EL PAIS › MUCHAS CAUSAS POR HECHOS DE CORRUPCION EN LOS NOVENTA SE ENCUENTRAN CERCA DE LA PRESCRIPCION

Todo es cuestión de tener un poco de paciencia

Entre apelaciones y pases entre tribunales, muchas causas de corrupción del menemismo se encuentran en el limbo y a punto de prescribir. En los tribunales orales lo justifican en que la prioridad está en otros expedientes.

 Por Irina Hauser

La cuenta en Suiza de Carlos Menem que llenó páginas y páginas de diarios una década atrás podría volver a ser noticia para el escándalo. No ya por el éxito de la investigación, sino porque el caso está al borde de prescribir, o sea, de extinguirse con un sobreseimiento por obra del paso del tiempo. Lo que hace el asunto más curioso es que el expediente llegó a un tribunal oral hace mucho, casi seis años. Pero el de Menem no es un caso suelto: igual que otros que datan más o menos de la misma época, como el del enriquecimiento ilícito del ex secretario presidencial Alberto Kohan, las contrataciones truchas del ex titular del PAMI Víctor Alderete, hasta los que destaparon fraudes de los bancos Central y Medefin, se caracterizan por pasar largas temporadas en el limbo, entre apelaciones y tribunales que se declaran colapsados y piden que otro se haga cargo.

Algunos nombres ya suenan a prehistoria política y rostros de ancianos, pero siguen ahí, en papeles amarillos de tribunales, porque vienen de tiempos en que poco estaba informatizado. Muchos de ellos aparecieron todos juntos en una resolución de la Cámara de Casación Penal de diciembre último que pasó inadvertida, pero que pinta el estado de las cosas: Casación ordenó mudar en bloque dieciocho causas, varias de corrupción de la década del noventa, desde el Tribunal Oral Federal N0 1 (TOF1) hacia otro tribunal, el Federal 4 (TOF4). Lo hizo a pedido de los jueces del TOF1, que alegaron que los expedientes estaban en riesgo “de prescribir”, pero que ellos debían iniciar un juicio de gran envergadura, el de los crímenes del Plan Cóndor (de las dictaduras del Cono Sur), que durará más de dos años. Los jueces del TOF4 también dicen que están cargados con otros juicios, algunos de derechos humanos. Por eso Casación empezó a convocar como suplentes –pocos aceptan– a jueces de los treinta tribunales orales de Capital Federal, que considera que tienen “una gran capacidad ociosa”.

Salta a la vista que algo no funciona. Se supone que cuando un caso llega a juicio oral es porque entró en la recta final, la de las definiciones. En su último relevamiento de casos de corrupción, el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) concluyó que los expedientes tramitan en promedio 11 años, de los cuales algo más de seis se van en la etapa investigativa de instrucción y el resto (entre cuatro y seis años) en la fase de juicio oral, donde en ocasiones se llega al colmo de repetir casi toda la pesquisa original.

Basurero

El TOF4 recibió la herencia con un malestar que estalló cuando, al hacer la lista de causas nuevas, advirtió que había algunas elevadas a juicio oral hace cinco, seis y hasta siete años. La que concierne a Menem, por una variante de enriquecimiento ilícito que consiste en ocultar parte de sus bienes en la declaración jurada, no es una causa compleja, pero sigue con “instrucción suplementaria”, una especie de segunda investigación. Si el juicio oral no se hace en los próximos meses, la causa es candidata a autodestruirse, con lo que el riojano será exculpado. El mismo pronóstico se aplica para la acusación contra Kohan por el aumento en un 300 por ciento de su patrimonio en sus diez años de gestión.

También viene con las medidas de prueba rezagadas la causa sobre una defraudación millonaria en la liquidación del banco Medefin, contra una veintena de banqueros, entre ellos el ex titular del Central, Pedro Pou, quien falleció sin pasar por el banquillo. En 2009 fue elevado a juicio el ex ministro de Economía Domingo Cavallo por negociaciones incompatibles en el Megacanje, el canje de bonos de la deuda que benefició a un grupo de bancos e incrementó el endeudamiento externo. En el mismo tribunal espera ser juzgado el ex jefe de la Federal Roberto Giacomino por contrataciones de empresas de parientes y amigos. La lista sigue, y se le suman otros viejos casos, que ya tenía el mismo TOF4 desde antes, autobautizado “el basurero de las causas del menemismo”. Tendrá que juzgar los sobresueldos que pagaba el gobierno de Menem, donde están imputados María Julia Alsogaray, Cavallo, Jorge Rodríguez y Raúl Granillo Ocampo.

Cifras y razones

En el Fuero Federal porteño hay seis tribunales orales, de tres jueces cada uno. Se crearon dos más, pero el concurso viene demorado. La Cámara de Casación maneja estadísticas que usa para evaluar a qué tribunal hay que descomprimir. El segundo semestre del año pasado, el TOF1 tenía 420 causas en trámite, cuatro por delitos de lesa humanidad e hizo dos juicios. En el TOF2 la relación fue: 455 causas, tres de lesa humanidad, tres juicios. En el TOF3: 423 causas, una de lesa humanidad, cinco juicios. En el TOF4: 476 causas, tres de lesa humanidad, cuatro juicios. TOF5: 297 causas, cinco de lesa humanidad, cinco juicios. TOF6: 316 causas, cuatro de lesa humanidad, seis juicios.

Estos tribunales abarcan casos de narcotráfico, de falsificación de documentos y violación a la ley de marcas. Algunos tienden a resolverse con juicios abreviados y probation. La gran muletilla con que se excusan los jueces –a veces con pudor– por las demoras en expedientes de corrupción es “la complejidad de los juicios por crímenes dictatoriales”, que además son prioridad por definición de la Corte Suprema. Sin embargo, es conocida la parsimonia con que algunos tribunales, como el TOF5, se han tomado al menos hasta hace un tiempo.

