Para el director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Gastón Chillier, el principal problema del sistema de Inteligencia nacional es la “autonomía del poder político y del Poder Judicial” que logró desarrollar desde el inicio de la democracia. “La política cedió la obligación de controlar”, explicó en diálogo con Página/12 para fundamentar el crecimiento del “monstruo incontrolable”, como llamó a la Inteligencia. En ese sentido, elogió el proyecto de reforma de la ley 25.520 que consiguió media sanción en el Senado tras haber sido modificado en varios de sus aspectos a partir de aportes realizados por el organismo que él integra, entre otros. “Todas estas modificaciones apuntan a erradicar las razones que hicieron que llegáramos aquí con un sistema de Inteligencia descontrolado”, reconoció.

–Evaluamos desde la comparación entre la ley que nos rige hoy y el proyecto original enviado por el Ejecutivo, y entre ése y el que obtuvo media sanción. En ambos casos hay avances significativos que tratan de resolver el problema de fondo que implica el sistema de Inteligencia, que es su absoluta autonomía tanto del poder político como del Poder Judicial y, a partir de ella, el establecimiento de relaciones promiscuas con ellos. Esto se crió a lo largo de los 30 años de democracia, incluso en los últimos diez, con la puesta en vigencia de la ley de Inteligencia que rige hoy.

–La media sanción de la ley por un lado limita o le quita la capacidad de investigación a la futura Agencia Federal de Inteligencia, le quita las intervenciones telefónicas, genera criterios más claros para a clasificación de información y establece un término de 15 años para la desclasificación, cuando actualmente no había término en absoluto. Abre la posibilidad a que cualquier ciudadano con un interés legítimo pueda solicitar la desclasificación de información elaborada por esa agencia y establece la creación de un mecanismo que resolverá cuando esas peticiones sean rechazadas. Actualmente esa decisión está en manos sólo del presidente. Y en relación con esa cuestión sensible para el sistema de Inteligencia nacional, que es el registro y el control de los gastos que hace, el proyecto con media sanción invirtió el principio de la reserva y, por el contrario, fija la publicidad de esos datos a excepción de aquellos cuya reserva sea una necesidad para la investigación. Es cierto que aún falta definir y precisar mucho más esa excepción y establecer mecanismos más específicos para lograr el registro aún de los gastos que requieran reserva. Todavía se puede trabajar y mejorar ahí. Todas estas modificaciones apuntan a erradicar las razones que hicieron que llegáramos aquí con un sistema de Inteligencia descontrolado. Las modificaciones aplicadas al texto de ley mejoran los controles sobre esa área del Estado.

–Por un lado aclara y mejora esta cuestión, ya que prohíbe que la AFI se relacione con jueces y fiscales como “auxiliar de Justicia” sin control alguno, lo cual acabó condicionando a la Justicia ante la Inteligencia. En la media sanción, salvo casos muy excepcionales como terrorismo, ciberdelito, trata de personas y otros, la AFI necesita de una orden judicial fundada para intervenir. Pero además, y esto es muy relevante, las acciones de intervención que esa agencia haga deberán, luego, rendir cuentas ante la Justicia según las mismas reglas procesales que cualquier otra fuerza de seguridad, cosa que hoy no sucede. De hecho, gran parte de la prueba que se elabora a través de actividades de inteligencia es ilegal, no cumple con las garantías procesales requeridas. En muchos casos, eso derivó en otros problemas, como por ejemplo la desviación de investigaciones. De acuerdo con este proyecto de ley con media sanción, no sólo se requerirá una resolución fundada para actuar, sino que además se deberán dar explicaciones en base al Código Procesal Penal.

Creo que el funcionamiento de la comisión bicameral se puede mejorar en la reglamentación, sí. Es cierto que esa comisión, tanto cuando tuvo mayoría oficialista como cuando estuvo en manos de la oposición, no ejerció control en absoluto. Y parte de eso tiene que ver con una cultura política de no controlar a la Inteligencia. Aun cuando las dificultades con la reserva de los fondos y la ausencia o deficiencia de los registros volvían difícil el control, cuando había decisión. Creo que la política cedió la facultad, la obligación de controlar. Para muestra basta un ejemplo: la semana que viene se lleva adelante el juicio oral contra el ex jefe de la Armada Jorge Godoy y otros ex jerarcas de esa fuerza por realizar espionaje ilegal en la base Almirante Zar, en Trelew. Esa práctica, el espionaje, era estructural y por eso el ex jefe de la Armada deberá dar explicaciones a la Justicia. Sin embargo, a pesar de la gravedad de esa causa, en la que quedó demostrado que la fuerza espiaba a políticos, sindicalistas, referentes de organismos de derechos humanos, en ninguna ocasión la comisión se interesó por indagar qué pasó, por discutir soluciones políticas que evitaran de ahí en más la repetición de tales prácticas. Las instituciones, como el Congreso y el Poder Judicial, cedieron y decidieron no controlar a la Inteligencia. Hay una responsabilidad de la política, entonces, en la transformación del sistema de Inteligencia en un monstruo incontrolable. Esta media sanción, en ese sentido, es muy importante porque significa un avance muy significativo. La reglamentación y la implementación serán fundamentales para poder llevarlo a cabo.

–Hay una cuestión que hay que analizar: lo que emergió con la muerte trágica del fiscal (Alberto) Nisman y el vínculo de la Inteligencia en su actividad laboral, así como ejemplos anteriores, como lo fue la denuncia grave de la utilización de fondos reservados de la ex SIDE para comprar la aprobación de la ley de reforma laboral (N. de R.: el ex presidente Fernando de la Rúa, el ex titular de la ex SIDE Fernando de Santibáñes, otros ex funcionarios del gobierno de la Alianza y ex senadores justicialistas de aquella época fueron absueltos por la Justicia), o el uso de fondos de Inteligencia para comprar el testimonio de Carlos Telleldín y encubrir el atentado a la AMIA deberían ser llamados de atención para toda la clase política sobre el riesgo que implica tener una relación con las agencias de Inteligencia que no estén mediadas por la legalidad y los controles. Así como dijimos que el tema era demasiado sensible de una manera apurada, nos parece incomprensible que la oposición no haya querido participar en los debates y no haya asumido la responsabilidad de mejorar el proyecto presentado por el Ejecutivo, de discutir. Si uno mira la versión original y la aprobada, hubo cambios estructurales en todos los temas que trataba la ley, con lo que quedó claro que no era un proyecto a tratarse a libro cerrado. Lo que preocupa es el mensaje: quienes se niegan a debatir se sienten contentos y cómodos con el statu quo, con la ley actual de Inteligencia, lo cual es un mensaje complicado para ofrecer a la sociedad que, esperemos, estén a tiempo de revertir. Todavía pueden participar del debate en la Cámara de Diputados.