Pasada la medianoche, al cierre de esta edición, la Cámara de Diputados se proponía comenzar el debate –que se prolongaría durante la madrugada– sobre el último de los proyectos que el Gobierno envió al Congreso para “democratizar la Justicia”: el ingreso democrático e igualitario de personal al Poder Judicial y al Ministerio Público de la Nación a través de concursos públicos. El kirchnerismo y sus aliados confiaban en alcanzar los votos necesarios para transformar en ley la iniciativa que completa el paquete de proyectos con que el Ejecutivo busca alcanzar ese objetivo.

Para eso, el oficialismo debía ratificar esta madrugada los cambios que el Senado introdujo a la media sanción de la Cámara baja, a partir de sugerencias que hizo llegar la Corte Suprema al Parlamento y que aceptó el Ejecutivo. Entre las modificaciones que realizó la Cámara alta, figura la concesión al reclamo de los magistrados del fuero federal de poder continuar con la designación directa, y ahora en forma “excepcional”, de los cargos de relator de cámara y secretario privado de primera instancia, aunque estos agentes “no podrán ser promovidos a planta permanente en forma definitiva”. El juez también podrá designar en forma directa dos cargos letrados, pero en las mismas condiciones que los anteriores.

Otra de las modificaciones fue descentralizar los concursos públicos para la designación de todos los cargos a la Justicia, que de acuerdo con el texto original del proyecto iban a estar en manos del Consejo de la Magistratura. Los cambios ahora establecen que la Corte Suprema se encargará de los concursos para el ingreso de personal (desde un empleado hasta un secretario) al Poder Judicial; la Procuraduría hará lo mismo para los distintos cargos en el Ministerio Público Fiscal, de igual modo lo resolverá por su parte la Defensoría, mientras que el Consejo de la Magistratura tendrá a cargo sólo los concursos de su propio personal.

De conseguir la aprobación de esta última iniciativa, el oficialismo parlamentario habrá cumplido con el objetivo de transformar en leyes los seis proyectos que el Ejecutivo envió al Congreso en busca de “democratizar el Poder Judicial”. Las otras iniciativas que ya fueron sancionadas por el Congreso son la reforma al Consejo de la Magistratura y la elección popular de sus integrantes en representación de los jueces, abogados y académicos; las limitaciones a las medidas cautelares contra del Estado; la creación de tres nuevas Cámaras de Casación en los fueros Contencioso Administrativo, Civil y Comercial y Laboral; la publicación en Internet de las declaraciones juradas de los funcionarios de los tres poderes, incluidos los jueces, y la obligación de publicar en Internet las resoluciones y fallos de la Corte Suprema y de los tribunales superiores del fuero federal.