El pasado 4 de agosto se cumplieron seis meses del lanzamiento de la Policía Metropolitana (PM). Sin embargo, el objetivo de convertirse en una fuerza de seguridad de proximidad con la comunidad quedó muy lejos de cumplirse.

Nutrida con los peores agentes de la Policía Federal Argentina (PFA), fue asimilada por las tropelías pretéritas de sus jefes. Animada por sus vicios más agudos, cruje desde sus cimientos por la trascendencia escandalosa que cobró el procesamiento del jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri.

Tan inexperto como fascista, el líder del PRO creyó que la tranquilidad de los porteños se garantizaba con hombres pertrechados para dar garrotazos y descargas eléctricas a los pobres. Y ante los ojos de la sociedad, la imagen pública de la PM oscila entre la de un grupo de rugbiers listos para emprenderla a empellones en movilizaciones y una jauría de represores y coimeros desocupados dispuestos a reanudar sus tareas contra un pueblo que maduró mucho más que el partido que gobierna la ciudad.

Los hechos por todos conocidos redundaron en heridas profundas no sólo sobre el cuerpo, sino también sobre la gestión. Macri prometió más seguridad, pero bajo sus narices se montó una red de espionaje para perseguir opositores.

Así, terminaron presos Jorge “Fino” Palacios y el espía Ciro James. Y en vez de imprimirle a la fuerza un perfil más respetuoso de las instituciones, el propio ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, y el titular de la PM, Eugenio Burzaco, enviaron un grupo de uniformados a la ILEA en El Salvador, sindicada por organizaciones de derechos humanos como la nueva Escuela de las Américas, para capacitarse en cursos sobre Terrorismo, Control de Pasos Fronterizos y Trata de Personas, delitos que no le competen.

Con el mismo criterio, quisieron dotar a sus agentes con pistolas eléctricas Taser X26, condenadas por la ONU por ser elementos de tortura y prohibidas por la Justicia local. Y como bautismo de fuego, desalojaron a palazos a los vendedores ambulantes en Liniers, en medio de la noche, semanas atrás.

Para el macrismo, cada controversia por sus trastadas tributa a la malicia de una oposición empedernida que pone la ideología por encima de la inseguridad. Discípulos de los defensores de la última dictadura, suponen que las leyes, las instituciones que las sancionan y las acciones que se cometen para su respeto o su vulneración no son de derecha ni de izquierda. No casualmente, se empeñan por esconder en público su verdadera filiación política, como si les avergonzara admitirla.

De los 52 oficiales de más alto rango en la PM, 36 revistaron en fuerzas de seguridad entre 1976 y 1983. Además, 18 de ellos prestaron servicios en dependencias de la PFA en las que funcionaron Centros Clandestinos de Detención denunciados en la Conadep y un 17por ciento del total fueron pasados a disponibilidad en 2004.

Como si fuera poco, se publicó en el Boletín Oficial el último 29 de julio el nombramiento de Ricardo Cajal, ex comisario exonerado por su vinculación con los prostíbulos de San Telmo, como comisionado mayor de la PM. Y diez días después, su par Ricardo Simón fue detenido por investigadores de la Bonaerense que hallaron granadas en su casa durante un allanamiento en el marco de una causa por narcotráfico.

Agoniza, entonces, una policía que nunca tuvo buena raíz. Y es hora de asumirlo para hacer borrón y cuenta nueva.

Legislador por Encuentro Popular para la Victoria.