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La norma que Diputados aprobó en horario insalubre se llama Ley de Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo. Para una cultura política inclinada a la discusión nominalista, es un rótulo demasiado largo y plagado de mayúsculas. No es ése, desde ya, el motivo que levantó furibundas reacciones de la oposición y de un sector vip del empresariado. Se acusa a la nueva ley (LNL, en adelante, para abreviar) de ser dirigista, chavista, inconstitucional y varias plagas más.

Las grandes corporaciones empresarias anunciaron que se aprestan a plantear judicialmente un sinfín de inconstitucionalidades. En el sistema legal argentino, a grandes trazos que admiten excepciones, las inconstitucionalidades se deducen en casos determinados y sólo son aplicables al pleito en cuestión. Frente a LNL cabría hacerlo si medidas concretas del Gobierno vulneraran el derecho de propiedad de las empresas. No es, en el orden de las hipótesis, imposible que así suceda. Tampoco está dado de antemano.

La herramienta no es novedad en la Argentina ni en el mundo. Númenes empresarios como el titular de la UIA, Héctor Méndez, o el de la Sociedad Rural, Luis Etchevehere, vaticinan confiscaciones y otras demasías. Claman que las multas que deberán pagar como requisito previo a reclamos contra las sanciones estatales llevarán a la bancarrota a muchas empresas. La reseña de lo sucedido en los últimos años no los ayuda. No hay una larga nómina de establecimientos quebrados por la voracidad sancionatoria del Estado. Ni un listado de confiscaciones en “Argenzuela”. Su número más bien ronda el cero, lo que explica por qué no hablan de experiencias concretas.

Personas sagaces y hasta taimadas como los ya mentados o el diputado José Ignacio de Mendiguren saben que tal espada de Damocles no pende sobre sus testas. Los escuece la intervención estatal en sí misma y muy en especial una perspectiva: que “alguien” explore su documentación, sus libros, sus escalas de costos. Sea el Estado, sean eventualmente asociaciones de consumidores. Hasta podrían ser los sindicatos si no estuvieran, en su mayoría, tan anquilosados y engordados tras una década de avances que no incluyeron su modernización.

La transparencia es una demanda genuina, que la derecha real malversa direccionándola exclusivamente al Estado y obturándola cuando juega de local.

Siempre esclarece ampliar la mira, trascender el corralito de la última ley o la semana que pasó. Vale evocar la furia azuzada por un proyecto de ley de participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas, hace un tiempito. Ni siquiera sujetos de mentalidades cerriles como Méndez o Etchevehere podían tacharla de inconstitucional porque es cabalmente al revés. El derecho está consagrado en el añejo artículo 14 bis de la Carta Magna y pendiente de implementación legal. De cualquier modo, la réplica fue un anticipo de lo que se vio en estas semanas: profecías sobre quebrantos, fuga de inversiones. Hasta jugaron el comodín de la inseguridad jurídica, argumento un poco exótico cuando se trataba de darle vida a un mandato constitucional.

Una fracción mínima de la rabia, interpreta este cronista, tenía que ver con ceder, en casos muy específicos, una tajada de sus réditos. Pero el “anticipo ofensivo” de las patronales aspiraba a cerrar el paso al derecho a la información de laburantes y gremios. La consigna fue y es “no pasarán”: no correrán el velo de oscuridad sobre patrimonios, movidas, evasiones fiscales, dividendos, remesas de divisas.

Retomemos: los abusos de funcionarios están en el inventario de lo virtual posible, para esos supuestos los damnificados podrán acudir a tribunales y fueros corpos-friendly. A eso se apoda “Justicia” lo que sería una ampulosa licencia poética si fuera poético.

En cambio, es un dato cotidiano que las empresas burlan las leyes, evaden impuestos y cargas sociales, abusan de su poder respecto de los consumidores y de otros integrantes de la cadena de producción. La experiencia cotidiana de cualquier persona de a pie encadena cambios de precios, de condiciones, alteraciones de contratos de adhesión siempre en detrimento de sus derechos. Los bancos, las empresas de telefonía, las prepagas tienen las marcas record, pero nadie se priva. En eso no hay que aguzar la imaginación o el catastrofismo. No hay virtualidad o contingencias imaginarias sino costumbrismo.