“Estamos colapsados. Privilegiamos las causas donde hay detenidos con preventiva, pero también las de derechos humanos; a eso hay que agregar que los abogados se la pasan haciendo planteos (dilatorios), recusan, piden peritajes, pruebas nuevas. Nosotros el año pasado tuvimos que hacer un juicio contra Claudia Bello y otras cuatro personas (por la publicidad del efecto Y2K), llevó como seis meses, con treinta testigos”, trató de ilustrar Adrián Grunberg, uno de los jueces del TOF1.

Es cierto que la reapertura de las causas por violaciones a los derechos humanos –después de la anulación de las leyes de impunidad en 2005– produjo un cambio de escenario, por la magnitud e implicancia de los juicios. Pero la realidad es que muchas de las causas contra ex funcionarios que están en vías de caducar llegaron antes a los tribunales orales. Tampoco desde el Poder Judicial ni el Ministerio Público se diseñó una estrategia para evitar la saturación y las prescripciones.

Así lo ve la jueza María Roqueta, del TOF6, quien advierte que “los jueces terminamos haciendo la política criminal”. “Como Estado, tenemos que mostrar que se sigue con la persecución penal, pero es común que se incumpla con la celeridad de un plazo razonable por las características del sistema, y que los defensores juegan a la prescripción”, señala. Roqueta alienta una reforma procesal que les otorgue a los fiscales el llamado “principio de oportunidad”, es decir, que decidan con criterio en qué concentrar el esfuerzo: ¿en los chicos que venden CD truchos? ¿En el que tiene un poquito de marihuana? ¿En las grandes defraudaciones al Estado? ¿En los crímenes dictatoriales?

El TOF6 terminó el año pasado el juicio sobre apropiación de hijos de desaparecidos. Este mes tuvo que hacer contra reloj un juicio por peculado contra María Julia Alsogaray que prescribía. En paralelo, realiza el primer juicio contra ex funcionarios y empresarios por el beneficio otorgado a una firma italiana en las obras de Yacyretá con reintegros que eran para la industria argentina. El mismo TOF acumula desde hace nueve años todas las causas contra el ex titular del PAMI Víctor Alderete. Tiene 19 expedientes por administración fraudulenta: todas irregularidades en contrataciones. Si prescribe uno, es altamente probable que caigan todos.

También por riesgo de prescripción, el TOF6 puso fecha de juicio para agosto a dos policías acusados de “vejámenes” el 20 de diciembre de 2001. Pero el juicio por los homicidios –por los que aún se discute la responsabilidad del ex presidente De la Rúa– se posterga una y otra vez.

En el TOF2, que hizo el juicio por los crímenes en los centros clandestinos Atlético, Banco y Olimpo, no tienen muchos casos de corrupción: tramitan un expediente chico contra Cavallo, condenaron al ex funcionario menemista Jorge Castro a un año y medio de prisión y pusieron una pena muy elevada (cuatro años de cárcel) a la ex ministra Felisa Miceli en la causa de la bolsa. Como no está apremiado, tendrá que hacer el juicio por la tragedia de Once, al que el TOF1 renunció. También tienen pendiente el del encubrimiento del atentado a la AMIA, demorado con recursos de las defensas. En el TOF5 está concentrado en el megajuicio de la ESMA.

Plazo razonable

El TOF3, que ahora tiene el juicio de las coimas en el Senado, cerró por prescripción la causa IBM-Anses sobre sobornos en la instalación de un sistema informático, de 1996. Así, se salvaron once imputados por la garantía de “plazo razonable”, que estipula que ningún juicio debería durar más de doce años, un planteo recurrente en estos juicios y que este tribunal “admite cada vez más”, dice la fiscal Sabrina Namer. El derrotero de esta causa pinta la estrategia de desgaste que se repite en casi todas: la instrucción duró una década, hubo 36 indagatorias, 150 testigos, dos peritajes contables y uno informático, tres procesamientos, 45 apelaciones, 16 recursos de casación, 11 quejas, cinco recursos ante la Corte. Tras la elevación a juicio se formaron 18 incidentes, hubo 16 recursos de apelación, ocho de casación, cinco recursos de queja y cinco extraordinarios.

En el estudio de causas del Cipce del año pasado, de 21 expedientes 15 habían llegado a etapa de juicio, pero nueve no habían tenido resolución, y además de IBM-Anses fueron declarados prescriptos el enriquecimiento de Emir Yoma y un fraude millonario en la privatización de Tandanor.

Hubo un tiempo en que todo el mundo daba por hecho que algunos actos jurídicos, como la indagatoria, interrumpían el conteo del plazo de prescripción, que se corresponde con la pena máxima prevista para un delito. La Sala II de la Cámara de Casación, sin embargo, viene estableciendo, en casos poco conocidos, que no hay interrupciones desde el hecho hasta la sentencia. En ese tribunal superior, que si bien no ha sentado políticas específicas, va trazando algunos lineamientos, reconocen que ni ellos ni ningún otro tribunal se ocupa de evaluar el rendimiento y los criterios de los tribunales orales. En un rapto de sinceramiento, un juez de los TOF, uno de los más viejos, se sinceró: “Tal como están las cosas, en las causas de corrupción terminamos dando un indulto encubierto”.

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Carlos Menem, Alberto Kohan, Domingo Cavallo y Víctor Alderete, beneficiados por la lentitud de la Justicia.
Imagen: DyN/ Arnaldo Pampillón/ Télam/ DyN
 
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