El camarista Renato Rabbi Baldi Cabanillas estuvo el lunes en el Consejo de la Magistratura. Entró y salió del despacho del vicepresidente Mario Fera, con quien compartió trabajo en las épocas de relatores de la Corte Suprema de Justicia. Rabbi Baldi viajó desde Salta para un congreso de jueces, pero pasó por el Consejo en medio de una semana complicada. La Comisión de Disciplina empezó a tratar una denuncia en su contra impulsada por la Procuración por el llamado que hizo a la Policía de Seguridad Aeronáutica (PSA) para pedirles que “tengan cuidado” en un allanamiento que debían hacer a la casa de su cuñado, buscado en Bahía Blanca en un juicio por delitos de lesa humanidad. La denuncia estuvo a punto de caerse del mapa el jueves pasado, cuando comenzó a tratarla la Comisión de Disciplina del Consejo: el senador radical Mario Cimadevilla presentó un pedido para que la desestimaran. Los consejeros del oficialismo se opusieron y lograron acuerdo de todas las partes, incluso Cimadevilla. Por el momento la decisión quedó en suspenso y empezó lo que se llama etapa de recolección de pruebas.

Rabbi Baldi es presidente de la Cámara Federal de Salta. Y desde hace tiempo la Unidad de Coordinación de las causas de lesa humanidad de la Procuración lo cuestiona porque con sus decisiones avaló durante años la inacción de la Justicia Federal de Jujuy, que frenó las denuncias de investigaciones de las causas de la dictadura. En este caso, la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura analiza un expediente por otro tema: el llamado que hizo a la PSA para “que allanen con cuidado” la casa de Alejandro Osvaldo Marjanov, buscado por la Justicia de Bahía Blanca. Si se abre la etapa de pruebas, unas y otras denuncias podrían conectarse.

La semana pasada, Mario “Cuto” Moreno frenó la desestimación y abrió esta etapa que continuará en la reunión de la Comisión prevista para el jueves próximo. Hernán Ordiales y Stella Maris Córdoba acompañaron, pero las fuentes aclaran que también hubo acuerdo claro de todas las partes. “Técnicamente se suspendió la decisión para poder incorporar y evaluar nuevos elementos probatorios”, dijo a Página/12 uno de los consejeros explicando además que tuvo en cuenta que el magistrado es cuestionado por los organismos de derechos humanos. A partir de ahora, cualquier consejero puede pedir de oficio nuevas medidas de prueba que a la vez entraran en el fragor del debate porque deberán ser aprobadas por toda la Comisión.

Entre esas pruebas, hay voluntad de sumar las que tiene la Procuración.

Cuando Rabbi Baldi hizo el llamado, los fiscales de Bahía Blanca hicieron una denuncia penal. La denuncia quedó radicada en Jujuy y el fiscal local Domingo Batule la desestimó, pero la Unidad a cargo de Jorge Auat inició un expediente administrativo.

El caso impacta sobre Carlos Olivera Pastor, el juez subrogante que tuvo en sus manos durante los últimos años las causas de lesa humanidad que no avanzaron en Jujuy hasta que renunció y que fueron avaladas por los fallos de la Cámara Federal de Salta. Los fiscales de Bahía Blanca imputaron en esa causa a Olivera Pastor como la persona que le pasó la información a Rabbi Baldi. “Fue el principal protector del juez Carlos Olivera Pastor”, dijo en algún momento Pablo Parenti, segundo de la Unidad. Y es un hombre cuestionado además porque pasó a formar parte de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, no sólo integrada por históricos procesistas sino que entre sus miembros está el empresario Pedro Blaquier, investigado en Jujuy. Rabbi Baldi debería evaluar las causas que lo involucran.