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“Pyme, no existís”: Las falacias o los sofismas son parte constitutiva de las polémicas, imposible obviarlos del todo. Claro que para todo hay un límite o un tope que en estas comarcas se saltean en demasía. Las diatribas de los medios dominantes, la dirigencia opositora y los grandes conglomerados empresarios confundieron la parte por el todo. Se arrogaron la exclusividad del estamento que integran. Se ne fregaron de las pequeñas y medianas empresas aunque se valen de ellas como subterfugio para travestir las propias reivindicaciones.

Se habló y escribió de la oposición de “las empresas” a la LNL, llegándose al extremo de apodarla “ley antiempresas”. Hubo, empero, asociaciones de pymes que se pronunciaron a favor de la norma, publicando costosas solicitadas en los diarios que ningunearon su mensaje. O lo borraron del mapa, tout court.

Puede asumirse que el tamaño importa en ciertas áreas de la vida social. Que los poderosos sojuzgan a los de menos porte, en tantos escenarios. Pero es el colmo decretar la

inexistencia de otras posturas, expresivas de la diferencia de intereses. “Pyme, no existís” vociferan desde la tribuna de doctrina y zonas de influencia.

Curiosa cultura política la “neo republicana”. Aboga por los consensos, pero excluye de la mesa de discusión al oficialismo, que ha sido mayoría o primera minoría con un piso del tercio del electorado desde 2003. Propugna el diálogo, acaso como única acción o promesa de un futuro gobierno, pero no escucha ni registra las réplicas, ni siquiera las del estamento que integra.

En el camino al dictado de LNL el kirchnerismo reescribió el texto, tomando críticas de la oposición fáctica y política. El titular de la Cámara Argentina de Comercio, Carlos de la Vega, reconoció que se introdujeron no menos de diez modificaciones que “atenuaron” la ley, en un reportaje publicado ayer en La Nación. Bienvenida la sinceridad, aunque sea una excepción. De eso, en tendencia, tampoco se habla.

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Una agenda con proyecciones: El proyecto de Presupuesto entró al Congreso. En sus años más prósperos, los gobiernos kirchneristas subestimaban las previsiones de crecimiento y de ingresos para disponer de un “colchón” a reasignar. La coyuntura es distinta, sería un logro alcanzar las metas previstas para el PBI y la inflación.

El Frente para la Victoria (FpV) deberá esmerarse para congregar los apoyos necesarios, en particular en Diputados, la Cámara iniciadora. Las tratativas por la Ley de Hidrocarburos seguramente serán determinantes para motivar algunos votos de legisladores de las provincias concernidas.

Requirió mucho trabajo, mechado con concesiones mutuas, el acuerdo entre la Nación, YPF y las provincias que integran la Organización Federal de los Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi). El consiguiente proyecto de ley será tratado pronto, será crucial en los años por venir. La producción energética es clave para la recuperación económica y para mitigar la escasez de divisas.

La reestatización de YPF, entre otras derivaciones, rediseñó el mapa político y económico nacional. Las provincias de la Ofephi cuentan con un diferencial favorable respecto de las demás. Acaso San Juan, beneficiaria de otra actividad extractiva (la minería), queda en un rango similar. Por lo demás, la actividad energética ya es un impulso notable para las economías regionales. Baste decir que en Mendoza, hoy día, aporta mucho más al PBI que la vitivinicultura, que sólo resiste merced a fuertes subsidios.

Se va articulando, con lógicas tensiones, un nuevo esquema de relación entre el Estado nacional y las provincias.

El potencial relativo es muy variado. Neuquén, donde finca la parte del león del yacimiento de Vaca Muerta, es la provincia que tiene la prospectiva más auspiciosa, aunque no garantizada ni exenta de ripios. Subsiste, gobernando ininterrumpidamente desde 1983, el Movimiento Popular Neuquino (MPN), una fuerza con una historia y perduración únicas. La tradición de lucha de su población, la capacidad de gobierno del MPN trazan un cuadro interesante. Siempre es aconsejable leer notas de la politóloga María Esperanza Casullo, que es de esos pagos, describiendo el sistema político de esa provincia.

