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Durante la tarde de ayer ingresó a la Cámara de Diputados una impugnación en contra de Carlos Ruckauf con la que se pretende impedir que el ex canciller jure como legislador. Los argumentos son lapidarios y se basan en “dos hechos en los que está acreditada la violación a los derechos humanos de ciudadanos argentinos”. La presentación será estudiada en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, que preside la menemista Alejandra Oviedo. En teoría, este pedido debería hacer peligrar la asunción del polémico dirigente justicialista. Sin embargo, trascendió que el bloque oficialista está dispuesto a proteger al hombre de la sonrisa perenne y de renovada cabellera.
La impugnación la presentó el ex concejal del partido de Esteban Echeverría Miguel Amado Belardi. Los argumentos de la presentación se sustentan en las causas del atentado a la AMIA y la desaparición de trabajadores de la empresa Mercedes Benz donde el ex canciller tiene, según el demandante, comprobada responsabilidad.
De acuerdo con el escrito de Belardi, la DAIA denunció penalmente a Ruckauf por el delito de “omisión de obligaciones a su cargo” cuando se disculpó siendo canciller ante el gobierno de Irán por los pedidos de captura de ex funcionarios de ese país, solicitados por el juez de la causa del atentado contra la sede israelí, Juan José Galeano. Para Belardi, el hecho de que esté comprobada la carta que remitió a las autoridades iraníes y, sobre todo, que la causa permanezca abierta la toma de juramento como diputado “sería convalidar la impunidad institucional”.
Similar razonamiento realizó el impugnante con respecto a la causa Mercedes Benz y se sustenta en el Juicio por la Verdad de La Plata donde se investiga la desaparición de empleados de la empresa durante la dictadura militar. Según consta en el expediente, donde Ruckauf ya prestó declaración, en 1975 la empresa firmó con el entonces ministro de Trabajo de Isabel Perón un convenio por el cual se creaba un fondo extraordinario de acción social “para contribuir al bienestar de los trabajadores, mejorar la producción y erradicar los factores negativos que perturban la actividad laboral”. En el proceso judicial se entiende que este convenio sirvió como antecedente para la persecución y posterior desaparición de empleados de Mercedes Benz. “Mercedes Benz quería apoyar el esfuerzo del ministerio y de SMATA para eliminar elementos subversivos de las fábricas”, concluye el escrito. El próximo martes, la riojana Oviedo deberá resolver si hay elementos como para impedir que el bonaerense jure como diputado nacional.