El procesamiento de Mauricio Macri por las escuchas ilegales instala al jefe de Gobierno en la línea de derroteros que atravesaron varios gobernadores desde la vuelta a la democracia. En general, aquellos mandatarios que empezaron a ser eje de una investigación judicial se mantuvieron en el poder mientras pudieron, para continuar protegidos por los fueros. El análisis de los antecedentes demuestra que los que se fueron antes de tiempo lo hicieron porque –en medio de esos procesos judiciales– perdieron el apoyo mayoritario de legislaturas que terminaron impulsando un juicio político. Pese a que, de momento, el jefe de Gobierno porteño no está obligado a irse ni a pedir licencia, los analistas consultados por Página/12 advierten que ahora habrá que estar atentos a los movimientos de los legisladores y a la posible diáspora de su fuerza política. Desde 1983 se registra un promedio de casi un gobernador al año que dejó su cargo por muerte, por renuncia, por procesos de destitución impulsados por las Legislaturas locales o por intervención federal.

El porteño Aníbal Ibarra y Héctor Colazo, de Tierra del Fuego, son sólo dos casos de mandatarios destituidos por juicio político. Ibarra suele ser mencionado en estos días como contraejemplo de Macri: en medio de la investigación judicial por la masacre de Cromañón, el ex jefe de Gobierno porteño no llegó siquiera a estar imputado por la Justicia, pero terminó destituido por la Legislatura de la Ciudad, con un rol clave del macrismo. El 2 diciembre de 2005, la Sala Juzgadora de la Legislatura de Tierra del Fuego destituyó a Colazo por la retención indebida de fondos del municipio de Río Grande e irregularidades en la ejecución del presupuesto de 2004: también le prohibió ejercer cargos públicos e impulsó una denuncia penal. El proceso incluyó escenas que parecían de ficción, como la resistencia de Colazo, el mandato simultáneo de dos gobernadores, hasta que el Tribunal Superior de Justicia avaló finalmente el juicio político. Así como Ibarra había perdido la base de apoyo en la Legislatura, la Sala Juzgadora de Tierra del Fuego estaba controlada por los “manfredistas”, aliados al ultramenemista y ex gobernador Carlos Manfredotti, al que Colazo le había ganado en 2003. Lentamente, después de idas y vueltas, en la causa ahora un nuevo juez está llamando a declaraciones indagatorias.

Otro caso se registró en 2007 en La Rioja, con el gobernador Angel Maza. Tanto en ese caso como en los otros dos, cuando todo se pone negro aparecen en escena otros actores jugando en el terreno de las movedizas alianzas políticas. Es el caso de los vicegobernadores. Sucedió con Hugo Cóccaro y Colazo en Tierra del Fuego, también con Luis Beder Herrera y Maza en La Rioja: ambos terminaron alineados con la oposición. Jorge Telerman lo hizo en menor medida en la ciudad de Buenos Aires, pero, como los otros dos, apareció luego como candidato para suceder al desplazado jefe de Gobierno.

Rosendo Fraga, del Centro de Estudios para la Nueva Mayoría, analiza esa relación entre poderes Ejecutivos y Legislativos. En 2007, el Centro de Estudios elaboró una comparación de los gobernadores que dejaron sus mandatos antes de tiempo, entre 1983 y ese año: 31 en total, entre muertos, renunciados, intervenidos o destituidos, un dato que indica, dice Fraga, “cierto nivel de inestabilidad en las administraciones provinciales”. Pese a las diferencias, habría características comunes. “El punto claro es que los mandatarios pierden cuando dejan de tener el control de las Legislaturas –dice Fraga–. Por eso, ahora hay que ver si a Macri se le va a desarticular la trama de apoyo.” Y sobre todo, agrega, hay que observar los movimientos del peronismo. Recuerda que Ibarra perdió a un “peronista ibarrista” como Milcíades Peña y señala lo que sucedió en los dos últimos meses con Macri: los dos primeros legisladores que se fueron de su espacio fueron peronistas, Daniel Amoroso y Mónica Lubertino.

