diez años para lograr cambios educativos sustantivos.

En el horizonte, más allá de los avances logrados, persiste todavía un doble problema crucial con la desigualdad en la inversión educativa. Por un lado, la inequidad de los recursos fiscales provinciales hace que haya extremas diferencias en la inversión por alumno de las provincias, que van desde 10.600 pesos anuales en Tierra del Fuego a 1660 pesos en Salta. Por otra parte, las inmensas brechas sociales requieren nuevas formas de distribución de la oferta entre las escuelas, capaces de garantizar una justicia social educativa.

La posibilidad de discutir una nueva Ley de Financiamiento Educativo en 2010 (año de finalización de la anterior) se presenta como una oportunidad histórica para abordar estos dos desafíos estructurales. Frente a la desigualdad federal, es clave crear un fondo salarial nacional que unifique al Incentivo Docente y al Fondo Compensatorio y se distribuya con parámetros objetivos, beneficiando a las provincias con menos recursos fiscales que mayor esfuerzo realizan por financiar la educación. Jurisdicciones muy perjudicadas por el reparto de la coparticipación que destinan un muy alto porcentaje de su presupuesto a educación, como provincia de Buenos Aires o Santa Fe, serían ayudadas por este esquema. Así se lograría disminuir la enorme brecha salarial docente entre las provincias y equilibrar sus cuentas fiscales al mismo tiempo.

En el plano de las desigualdades sociales, la educación siempre depende de políticas que mejoren la distribución del ingreso, para no correr detrás de las brechas abismales de la estructura social. En el camino es crucial crear un fondo destinado al 25 por ciento de las escuelas que atienden a los sectores más pobres del país, capaz de dar un salto cualitativo frente a las políticas compensatorias existentes, que son necesarias pero insuficientes.

En primer lugar, el financiamiento será vital para crear escuelas y cargos docentes donde todavía no se garantiza el acceso al Nivel Inicial y Secundario. La Asignación Universal por Hijo ya es un incentivo poderoso para volver a la escuela en los sectores más excluidos y será necesario invertir rápido en muy buenas escuelas nuevas.

A su vez, con los recursos de una nueva Ley de Financiamiento Educativo sería recomendable asegurar la oferta de dos horas más de clase por día en el nivel primario, la distribución de computadoras a alumnos y docentes, la creación del cargo de referente de nuevas tecnologías, el pago de horas institucionales para los docentes y la creación masiva de cargos de tutores en la escuela secundaria. Implementar estas políticas estructurales para el 25 por ciento de los alumnos con mayores necesidades sociales significaría una verdadera revolución educativa, capaz de crear condiciones sustantivas de igualdad ante los cambiantes tiempos que vivimos.

Si se logra continuar priorizando la inversión educativa en los próximos diez años y se genera esta profunda redistribución de los recursos educativos entre las provincias y frente a las brechas sociales, es posible afianzar un modelo de país más justo en el largo plazo. En el Congreso de la Nación esta visión debería trascender cualquier discordia política. El derecho de millones de niños a tener un futuro digno escapa a toda trepidante necesidad de poder inmediata.

* Director del Programa de Educación de Cippec (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento).

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