El inicio de un juicio político al fiscal de instrucción José María Campagnoli desató una ola de reacciones en el Poder Judicial y entre legisladores de la oposición, que hasta hicieron una denuncia penal contra el jurado que decidió suspenderlo. En la Procuración General sostienen que hay una “fuerte desinformación” y “un aprovechamiento político del caso”, con una “desmedida campaña de presión hacia el Tribunal de Enjuiciamiento”. En esos términos describe la situación Andrea Pochak, la secretaria letrada de la Procuración, quien precisa cómo el mismo procedimiento bajo las mismas reglas se aplica desde hace quince años. Explica las razones de la acusación y niega que a Campagnoli se lo haya sumariado por querer investigar el caso de Lázaro Báez, sino por no investigar del modo que debía.

–Desde que asumió la procuradora, éstas fueron las primeras actuaciones que se generaron con una denuncia formal. Esta gestión les da a las cuestiones disciplinarias mucha importancia, es necesaria una rendición de cuentas. Los fiscales son inamovibles, pero tienen la obligación de tener un buen desempeño en sus funciones y hay un procedimiento para determinar si un fiscal cometió o no una irregularidad. En esta gestión, cuando hay una denuncia, se investiga.

–Sí, todas. Muchas son formuladas por los abogados de los imputados, a veces son maniobras de la defensa, pero la Procuración no es ingenua. Nada de eso significa que no haya que darles trámite.

–Lo que no logro entender es cuál sería el beneficio que encontrarían los imputados por esto. La causa Báez propiamente dicha está en el fuero federal. Las actuaciones disciplinarias no impactan en el caso Báez. Tampoco tiene impacto en la causa la decisión de haberle quitado a Campagnoli la subrogancia de la fiscalía Nº 10. Cuando la Procuración decidió retirarle esa subrogancia, la causa ya estaba en el fuero federal porque la fiscalía 10 había sido declarada incompetente. En este sumario disciplinario no se discute la validez de las pruebas. Sería bueno que las pruebas recogidas sean consideradas válidas, lo único que queremos es que se llegue a la verdad de cualquier crimen y sobre todo de uno de criminalidad económica. Parte de las críticas que le hacemos al fiscal tienen que ver con posibles irregularidades que generó en el trámite de las causas. El primer cargo que se le imputa a Campagnoli es el de violar su deber de investigar.

–Porque no extremó recaudos para investigar seriamente. Solicitaba medidas que difundía en los medios antes de que se produzcan. En el expediente está acreditado que el mismo día que disponía las medidas se las daba a conocer a la prensa. El mismo reconoce que un grupo de legisladores de la oposición, como Graciela Ocaña y Manuel Garrido, también el fiscal federal Guillermo Marijuán, y algún periodista de Perfil, podían tener copia de su dictamen. Así lo denuncia incluso Martín Arias Duval, el director de Migraciones, que dijo que se enteró por el diario que le iban a allanar su dependencia. Arias Duval se preguntaba, además, “¿Cómo me va a allanar a mí si yo ya contesté todo lo que me preguntaba?” Acá no hay un fiscal sancionado o culpable. Campagnoli hoy es inocente y tiene todo para defenderse en un juicio. El Tribunal de Enjuiciamiento fue unánime acerca de que había que abrir el juicio. Un paso antes, el tribunal evaluador tuvo una sola disidencia, que sólo planteaba que había que hacer un sumario previo al jury, pero los cinco fiscales fueron unánimes en cuanto a la gravedad del tema. Hay una fuerte desinformación, hay un fuerte aprovechamiento político del caso Campagnoli por cierto sector y hay una desmedida campaña de presión hacia el Tribunal de Enjuiciamiento.

–Las actuaciones disciplinarias pueden ser entendidas como presión por los fiscales, claro. La propia procuradora lo sabe porque tuvo sumarios abiertos que se referían a sus dictámenes en causas emblemáticas en el fuero comercial y respondían al interés de los afectados, como en la causa por la fusión Cablevisión-Multicanal. Los sumarios son peligrosos. Pero es importante aclarar en qué consiste un procedimiento disciplinario. No hay de parte de la Procuración un prejuzgamiento, sino un deber de transparentar y poner esto en manos de un Tribunal de Enjuiciamiento, que es el único que puede decidir si hay razones para destituir.

