La Comisión de Derechos Humanos de Diputados recibió ayer el testimonio de una veintena de “víctimas de la persecución política, la violencia y el abuso de poder” en Merlo, en el oeste del conurbano bonaerense. Militantes de distintas agrupaciones políticas, sociales, de derechos humanos y religiosas relataron cómo sufrieron “sistemáticas campañas de difamación pública”, “amenazas” y “aprietes de todo tipo” de parte del aparato político que comanda el intendente peronista Raúl Othacehé. La comisión legislativa enviará la versión taquigráfica de las denuncias al resto de los diputados nacionales, a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Según los relatos, el poder político de Merlo hostiga cualquier expresión política opositora o reclamos sociales. Hubo una seguidilla de testimonios de ex concejales de distintos partidos, que una vez electos sufrieron campañas de difamación pública, que siguieron con denuncias penales y la destitución para “limpiar” el Concejo Deliberante de opositores.

La docente María Fernanda Márquez y Fernando Aguirre –contaron– fueron destituidos con acusaciones falsas, que sólo se aclararon en la Justicia una vez que se terminaron sus mandatos como ediles. Horacio Cepeda, actual concejal de Libres del Sur (elegido en la lista de Nuevo Encuentro en 2009), fue destituido y repuesto en su banca por la Corte Suprema provincial y ahora está con prisión domiciliaria por un supuesto delito de “extorsión” que todavía se dirime en la Justicia de Morón.

Todos los testimonios apuntan a Othacehé, que gobierna Merlo desde 1991. En 2000, el ex senador radical y comerciante de Merlo Manuel De Armas se suicidó a lo bonzo frente a la gobernación bonaerense por “la persecución política y económica” de las autoridades municipales. Por entonces, Othacehé había pedido licencia para asumir como ministro de Gobierno del gobernador Carlos Ru-ckauf. Tras la crisis de 2001 y de vuelta en Merlo, “la patota” del intendente fue sindicada como la que golpeó salvajemente a una movilización de caceroleros que reclamaban por sus ahorros.

El párroco de Pontevedra, Miguel Velo, sufrió en carne propia amenazas y la difamación pública por denunciar la situación social de su barrio y la defensa de los obreros despedidos del ex frigorífico Cepa. En 2007, varios partidos y agrupaciones opositoras propusieron la candidatura a intendente del cura Raúl Vila y la consigna “Merlo tiene cura”. Vila vivió lo mismo que Vela, y ahora tiene abierta una causa penal, promovida por el municipio, “por supuesta administración fraudulenta”.