Sara Garfunkel y Sandra Nisman, madre y hermana del fallecido fiscal federal Alberto Nisman, recusaron al juez Rodolfo Canicoba Corral en el expediente en el que ambas están imputadas y fueron citadas a indagatoria por el presunto delito de “lavado de dinero”. Fuentes judiciales informaron que el abogado Pablo Lanusse, defensor de Garfunkel y Nisman, recusó al magistrado por las causales de “enemistad manifiesta” y “prejuzgamiento”, configuradas a partir de las declaraciones públicas que formuló el juez en el marco de la investigación. Con esta recusación, se suspenderían las indagatorias de Nisman y Garfunkel previstas, respectivamente, para el martes y el viernes de la próxima semana.

Ocurre que el planteo primero debe ser resuelto por el propio juez, quien está de licencia hasta el viernes y es reemplazado por su par Daniel Rafecas. Luego se debe dar intervención a la Cámara Federal para que sea ese tribunal, en definitiva, el que resuelva la continuidad o no de Canicoba Corral en el expediente. Rafecas no resolverá la recusación de Canicoba y recién lo hará este último a partir del lunes, cuando vuelva de la licencia. Así, el trámite procesal con la intervención de la Cámara superaría las fechas de las indagatorias.

A pedido del fiscal federal Juan Pedro Zoni, Canicoba Corral citó la semana pasada a Garfunkel, Nisman, al empleado informático Diego Lagomarsino y al empresario Alejandro Picón a prestar declaración indagatoria como presuntos testaferros de Nisman. El fiscal Zoni pidió que todos sean indagados como supuestos “lavadores” de activos que Nisman habría incorporado a su patrimonio de manera anómala. Para Zoni, los acusados lavaron más de 10 millones de pesos a través de la compra de un Audi Q3, una cuenta en el banco Merrill Lynch en Nueva York con 600.000 dólares, un fideicomiso y terrenos en Uruguay que habrían sido de Nisman y que sus familiares y allegados ocultaron con sus nombres.

En tanto, en la causa en la que se investiga la muerte de Nisman, ocurrida el 18 de enero en el baño de su departamento de Puerto Madero en circunstancias todavía no esclarecidas, la fiscal subrogante Estela Andrades, quien reemplaza esta semana a su colega Viviana Fein, avaló la declaración testimonial que prestó al inicio de la causa Lagomarsino, imputado por haberle dado al fiscal el arma de la cual salió la bala que lo mató. La declaración de Lagomarsino había sido cuestionada por el fiscal de Cámara Ricardo Sáenz (superior jerárquico de Fein y de Andrades), puesto que sostiene que el empleado informático debe ser imputado no sólo por haberle prestado el arma que causó el deceso de Nisman sino también por la muerte en sí. De hecho, Sáenz le pidió a la Cámara del Crimen que dejara establecido por escrito que Lagomarsino estaba imputado por “todo el hecho”, lo que incluye no sólo el suministro del arma sino también la muerte de Nisman.

Lagomarsino se presentó voluntariamente ante la fiscal Fein y el por entonces juez de la causa, Manuel de Campos, al día siguiente de que se conociera la muerte de Nisman, y narró voluntariamente que había sido él quien le había “prestado” el arma que causó el deceso. Ese relato podría ser considerado “autoincriminatorio” y en consecuencia nulo, situación que se profundizaba a partir de la postura del fiscal Sáenz, quien consideró que “no resulta posible escindir con las particulares circunstancias de esta causa la imputación de la entrega del arma a la víctima con el hecho de su muerte”.