Para el consejero de la Magistratura Jorge Candis, el juez Luis María Cabral “se quiso hacer la víctima” para “quedarse ocupando el cargo en Casación”. El representante del sector académico dentro del organismo administrador del Poder Judicial insistió en que el procedimiento mediante el que se puso fin al desempeño de Cabral como magistrado subrogante en la Sala 1 de ese tribunal de alzada “es ajustado a derecho conforme a la normativa vigente” y criticó que la Justicia discuta “normas sancionadas por el Congreso”. “Algunos sectores que judicializan todo quieren en realidad dirigir las acciones del gobierno elegido por el voto popular”, denunció en una entrevista con Página/12.

–El juez en lo contencioso administrativo Esteban Furnari falló en contra de la medida cautelar pedida por Cabral, quien adelantó que va a apelar la decisión. ¿Cómo evalúa la cuestión?

–El doctor Cabral está dentro del derecho que tiene, como todo ciudadano según el Pacto de San José de Costa Rica, de contar con dos instancias judiciales, al menos. Después veremos qué resultado obtiene. En cuanto a la resolución que terminó con su subrogancia, el Consejo de la Magistratura actuó de acuerdo a las facultades que le confiere la Constitución nacional y su ley específica. Por otro lado, Cabral había sido designado por un procedimiento no regular, mediante una serie de acordadas de la Cámara Nacional de Casación Penal, en las que también expresamente se estableció que su subrogancia regiría hasta tanto esa vacante sea cubierta según el sistema institucional. Furnari dijo que el procedimiento adoptado por el Consejo es de acuerdo a la normativa vigente, que es la Ley 27.145, de procedimiento para la designación de jueces subrogantes. Entonces, no sólo lo dijo Furnari. Lo dicen las leyes: el procedimiento del Consejo es ajustado a derecho conforme a la normativa vigente. Estamos discutiendo normas sancionadas por el Congreso.

–¿Considera grave el comportamiento de Cabral?

–El doctor Cabral quiere quedarse ocupando el cargo en Casación que, según sus argumentos, le pertenece hasta que sea designado un nuevo juez conforme al procedimiento de designación de magistrados. Pero acorde a la norma vigente, la 27.145, se ha designado un conjuez: Claudio Vázquez, quien integra una lista de conjueces aprobada por el Senado, para la que fue elegido mediante el proceso correspondiente. Aquí juegan intereses que representan a un sector judicial que indudablemente busca obstaculizar cualquier funcionamiento de la Justicia bajo la apariencia de que se está menoscabando la independencia del Poder Judicial y que se lo está atacando, cosa que no es así. Este Consejo, que empezó a funcionar en noviembre de 2014, lleva desestimadas cerca 140 denuncias contra jueces. En ningún momento se ataca al Poder Judicial, acá se cumple con la ley. Cabral quiere mantenerse en su puesto, que no es Casación sino el Tribunal Oral Nº 9. Se lo apartó de una subrogancia. Lo que pasa es que es un año electoral y muchas de estas cuestiones son aprovechadas con fines electoralistas, cuando en realidad esto se debería analizar acorde a la administración de Justicia: si es la que corresponde o no.

–De todos modos, se necesitan jueces titulares para Casación. ¿Está trabajando en eso el Consejo?

–Estamos tratando ese tema, pero no pudimos tratar las ternas de la Cámara de Casación atento a la situación que se genera por esta cuestión del doctor Cabral. No se pudo lograr el consenso. Supongo que en algún momento lo vamos a lograr.

–O sea que el comportamiento de Cabral está afectando al funcionamiento del Consejo.

–El Consejo sigue funcionando. Pero para designar la terna de jueces se necesita la aprobación de las dos terceras partes y en este momento no tenemos los votos necesarios, ya que los sectores que responden a la Unión Cívica Radical no quisieron votar, así como tampoco la doctora (Adriana) Donato, que representa a los abogados de la Capital, y el doctor (Leónidas) Moldes, que representa a los jueces federales del interior del país. Pero vamos a consensuar. Esto es una cuestión meramente coyuntural.

–¿Existen casos de jueces que estén subrogando hace mucho tiempo y no se les haya aplicado la Ley 27.145?

–La ley se aplicó para la todos los jueces de la Cámara de Casación. Para los jueces de los tribunales federales del interior y de los tribunales orales de la Ciudad de Buenos Aires se dio una prórroga de 60 días.

–¿Por qué no prorrogaron la subrogancia de Cabral?

–Por la situación en la que se hallaba la cámara. Por pedido expreso de la presidenta de ese tribunal (Ana María Figueroa), que presentó una nota ante el Consejo cuando comenzó a regir la norma para que concretamente se atienda las subrogancias de ese espacio, que vencían el 30 de junio.

–En su fallo, Furnari habló del peligro de la judicialización en tanto intervención de los jueces en funciones de los otros poderes del Estado. ¿Qué opina de esta advertencia?

–Furnari habló en referencia a los pedidos de inconstitucionalidad. (N. de R.: En la denuncia que el juez en lo contencioso administrativo debe analizar, Cabral solicitó que se declare nula, ilegal e inconstitucional la resolución del Consejo de la Magistratura que puso fin a su subrogancia en Casación.) La declaración de inconstitucionalidad de una norma, como lo ha dicho la Corte, es una cuestión de mucha gravedad. Es la última ratio del sistema judicial. Si la utilizamos en cualquier caso, el Congreso no funcionará más y terminarán los jueces gobernando, porque son los que dirían qué ley rige y cuál no, luego de ser aprobadas por el Congreso. En realidad, ellos son los encargados de aplicar las leyes y, en algunos casos, cuando hay una extrema gravedad, lo dice la Corte, pueden decretar la inconstitucionalidad. Pero esto que están haciendo algunos sectores, que judicializan todo, parecería ser que quieren en realidad dirigir las acciones del gobierno elegido por el voto popular. Y esto se acrecentó este año por ser electoral. Judicializar cualquier tema es politizar la aplicación o no de las leyes y creo que acá está la actitud que tomó el doctor Cabral. Se quiso poner como víctima de una situación en la que cual se obró conforme marca la ley. Tendría que haber renunciado al cargo cuando fue designado en el Consejo de la Magistratura. Pero siguió allí.

–¿Alcanzan las leyes para mejorar el funcionamiento del Poder Judicial?

–Es un tema muy complejo y demasiado largo para analizarlo en una pregunta. Creo que hay un antes y un después en el Poder Judicial argentino desde la composición de la Corte a partir de 2003. Ahora está desmembrada, pero fue manteniendo un lineamiento en sus distintos fallos, que fueron marcando camino. Pero no es suficiente: hay que democratizarlo y eso no implica un avance sobre ese poder ni que se afecte la independencia de la Justicia. Los jueces deben ser independientes, pero ¿de quién? Debemos hablar de los poderes económicos. La Justicia tiene que estar cerca de la gente, no de los poderes concentrados económicos.