El juez Norberto Oyarbide se aprestaba a rechazar al cierre de esta edición los pedidos de excarcelación de Sergio y Pablo Schoklender y del contador de Sueños Compartidos, Alejandro Gotkin. El fiscal Jorge Di Lello se había opuesto a la excarcelación con el argumento de que ya se está cerca de un eventual juicio oral y, por lo tanto, ante la elevada expectativa de pena, hay peligro de fuga. Ayer, por otra parte, se conoció un cronograma de citaciones del juez. Hebe de Bonafini deberá declarar como testigo el 26 de febrero y el 5 de abril fue citada para ser indagada la ex ministra de Economía Felisa Miceli. Sergio Schoklender la habría acusado de haber estado a cargo de algunos actos administrativos, pero Miceli nunca firmó un cheque, nunca hizo ninguna gestión ante un banco ni verificó balances. Revistaba en el Centro de Estudios Económicos y en la Universidad de Madres.

Oyarbide salió de su domicilio por la mañana y dialogó con los periodistas que lo esperaban en la puerta. Reveló que los Schoklender manejaron 1126 millones de pesos y en ese marco les imputó los delitos de asociación ilícita, defraudación y evasión. Hoy en día la mayoría de los juristas cuestionan la asociación ilícita como delito: ayer mismo, el integrante de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni explicó en Radio Del Plata que le parece que es inconstitucional. “Si cuatro personas se emborrachan y deciden formar una asociación para robar un banco, no puede considerarse delito. Al día siguiente ni volvieron a hablar del tema, cuando se les pasó la borrachera. En cambio sí será delito si roban el banco o si hacen reales planes para asaltarlo. La asociación ilícita como delito no me parece constitucional. Igual lo estudiaremos en la reforma del Código Penal, tal vez se pueda admitir para delitos gravísimos, como los de lesa humanidad.”

El fiscal Jorge Di Lello –en diálogo con este diario– explicó:. “Los Schoklender tenían que construir casas. Si construyeron todas las que tenían que construir, si lo hicieron con la calidad comprometida, se está estudiando en otro expediente. Lo que es cierto es que se enriquecieron, que no pagaron las cargas sociales de miles y miles de empleados y que los fondos fueron desviados a sus patrimonios: eso explica cómo vivían, los autos, los aviones, los inmuebles. Su nivel de vida estaba a la vista y el dinero provenía de la defraudación contra la Fundación Madres de Plaza de Mayo”.

Respecto de las excarcelaciones, Oyarbide se apoyó en que los Schoklender tardaron en presentarse en la primera detención y que se llevaron documentación en aquel entonces. Di Lello le agregó el hecho de que el juicio oral está cerca y la pena puede ser alta, por lo cual se incrementó el pedido de fuga.

La declaración de Bonafini había sido pedida hace tiempo. El fiscal ya ha dicho que es obvio que ella no participó de la defraudación, que no mejoró su forma de vida ni incrementó su patrimonio. Es posible que testifique sobre algunos de los desmanejos de los hermanos.

Respecto de Miceli, todo indica que la indagatoria responde a la acusación formulada por Sergio Schoklender en una de las tantas ampliaciones que le presentó al juez. En ellas le echó la culpa de los balances de la Fundación. La ex ministra es licenciada en Economía, lo que le impide firmar balances. Pero, además, nunca fue apoderada ni tuvo acceso a las cuentas bancarias de la Fundación. Tampoco en el caso de Miceli se verificó un crecimiento patrimonial o que haya derivado cheques a su patrimonio, como ocurrió con Schoklender.