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Hace poco más de nueve meses, Uruguay dio la sorpresa en la región: su Cámara de Diputados votaba la media sanción de un proyecto de ley muy liberal que despenaliza el aborto hasta la semana 12ª de gestación. Actualmente, la iniciativa se encuentra en estudio en la Comisión de Salud del Senado, donde es muy posible que se apruebe un dictamen que habilite su tratamiento en el recinto. De sancionarse, Uruguay se convertiría en el primer país de Sudamérica en legalizar el aborto. En diálogo con Página/12, la presidenta de la Comisión de la Mujer de la intendencia de Montevideo y una senadora del Frente Amplio explicaron las claves que permitieron el avance legislativo del proyecto.
“La estrategia que se siguió fue la de la dura realidad: cada vez más mujeres de sectores pobres se mueren o quedan con lesiones graves por recurrir a procedimientos sin ningún tipo de seguridad para interrumpir un embarazo”, indicó la senadora Mónica Xavier. Y destacó: “Fue fundamental la alianza entre las organizaciones que trabajan con la salud reproductiva y los médicos que se enfrentan diariamente a estos cuadros, cuyo compromiso con el tema fue muy importante, especialmente el de los profesionales del Hospital Materno-Infantil de Referencia Pereyra Rossell”.
El proyecto recibió media sanción el 10 de diciembre último, con una ajustada votación (47 a 40) y luego de tres maratónicas sesiones de debate. Tuvo apoyo de legisladores de todos los partidos, con excepción de los del Partido Blanco. Además de establecer que “toda mujer tiene derecho a decidir sobre la interrupción de su embarazo en las primeras 12 semanas de gravidez”, autoriza el aborto cuando el embarazo implique “un grave riesgo para la salud de la mujer o se verifique un proceso patológico, que provoque malformaciones congénitas incompatibles con la vida extrauterina”. Paralelamente, el proyecto obliga al Estado a entregar gratuitamente anticonceptivos y a brindar educación sexual en las escuelas.
“El proyecto fue una iniciativa conjunta, avalada y consensuada entre la Comisión de Equidad y Género de Diputados, la bancada femenina, formada por legisladoras de todos los partidos, y el movimiento de mujeres”, recordó Mariela Mazzotti, presidenta de la Comisión de la Mujer de Montevideo. Para instalar en la opinión pública la necesidad de despenalizar el aborto, el movimiento de mujeres hizo una campaña de recolección de firmas “calificadas”. “No se privilegió la cantidad sino la calidad de las firmas. Se buscó el compromiso de personalidades de distintos ámbitos. Firmaron titulares de cátedras de Medicina, incluso la propia decana de la facultad, y también el decano de Psicología, funcionarios de alto rango del Ministerio de Salud de la Nación, directivos de hospitales, profesionales”, enumeró Mazzotti. El avance de la iniciativa en la Cámara de Diputados uruguaya tuvo que sortear la férrea oposición de la Iglesia Católica, que para presionar a los legisladores les llegó a enviar a cada uno un video que mostraba una operación de aborto de un feto casi a punto de nacer, es decir, mucho mayor que el que permitiría esta ley.
El proyecto establece que:
u Las menores de 18 años, además de su consentimiento, deberán acompañar el permiso de uno de sus progenitores, tutores o responsables legales. De no ser posible, podrán recurrir a la Justicia para conseguir la autorización, que deberá estar antes de los 5 días de su solicitud.
u Todos los hospitales, tanto públicos como privados, están obligados a realizar la operación gratis a sus beneficiarias.
u Se contempla la objeción de conciencia. Los profesionales tendrán un plazo de 30 días desde la promulgación de la ley para manifestar en las instituciones en las que trabajen, pero los centros deben garantizar que haya médicos que practiquen abortos.
u Podrán beneficiarse con la ley sólo las ciudadanas uruguayas y aquellas que acrediten al menos un año de residencia en el país vecino.
El proyecto avanzó con el si-guiente lema: “Educación para prevenir, anticonceptivos para no abortar, legalizar para no morir”. El eje no estuvo puesto en la despenalización del aborto, sino en la importancia de los derechos sexuales y reproductivos, explicó Mazzotti. Actualmente el proyecto está en debate en la Comisión de Salud del Senado, por donde ya han desfilado para dar su opinión especialistas en obstetricia, psicología y derecho penal, civil e internacional. No hay un plazo previsto para su votación en la comisión, pero –según aclaró Xavier– es posible que sea aprobado para que pase la discusión al recinto. Allí, todavía su futuro es incierto: “En todos los partidos hay posiciones a favor y en contra, pero hay receptividad positiva para tratarlo”, señaló Mazzotti. Los impulsores prefieren que se discuta en lo que queda de 2003, ya que el próximo es un año electoral en Uruguay y seguramente la campaña presidencial obstaculizará un debate tan polémico. “Por el bien del proyecto sería conveniente no contaminarlo con otras temáticas, pero de todas formas, si no se trata este año, vamos a impulsar su tratamiento el próximo”, aclaró Xavier.