–El régimen disciplinario del Ministerio Público está regulado por una ley orgánica que tiene quince años y por un reglamento del Tribunal de Enjuiciamiento. Son las mismas reglas vigentes de hace años y se aplicaron en otros casos. El jurado no pertenece a la Procuración General; está conformado por siete integrantes, ninguno elegido por la procuradora, hay sólo un fiscal y una defensora designados por sorteo, hay un representante del Poder Ejecutivo, uno del Senado, uno de la Corte y dos del estamento de abogados, elegidos por sus propios pares.

–El procedimiento ya se utilizó en muchas oportunidades y fue avalado por la Corte Suprema. Otros fiscales recurrieron, pero además siempre lo hicieron una vez que terminó el procedimiento, no en el medio.

–La suspensión no es un castigo anticipado, pretende mantener la calidad del servicio de justicia que se presta. Es una medida cautelar.

–No, ninguno.

–Se contó con toda la información necesaria para una causa disciplinaria y todos los elementos para una acusación. Campagnoli hizo descargos, tuvo oportunidad de presentar pruebas y todo lo que quiso, resoluciones judiciales, dictámenes. En el juicio podrá aportar todas las pruebas necesarias. Insisto, no se lo acusa por investigar, sino por dejar de investigar o hacerlo mal. Uno de los cargos es cambiar el objeto de una investigación, que inicialmente era por administración fraudulenta y en la que tenía por imputado a (el financista) Federico Elaskar.

–El formula una denuncia después de un programa de Jorge Lanata (en el que Elaskar y Leonardo Fariña dicen que sacaron del país 55 millones de euros de Lázaro Báez); la hace el 16 de abril, dos días después del programa televisivo, como titular de la fiscalía de Saavedra y de la unidad de delitos de Autor Desconocido. Esa denuncia cae en el juzgado de Rodolfo Cresseri. El 17 de abril se declara incompetente por tratarse de lavado de dinero, que corresponde al fuero federal, y le remite todo al juez federal Sebastián Casanello. En ese momento recupera la causa de 2012 que tenía en la fiscalía 10, con Elaskar identificado como autor.

–La Cámara dijo que es incompetente y que él sobreactuó. Le cuestionó la duplicación en la investigación. El tenía que investigar un delito de 2012. ¿Qué hizo con ese delito? ¿Lo investigó? Hay un delito impune. O no hay explicación de por qué Elaskar se convirtió en víctima, y si lo era, por qué Campagnoli no lo llamó a declaración testimonial. Hay elementos contundentes que llevan a pensar que hay un posible mal desempeño. El otro cargo es abuso de poder. Todo fiscal tiene una fuerte herramienta, que es promover la acción penal. El poder punitivo es grave, el fiscal no tiene un cheque en blanco, y nosotros advertimos un abuso de poder. ¿Qué diríamos si un fiscal de Misiones o Santiago del Estero se pone a investigar un delito de corrupción federal o de lavado? Que no corresponde.

–Las interpretaciones que se hagan en el juicio. Otra cosa que denota abuso de poder es que a Campagnoli se le confió una unidad fiscal importante, la de delitos de Autor Desconocido, que intenta revertir los altos índices de impunidad. Y él le dio facultades para actuar en causas que no eran de autor desconocido, generando un desvío de recursos.

–Un fiscal no puede enfrentarse a una decisión de la procuradora alegando un complot con hipótesis falaces. Los términos que usó para pedir que revirtiera la subrogancia fueron prepotentes y de virulencia inédita. Los fiscales forman parte de una institución. Pero cuando Gils Carbó lo acusa no lo hace en función de un ataque personal, que afectaría su objetividad. Lo que ve es una violación de deberes funcionales. Queremos que haya un juicio justo con todas las garantías del debido proceso.

–Sí. La denuncia por abuso de poder y discriminación contra los vecinos fue presentada por el diputado Leonardo Grosso en el marco de la Campaña contra la Violencia Institucional. Se acompañan testimonios de víctimas mediante un video. Se le corrió traslado al fiscal para que efectúe su descargo. Tiene plazo hasta la semana que viene para presentarlo.