Del universo de gobernadores que dejaron el cargo antes de tiempo están los que murieron mientras ejercían, como Vicente Leonides Saadi, de Catamarca, en 1988. Aquellos que renunciaron para acceder a otro cargo, como Adolfo Rodríguez Saa, que dejó la gobernación puntana y llegó fugazmente a ser presidente tras la crisis de 2001, o Carlos Ruckauf, que pasó de gobernador bonaerense a ministro del presidente interino Eduardo Duhalde. Sin embargo, la lista más importante es la de los destituidos, sea por juicios políticos o por intervenciones federales.

En el primer grupo, los juzgados, están: en 1990, Ricardo Jaime del Val, de Santa Cruz, por sospechas en el manejo de fondos públicos; en 1999, Pedro Braillard Poccard, de Corrientes. En 2002, Alfredo Avelín, de San Juan, en medio de una crisis política; en 2005, Colazo, de Tierra Fuego; en 2006, Ibarra; en 2007, Maza, de La Rioja.

En el segundo, los intervenidos, figuran: en 1991, José Domato, en Tucumán; en 1991, Ramón Saadi, en Catamarca, después del crimen de María Soledad Morales; en 1991, Hugo Ricardo Manzini, en Corrientes; en 1993, Martín Lobo, en Santiago del Estero; en 1999, Hugo Rubén Pieré, nuevamente en Corrientes.

Otra intervención recayó sobre Santiago del Estero en 2004, cuando gobernaba Mercedes “Nina” Aragonés de Juárez. El espionaje ilegal se convirtió en uno de los factores que determinaron la intervención federal de la provincia, mientras una crisis institucional y política hacía temblar las bases del poder de los Juárez, con múltiples denuncias –que incluían hasta su participación en delitos de lesa humanidad previos al golpe de Estado–. Tras la intervención, ya sin los fueros que no le había quitado la Legislatura, quedaron detenidos Nina y Carlos Juárez, recientemente fallecido.

Un juicio político puede acelerarse por una causa penal, pero no es la única causa. Braillard Poccard había asumido en 1997 como gobernador de Corrientes, era hombre del Partido Nuevo, heredero en el cargo de Tato Romero Feris, que no estaba habilitado para la reelección. La Legislatura lo suspendió en 1999, la provincia adeudaba cuatro meses de sueldos a la administración pública; detrás de él suspendió al vicegobernador y luego a Romero Feris, que se mantenía en el poder como intendente de la estratégica capital. Se abrió una investigación en la Justicia contra los tres por “malversación de fondos públicos”, “violación de los deberes de funcionario público” e “instigación a la sedición”. Y en agosto, Romero Feris quedó detenido.

Muchas denuncias judiciales contra gobernadores u otras autoridades distritales son por corrupción. Pero entre esos casos es difícil encontrar mandatarios “procesados” en ejercicio de sus funciones, como es la situación de Macri: las causas que se abren a partir de denuncias de corrupción son largas, suelen empezar cuando todavía están en funciones pero terminan cuando ya no están.

El constitucionalista Eduardo Barcesat, en diálogo con Página/12, asegura que Macri “legalmente” no está obligado ni a renunciar ni a pedir licencia. Por el contrario, “los que están obligados a hacer algo son los legisladores: su función es ineludible porque la Constitución los habilita a abrir un juicio político cuando existe la comisión de un delito, no habla de condena. Y, si no lo hacen, pueden caer en la figura de encubrimiento”.

De todos modos, opina Barcesat, Macri debería alejarse de la función por una cuestión de “ética”, como lo hizo Eduardo Angeloz. El ex gobernador cordobés renunció en 1995 después de doce años de gestión y fue eje de una investigación por enriquecimiento ilícito, en el marco de la cual la Justicia pidió el desafuero para su indagatoria cuando él era senador, y el Congreso aceptó.