La Corte Suprema autorizó al juez federal Sebastián Casanello a viajar a Suiza en el marco de la causa en la que se investiga el delito de lavado de activos y en la que está preso el empresario Lázaro Báez.

La autorización rige desde el 6 de junio y hasta el 11 y abarca también al secretario del magistrado. El fiscal federal Guillermo Marijuan había expresado su intención de acompañar a Casanello para agilizar algunos trámites vinculados a la causa.

“Dada la premura que el caso requiere”, para la autorización “no resultan de estricta aplicación los requisitos formales exigidos por la Acordada 21/1993”, expuso la Corte. Según esa acordada serían necesarios antes de la aprobación del viaje un informe que justifique el traslado y la conformidad del tribunal extranjero para que se practiquen diligencias en su jurisdicción. Si embargo, la Corte, en este caso, decidió acortar los tiempos y la burocracia y autorizó el traslado. El escrito lo firmaron el presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti y el ministro Juan Carlos Maqueda.

Las autoridades de Suiza tienen un pedido de captura de Marcelo Ramos, quien figuraba como representante de la sociedad Helvetic Services Group, una de las empresas que investiga Casanello.

Ramos se encontraría en Suiza, pero que bien el pedido de detención no fue rechazado, el empresario seguíría en libertad.

A la empresa Helvetic Service Group pertenecen nueve cheques depositados en una cuenta del Banco de la Nación Argentina a nombre de Austral Construcciones.

Según la investigación judicial, entre diciembre de 2012 y abril de 2013, “a través de una posible maniobra de auto-venta o auto-compra de títulos de la deuda pública por parte de Helvetic Services Group SA, se reingresó al país una suma aproximada de 33 millones de dólares que habrían sido insertados en el mercado local a partir de su depósito en una cuenta bancaria de Austral Construcciones SA en el Banco de la Nación Argentina, a través de nueve cheques por un total de 208.840.876 pesos, endosados por Jorge Chueco (como apoderado de Helvetic) y depositados por Claudio Larrea y Claudio Bustos en nombre de Austral”; se hacían “transferencias de dinero procedentes de fuentes ilícitas desde SGI Argentina a Helvetic”, la que a su vez habría adquiridos bonos, los transfería en dólares por un sistema de compensación y liquidación en Suiza para reingresarlos a Austral.

Para los investigadores, Báez está detrás de Helvetic, que a la vez había comprado SGI, y que habría sido utilizada para hacer circular dinero y disimular su origen ilícito.

Al ampliar su declaración, Báez reconoció que recibió cerca de 209 millones de pesos de Helvetic Group como una suerte de préstamo para armar una sociedad con una empresa del primo de Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, y otras firmas, con la expectativa de participar en la construcción de dos represas en Santa Cruz.