Cristina Caamaño es fiscal, fue funcionaria del Ministerio de Seguridad cuando lo administraba Nilda Garré y, desde hace algunos meses, está a cargo de la Dirección General de Apoyo Técnico a las investigaciones penales de la Procuración. Desde allí, Caamaño lidera un proceso de cambios, ya que Alejandra Gils Carbó creó esa dirección como una de las vías por donde transitará la transformación que el nuevo Código Procesal Penal impondrá a “la Justicia”. En breve tendrá que enfrentarse a otro desafío: las escuchas telefónicas. “Son una herramienta más para los fiscales a la hora de investigar. Más sensible que un médico o un psiquiatra, pero una herramienta al fin para ayudar a mejorar el funcionamiento de la Justicia”, apuntó en diálogo con este diario.

La incorporación de la Dirección de Captación de Telecomunicaciones, lo que antes era la oficina de Observaciones Judiciales de la ex SIDE, a la órbita que dirige Caamaño se formalizará en los próximos días. La fiscal ya comenzó a familiarizarse con las tareas. La Dicap (la nueva Ojota) nació con la modificación de la Ley de Inteligencia. No sólo sufrió un cambio de nombre, sino también de control: pasó a manos del Ministerio Público Fiscal, algo cuestionado por la oposición y defendido por el oficialismo desde la lógica del nuevo CPP.

–¿Cuán grande es el desafío de tener en sus manos el control de las escuchas telefónicas?

–No tendré en mis manos las escuchas, sino que la dependencia funcionará en la órbita de la dirección que administro, ya que desde la Procuración se entiende que las captaciones de diálogos telefónicos son una herramienta para investigar la comisión de delitos. Es un área que viene muy golpeada y que hay que transparentar. Para eso, como primera medida, compramos un cartel para poner en la puerta. Eso es una medida de apertura y de transparencia. Esta semana empiezo a visitar a jueces y a fiscales para contarles, aunque se deben haber enterado por los diarios, que el organismo estará en mi órbita, invitarlos a venir a conocer el lugar (funciona en una dependencia de Avenida de los Incas, en esta ciudad) y ver cómo se trabaja.

–¿Tiene un plan para la Dicap? ¿Permanecerá el mismo personal? ¿Cambiarán los procesos?

–Por el momento, sabemos que la prioridad es sostener lo que ya existe. Porque si hay algo que está claro es que no se puede caer. El organismo, antes Ojota, trabajaba más de 20 mil licitudes de escuchas por año. Es un flujo de trabajo muy grande el que hay y eso no dejó de funcionar a partir del cambio en la ley de Inteligencia. Entonces, tenemos que seguir manteniéndolo. Mientras tanto, me iré empapando en el tema: cómo funciona, cuándo hay más trabajo, cuándo menos, cómo pasan las cosas... a partir de entonces, recién, puedo hacer un análisis para aplicar mejoras. Todo eso lleva un tiempo y recursos que sabemos que no tendremos este año. Porque el presupuesto para esta sección específicamente lo tendremos el año que viene, recién. De los recursos utilizados también informaré a los jueces y fiscales: no desconoceremos las órdenes de los jueces, por supuesto, pero se establecerán prioridades para optimizar recursos. Estoy armando una presentación para que se entiendan que los recursos son limitados, los tiempos del proceso.

–Por el momento, cuenta con el mismo personal que trabajaba en la Ojota: ¿Es un problema eso?

–En principio, sí es el mismo personal. No todos, porque muchos se están acogiendo a la jubilación, pero en principio va a quedar gente de aquella otra institución. No creo que sea un problema. Es que si bien tienen un régimen especial, son trabajadores. Hablé con ellos como trabajadores para que me ayuden a capacitar a la gente nuestra. Por otro lado, la Procuración está analizando con un equipo de jóvenes que trabajará en la dirección cómo es el flujo administrativo.

–¿En qué mejora que las escuchas estén en manos de la Procuración?

–Transparenta el proceso, primero. Segundo, me parece que es una genialidad de la procuradora el poner a cargo a un fiscal, sea yo o cualquiera, en lugar de un administrativo: nosotros conocemos la ley, sabemos cuáles son sus límites y entendemos mejor las situaciones. Le da más legalidad al proceso.

–La oposición leyó el traspaso como una cuestión política y contrapropuso a la Corte Suprema...

–La oposición se opone a todo. No hay nada que hayan aceptado naturalmente. Sin importa cuán buena es una medida. Respecto de la Corte, lo que pasa es que el nuevo Código indica que el fiscal no sólo es el titular de la acción, sino el que tiene que investigar. Es el que va a tener que argumentar para que el juez de una orden de allanamiento u ordene una escucha. Lo mejor es que esté todo en manos de las fiscalías.

–¿Qué relación tendrá la Dicap con la nueva Agencia de Inteligencia?

–En principio, ninguna. La AFI va a seguir haciendo inteligencia externa por si hay algún tipo de ataque, pero si ellos determinan que por algún motivo necesitan una escucha, lo deberán pedir a un fiscal.