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En un fallo lleno de contradicciones y que exhibe su desconcierto, el juez Juan José Galeano atribuyó la organización del atentado contra la AMIA a “una mente diabólica” que, por su descripción y conocimientos de las mafias policiales, sería argentina pero que el magistrado no tiene identificada. En el texto se pide la captura internacional del ex ministro de Inteligencia de Teherán, pero al mismo tiempo no se culpa a Irán sino a “elementos radicalizados” de la revolución que se desarrolló en ese país. Tampoco es clara la acusación contra Hezbollah y ello derivó en que no se pidiera la captura de ningún integrante de esa fuerza libanesa. Además, Galeano admite de hecho que no se ha logrado establecer ni dónde se armó la camioneta ni quién fue el suicida ni cómo entró al país, algo que la SIDE dio por esclarecido hace apenas dos semanas. Para redondear, el magistrado establece una más que endeble –e incluso desopilante– vinculación entre la pista iraní y los policías bonaerenses que están sentados en el banquillo de los acusados en el juicio oral.
En primera instancia, la resolución del juez sintoniza poco con el intento de la SIDE de dar por terminado el caso en cuanto a la conexión internacional, echándole la culpa a Irán y a Hezbollah. Tampoco le viene bien a la CIA que colaboró con la SIDE y esperaba un fallo que le agregara un elemento adicional a la postura de Washington de enfrentar al llamado Eje del Mal, integrado por Irak y también Irán.
El gran problema del texto de Galeano es que no cuenta con pruebas nítidas. El magistrado siempre sostuvo que el atentado fue decidido en una reunión del Consejo Superior iraní del 14 de agosto de 1993, con la presencia de todo el gobierno de Teherán. Esta vez cambió hacia “elementos radicalizados de la revolución iraní”, o sea que se acusa a un sector que funcionaba dentro del gobierno de Teherán, no al conjunto. Esto es lo que explica que los fiscales, en sintonía con la investigación entregada por la SIDE, hayan pedido la captura del líder espiritual de Irán, Alí Jameini, y en cambio Galeano sólo aceptó la captura de un ministro.
Los pedidos de detención son únicamente para Alí Fallahijan, ministro de Inteligencia; Moshen Rabbani, supuestamente el que colaboró con el atentado en Buenos Aires, y dos correos diplomáticos, Barat Abadi y el diputado Alí Parvaresh, que no se entiende por qué son inculpados y se los diferencia de otros correos.
También la SIDE consideró en su informe final sobre el caso AMIA que el atentado fue perpetrado con mano de obra de Hezbollah, a la que consideró una organización fundamentalista y terrorista que actuó por orden de Teherán. El magistrado sólo pide información sobre una facción del Hezbollah, el Ansar Allah, y desoye los pedidos de detención para sus dirigentes.
Respecto de Hezbollah y del eventual suicida que menciona la SIDE en su informe, Galeano no lo da por probado y pide a El Líbano datos sobre Ibrahim Berro, Birru o Burru y toda su familia. También se le reclama al Paraguay que informe si ese hombre y otros varios, entre ellos Mohamad Tormos, Thormos, Termos o Turmus ingresaron a la Argentina.
Para rematar, en el punto XXII de sus resoluciones, Galeano le hace un pedido sugerente a la Corte Suprema de Justicia. Le dice que revea lo dispuesto en su oportunidad en cuanto a su eventual competencia. En otras palabras lo que sugiere es que la causa debe pasar a la Corte porque envuelve a diplomáticos y estados extranjeros. O sea que Galeano se quiere sacar la causa de encima.
El fallo de Galeano exhibe la dramática situación que existe en la causa AMIA. La investigación naufragó, especialmente por responsabilidad del gobierno que tuvo a su cargo la pesquisa al principio, el de Carlos Menem, que permitió que las fuerzas de seguridad miraran para otro lado y no hicieran nada para esclarecer el caso AMIA. Por supuesto, el magistradotambién corrió con responsabilidad porque admitió la situación y las dilaciones. Sin elementos concretos respecto de quienes actuaron en la Argentina, dónde se preparó la camioneta, cómo se consiguió el explosivo, la determinación de la conexión internacional se hizo imposible por falta de pruebas. Si no se encontró al autor material, no hay forma de encontrar al autor intelectual. Por ello, el fallo se basa en análisis políticos, informes de inteligencia y muy pocas evidencias.