[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Desde ayer, a las 22.30, la provincia ha dejado de ser –al menos en las causas por violaciones a los derechos humanos– un territorio donde la impunidad protegía a los genocidas. Finalmente el juez federal Jorge Parache dictó la prisión preventiva a los represores Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez. La causa por las que permanecerán detenidos es el secuestro, desaparición y posterior asesinato en 1976 del senador provincial del PJ Guillermo Vargas Aignasse. Seguramente el holster que le colocaron a Bussi, por un episodio de presión alta que sufrió el martes por la noche, debe estar marcando por estas horas el acelerado latir de su corazón. Tal vez el anciano general no lo sepa, pero el feroz ritmo de sus latidos tiene que ver con que por fin la Justicia ha comenzado a funcionar en este destruido jardín subtropical.
“Hay pruebas suficientes para procesarlos”, aseguró a Página/12 el secretario del juez Parache, Norberto Veliz mientras sostenía en sus manos el extenso expediente de la causa Vargas Aignasse. El funcionario judicial, con parsimonia leyó los cargos contra Bussi y Menéndez:
u Privación ilegítima de la libertad de Guillermo Vargas Aignasse.
u Homicidio calificado con ensañamiento y alevosía.
u Concurso premeditado de más de dos personas para ocultar el delito o asegurar su resultado.
u Apremios ilegales y tortura previa.
u Violación de domicilio y allanamiento ilegal
u Asociación ilícita en concurso real.
Además de esta media docena de cargos, el juez trabó un embargo a cada uno de los reos de 1,2 millones de pesos.
Mientras se daba a conocer la nómina de delitos, en las escalinatas de los tribunales federales, una decena de militantes de H.I.J.O.S. festejaban la noticia. Apenas una hora antes había concluido una marcha convocada por los organismos de derechos humanos para repudiar el Día de la Vergüenza Nacional, tal como denominaron al 29 de octubre de 1995 cuando Bussi asumió como gobernador constitucional de Tucumán. Los bombos y los gritos de alegría retumbaron en el casi vacío edificio judicial.
Parache trabajó todo el día. Comenzó la redacción final de su dictamen a las seis de la mañana cuando se reunió con Veliz. Necesitaron cincuenta y dos fojas para explicar los fundamentos –que no trascendieron a la prensa– por los que ambos represores quedarán detenidos. Por ahora Menéndez permanecerá en Córdoba donde la Justicia de esa provincia también lo reclama por delitos de lesa humanidad. Bussi, en tanto, continuará en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, ese donde funcionó uno de los 33 centros de exterminio que poblaron Tucumán desde 1975 hasta bien entrada la dictadura militar. El lugar le debe haber traído muchos recuerdos. Es donde, según el testimonio de varios sobrevivientes, el genocida solía llegar por las noches acompañado de sus cómplices para presidir una macabra ceremonia que consistía en asesinar personalmente de un disparo en la cabeza a los detenidos desaparecidos. Posteriormente, los cuerpos eran calcinados en un descampado de la guarnición militar.
Con esta resolución se esfumó la esperanza del represor de poder asumir la intendencia capitalina, ceremonia prevista para hoy a las 11. En su lugar, paradojas de la historia, la concejala y presidenta del Concejo Deliberante, Carolina Vargas Aignasse se hará cargo interinamente del puesto. El padre de la funcionaria, Rodolfo, es el hermano del senador desaparecido y el querellante de la causa por la que el militar permanecerá preso.
Ayer, durante toda la tarde el abogado de Bussi, Pablo Calvetti, esperó pacientemente alguna novedad sentado en su estudio, ubicado a escasos 50metros de los tribunales federales. “Acá estoy che. Aburrido esperando”, aseguró en varias oportunidades a este diario. Seguramente debió haber estado recordando cuando el domingo por la noche, luego de confirmado el triunfo de Fuerza Republicana en los comicios para elegir legisladores nacionales, cantó a voz en cuello junto al resto de los militantes del partido una consigna contra el juez de la causa: “Parache, Parache, dejate de joder, si no soltás a Bussi, vas a desaparecer”. El cántico, si es que así puede llamárselo, fue reproducido por varias radios locales.
Enterado de la novedad, Calvetti se comunicó con Bussi. Según el abogado, el genocida tomó con tranquilidad la noticia. “Bueno, es hora de librar la madre de las batallas que es demostrar mi inocencia. Voy a contar toda la verdad de la historia de la década de los setenta”, le dijo Bussi a su defensor. De ser cierto, sería la primera vez que el represor se animará a dar la cara. Mientras tanto, Calvetti aseguró que solicitarán el juicio político contra Parache por entender que existe una relación de parentesco con la familia Vargas Aignasse.
“Los progresistas nos están robando la municipalidad”, agregó Calvetti sobre el puesto de intendente que Bussi acaba de perder. “Ahora que este caos institucional lo arreglen (José) Alperovich, (Julio) Miranda, (Néstor) Kirchner y Parache. Que ellos manejen el municipio”, insistió el abogado casi gritando desde su teléfono celular.
Durante la mañana de hoy, el reo será notificado de la decisión del juez. Por primera vez en casi 30 años el genocida sentirá en su propio cuerpo que la impunidad le está dejando el lugar a la Justicia.