A la ofensiva político-judicial contra Cristina Fernández de Kirchner le van apareciendo obstáculos, sobre todo por la falta de pruebas. El martes se producirán dos audiencias de importancia. En la primera, la Sala I tratará la recusación de Claudio Bonadio en la causa Los Sauces, un expediente creado por el juez en combinación con Margarita Stolbizer cuando Bonadio ya había sido eyectado de otro expediente, Hotesur, que trataba sobre lo mismo: el alquiler de un hotel y oficinas de la familia Kirchner a Lázaro Báez y Cristóbal López. La misma Sala I tratará en audiencia, también el martes, la apelación al embargo del dinero que estaba en la caja de seguridad de Florencia Kirchner en el Banco de Galicia. Primero se dijo que era dinero no declarado y resultó que era la cifra que constaba en las declaraciones. Aún así, el juez Julián Ercolini decidió el embargo y a partir del martes los camaristas resolverán sobre el tema.

En los dos temas más mediáticos, los pedidos de indagatoria de CFK por parte de los fiscales, habrá demoras. En el caso del dictamen de Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, el juez Ercolini pidió una larga serie de pruebas, diciendo tácitamente que la evidencia era insuficiente. Los diagnósticos de sobreprecios y las evaluaciones de obra pública provienen de fuentes del macrismo, como las actuales autoridades de Vialidad. Lo mismo ocurre con el promocionado pedido de Guillermo Marijuán, ese de la frase “la pongo al borde de la detención”, refiriéndose a la ex presidenta. Todo indica que el juez Sebastián Casanello, que recibió el escrito de Marijuán, se tomará bastante tiempo porque ni siquiera están claras las supuestas transferencias, cuentas y sociedades de Nevada. Recién después puede haber una primera tanda de indagatorias, en la que seguramente no estará CFK.

La idea de compensar las dificultades económicas con convocatorias a Comodoro Py de la ex presidenta afronta el problema de que no le encuentran cuentas en el exterior, sociedades en paraísos fiscales ni fondos escondidos. Los jueces federales coinciden en que los escritos que les presentan los fiscales están llenos de frases del estilo de “debió saber”, “no pudo desconocer”, “la lógica indica” y una serie de deducciones a las que le falta sostén de pruebas. Aún así, es evidente que cualquier cosa puede pasar en el politizado edificio de Comodoro Py, influenciado por el macrismo, el equipo de ex espías y radicales, y el auspicio de la derecha norteamericana que no quiere ver el regreso de los llamados gobiernos populistas.

La Sala I tiene convocadas dos audiencias para el martes. La primera, sobre la causa Los Sauces, una sociedad de la familia Kirchner dedicada a alquilar oficinas y propiedades en Río Gallegos, Calafate, El Chaltén y Puerto Madero. La investigación sobre esos alquileres está en la causa Hotesur, que incluye el hotel Alto Calafate, al punto que el juez Ercolini ordenó una pericia en la que 14 de los 33 puntos tratan sobre alquileres de Los Sauces. El expediente Hotesur lo instruía Bonadio, pero incurrió en tantas irregularidades que fue sacado por la Cámara: convocaba testigos sin notificar a las partes, impidió que la defensa de Carlos Alberto Beraldi viera el expediente y ordenó una pericia sin siquiera darle parte. Apartado Bonadio, quedó a cargo Ercolini, pero Bonadio se metió por la puerta trasera con otra causa por Los Sauces.

La investigación sobre los alquileres busca determinar si Lázaro Báez y Cristóbal López, que alquilaron esas propiedades, pagaron precios de mercado o si esas operaciones eran una coima encubierta. A priori, las cifras no parecen proporcionales. Las obras que se adjudicaron Báez y López superan los 30.000 millones de pesos y los alquileres, en total, están por debajo de los 50 millones, menos del 0,2 por ciento. Eso si se considerara que el valor de los alquileres es cero, algo imposible.

Aunque muchos tratan de olvidarse, la causa por el dinero de la caja de seguridad de Florencia Kirchner se inició por una denuncia de Stolbizer diciendo que había extraños movimientos en cajas de seguridad de la hija de CFK en el Banco de Santa Cruz, en Río Gallegos. Se ordenó un allanamiento y no había ninguna caja de Florencia en ese banco. En el Banco Galicia no había dinero no declarado: quedó en claro que los fondos constaban en las declaraciones a partir de la sucesión de Néstor Kirchner.

En los distintos cambios de argumentación de los acusadores entró en juego la imputación de que CFK distribuyó bienes este año, cuando la llamaron a indagatoria por el caso del dólar-futuro. El abogado de la ex presidente, Beraldi, explicó que la cesión de bienes se hizo en la sucesión de Néstor Kirchner, en 2011, mediante una escritura pública firmada en aquel entonces. Cristina cedió su parte a sus hijos y después el proceso de registro se demoró, como es habitual, por las valuaciones y otros trámites. Pese a las explicaciones, el juez Ercolini embargó los 4.664.000 dólares que estaban en la caja de Florencia y lo que tratará la Sala I el martes es la apelación presentada por Beraldi.