EL PAíS › LA LEGISLADORA DEL FPV GABRIELA ALEGRE, SOBRE LAS DENUNCIAS CONTRA NIEMBRO

“Puede configurar un delito”

Los millonarios contratos que la Ciudad concedió a la empresa del periodista y primer candidato a diputado de Cambiemos, Fernando Niembro, “deben ser explicados debidamente, tanto por La Usina Producciones como por los responsables del gobierno porteño”, advirtió la legisladora porteña del FpV Gabriela Alegre. Por esto, en el bloque kirchnerista evalúan citar a la Legislatura a los funcionarios macristas que firmaron las contrataciones. “Hubo muchos ministerios involucrados: Modernización, Ambiente y Espacio Público, Salud, Educación, Desarrollo Social. La primera irregularidad grave que cometieron es haber escondido esta información, no haberla publicado en el Boletín Oficial. Pero además, haber utilizado un mecanismo de necesidad y urgencia cuando no la había puede configurar un delito”, señaló la legisladora.

Tras la revelación de que la empresa fundada por Niembro –que es primer candidato a diputado por Cambiemos en la provincia de Buenos Aires– recibió cerca de 20 millones de pesos en los últimos tres años para hacer “encuestas” y otros trabajos que excedían el fin para el que La Usina Producciones fue inscripta, el macrismo ayer salió a plantear que el periodista deportivo se retiró de la compañía el año pasado, cuando decidió postularse para una banca. Para Alegre, este apartamiento “no lo exculpa de lo que haya sucedido”. “Por algún registro que tenemos, su desvinculación habría sido más tarde que lo que él argumenta. Pero aun así, mientras él estuvo hubo más de 13 millones de pesos en contrataciones.”

La empresa fue creada en mayo de 2012 y pocos días después consiguió contratos de la Ciudad; sólo en ese año acumuló 15 por un total de 420 mil pesos. Si bien en su acta constitutiva fijó como objeto social “la realización y producción de actividades periodísticas y publicitarias”, el gobierno porteño le encargó la realización de otro tipo de servicios, como el de encuestas. Es decir, que hubo una doble irregularidad: la empresa no podía ofrecer el servicios de encuestas y, a su vez, el gobierno porteño no podía contratar a una empresa para un servicio que ella no tenía capacidad de prestar.

“Hay convenios que tienen como fin la supuesta distribución de folletos, y otros son aún más llamativos porque dicen simplemente ‘contrato de basura’”, agregó Alegre. En la grilla de más de 170 contrataciones también figuran ítems como “Servicios de instalación y puesta en funcionamiento de planta para tratamiento de efluentes” y “Servicios de higiene urbana”, que, se presume, estarían relacionados con la realización de sondeos.

Bajo la modalidad del Decreto 556/10, que permite a los funcionarios “aprobar gastos de imprescindible necesidad” sin someterlos a los procedimientos de los regímenes de compras y contrataciones vigentes, varios ministerios porteños le pagaron a La Usina la realización de “encuestas de satisfacción”, por ejemplo sobre las políticas del gobierno porteño en la gestión de la basura. Además de que la “imprescindible necesidad” no esté justificada, la oposición le apunta a Mauricio Macri por haber evitado así el llamado a un concurso de precios.

Los representantes de la oposición intentaron esta semana que la Legislatura debatiese en el recinto un pedido de informes sobre el tema, pero el PRO lo bloqueó. El argumento fue que la cuestión debía ser analizada primero en comisiones, “porque esa es la manera prolija de trabajar”. Sin embargo, Alegre señaló que el macrismo aún no asignó al expediente las comisiones en las que debe ser tratado.

Los legisladores del FpV no descartan llevar el tema a la justicia, tal como lo hizo ayer el abogado Antonio Liurgo (ver aparte), si el bloque del PRO continúa negándose a dar información. Los contratos bajo sospecha se realizaron en la mayoría de los casos por contratación directa y en otros por aplicación del decreto 556, “que solamente debe ser usado en caso de excepcionalidad o emergencia”, remarcó la candidata a diputada.

“Hasta ahora no ha aparecido ningún registro de que los trabajos se hayan efectivamente realizado. Tampoco le conocemos (a La Usina) otras contrataciones; es una empresa que no tiene página web, algo sorprendente si se atiende a los servicios que dice prestar.”

Niembro creó la firma en sociedad con Atilio Mesa, “una persona muy cercana a él, dicen los que lo conocen que de su amistad íntima. Y al retirarse, su parte pasó a una tercera persona que también es de apellido Mesa, posiblemente un familiar” del socio fundador, completó Alegre. Por esto, también está bajo la mira el real apartamiento del candidato de Cambiemos de la empresa beneficiaria de las millonarias contrataciones que la administración macrista intentó mantener como secretas.

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La legisladora Gabriela Alegre puso la lupa en las contrataciones.
Imagen: Télam
 
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