La oposición política ya anticipa sus reproches a la norma en prospecto, envuelta en la bandera del federalismo. Si de los correligionarios radicales se trata, vale la pena recordar cómo funcionó el federalismo real durante el gobierno de la Alianza. En aquella edad dorada,las provincias emitían cuasi monedas con las que fingían pagar sueldos a empleados estatales y proveedores. Lo hacían tarde y mal, para redondear un sistema espantoso. Los gobernadores, se supone, tenían más poder relativo respecto de la Casa Rosada. No les servía para mucho, ni siquiera para sobrevivir. Comparar etapas es un ejercicio interesante si se tiene un cachito de memoria.

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Moyano aprieta el freno: No hay fuertes motivaciones para ensalzar a la dirigencia política, a granel. De la empresaria, algo se expresó líneas arriba. Si advertimos la fragmentación del sindicalismo y los desempeños de la mayoría de sus líderes se puede insinuar un diagnóstico sobre un mal crónico: la crisis dirigencial autóctona está expandida por doquier.

El secretario general de la CGT opositora, Hugo Moyano, no las tiene todas consigo. El paro general del 28 de agosto fue descripto en éxtasis por la vulgata opositora, un esfuerzo propagandístico difícil de compartir. El Negro Moyano ese mismo día fue más cauto que sus novedosos apologistas. Ni la convocatoria fue tan rotunda ni él pudo conducir a sus aliados contingentes.

La izquierda clasista, la CTA opositora que conduce Pablo Micheli y Luis Barrionuevo tienen algo en común. Se juntan con Moyano, pero no reconocen su autoridad o mando. Cada cual atiende su juego, que abarca la “unidad en la acción”, sin resignar las propias premisas.

El líder camionero, aunque su CGT esté menguada, es quien dispone de mayor poderío. Es imprescindible su concurso para cualquier medida de fuerza concertada, también es quien tiene más para perder. Los piquetes de la huelga de abril lo fastidiaron, las ansias protagónicas de Barrionuevo y Micheli también. Lo que piensa sobre los zurdos es rejunado.

Las declaraciones agresivas de Luisito son el jalón más cercano, para nada exclusivo. Son como huellas digitales: revelan su identidad y lo denuncian. Moyano despotrica puertas adentro contra las provocaciones y rumia cuáles son sus futuros pasos.

Escalar con planes de lucha, propiciar movilizaciones con aliados que lo detestan y sueñan con hacerle sombra no son un horizonte fascinante. Por eso, Moyano se dedica a algo exótico a su estilo: frena. O, si usted prefiere, para la pelota, ahora que es presidente del Rojo.

La inacción, contra lo que pregonaba el rabino de Praga imaginado por Borges, no es la cordura. Moyano está forzado a promover alguna movida o dos antes de fin de año. Su dilema es que el tablero lo fuerza a hacerlo mientras sus compañeros de ruta le complican la existencia. Diferir resoluciones, acortar el calendario es un rebusque, dentro de lo escaso disponible.

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Los meses cálidos: Llega la primavera, los hábitos nacionales insinúan que el último trimestre será cálido. El año viene pintando como el más difícil de la larga era kirchnerista. La recesión, la inflación, la restricción externa están en el centro de la escena. El conflicto con los fondos buitre es sustancial para el futuro argentino, pero no explica todas las dificultades de la etapa. Tampoco bastan para hacerlo los obstáculos interpuestos por rivales políticos o corporaciones ávidas carentes de sensibilidad social. Repensar el “modelo” es un desafío para el oficialismo, que al unísono articula respuestas reparadoras y contracíclicas para amortiguar los efectos sociales de la crisis.

La gobernabilidad y la previsibilidad, altas para los parámetros existentes desde 1983, son un pilar desde 2003. El oficialismo tiene el deber y la tarea de sostenerlos. Las variadas vertientes opositoras, anche las fácticas, no se caracterizan por ofrecer alternativas ni propuestas.

En octubre se elige nueva presidenta en Brasil, una votación que incidirá en el futuro del vecindario y de nuestro país. Una victoria de Dilma Rousseff sería una buena nueva para el auspicioso proceso que se vivió, con avatares surtidos, en este Sur. Una derrota propagaría sus consecuencias más allá de los límites de la potencia regional. El futuro depende sólo en parte de los propios desempeños, en un mundo cada vez más interdependiente.

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