El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, adelantó ayer que el nuevo índice de precios al consumidor, con mediciones a nivel nacional, podrá estar en vigencia para el cuarto trimestre de este año. “Ya hay un proceso en marcha y el FMI está enterado de eso. Estamos previendo ponerlo en vigencia para fines de este año, en el último trimestre, un nuevo índice que reemplazará al IPC Gran Buenos Aires, que es el que supuestamente tiene tantos problemas para el Fondo”, declaró ayer el titular del Palacio de Hacienda a un canal de noticias.

Pese a que los criterios de confección de este nuevo índice habían sido discutidos y compatibilizados con organismos técnicos pertenecientes al FMI, el directorio de este último se pronunció en contra de las estadísticas elaboradas bajo la anterior metodología sin esperar la puesta en vigencia del nuevo modelo de medición de precios.

Una de las varias limitaciones que arrastra el índice de precios al consumidor que elabora el Indec es que la muestra que realiza abarca exclusivamente comercios y otras fuentes de la ciudad de Buenos Aires y los partidos del conurbano. De ese modo, no refleja lo que sucede en el resto del país. Hasta hace unos años, el Indec publicaba también los indicadores de precios que confeccionaban algunos organismos provinciales de estadísticas, pero luego se consideró que su diseño era incompatible con el del Indec, y por lo tanto no comparables.

El IPC a nivel nacional, sobre el que se viene trabajando hace no menos de tres años, vendría a resolver al menos ese aspecto de la controversia. Quienes han trabajado en su confección aseguran además que los criterios de medición y evaluación de las muestras son compatibles con las técnicas más reconocidas a nivel mundial, corroboradas incluso con los cuerpos técnicos del Fondo Monetario Internacional. De allí la sorpresa, a nivel de especialistas, por la postura de condena adoptada por el directorio del organismo en base a los cuestionamientos del anterior índice sin esperar a ver en funcionamiento el de reemplazo.

“Es una sanción contra el país por no hacer lo que el FMI quiere, es el ánimo que está detrás del informe del Fondo”, refirió ayer Lorenzino en relación a la declaración de censura contra la Argentina por la falta de confiabilidad en sus índices de precios al consumidor y de evolución del PBI.