Tal como anticipó en exclusiva Página/12, el diputado Darío Martínez presentó una ampliación de su denuncia contra Mauricio Macri por la presunta infracción del artículo 303 del Código Penal, que castiga el lavado de activos, y pidió al juez Sebastián Casanello la posibilidad de ver el expediente completo.

Martínez hizo su primera denuncia luego de que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación difundiera en abril millones de datos con indicios sobre la existencia de más de 200 mil sociedades offshore abiertas por empresarios, dirigentes políticos, funcionarios, artistas y deportistas en paraísos fiscales de control más laxo que el de sus países de origen. Hace dos meses amplió la denuncia con nuevos datos e indicios sobre Fleg Trading, la empresa abierta por Franco Macri, Mauricio Macri y Mariano Macri en Bahamas. Esa firma es la que figura en los Panama Papers.

Como el diputado no es querellante el juez no está obligado a darle vista sobre el expediente. Sin embargo, a menudo y cuando no existe secreto del sumario los magistrados otorgan ese derecho. En el caso de la causa contra el Presidente no hay secreto del sumario.

“Elevé una nota pidiendo la vista porque quiero seguir colaborando con el juez y con el fiscal Federico Delgado”, dijo Martínez a Página/12. “Voy a continuar aportando elementos serios como hasta ahora pero al mismo tiempo mi colaboración con la Justicia puede ser más eficaz si veo el expediente completo”, indicó.

En su ampliación en los tribunales de Comodoro Py, el diputado neuquino del Frente para la Victoria dejó la transcripción de una declaración de la diputada oficialista Elisa Carrió a Canal 13 en la cual se daba por satisfecha por un descargo inicial hecho por Franco Macri. También aportó copia de una declaración de Macri padre a la Justicia en lo Civil y de una planilla Excel con la evolución patrimonial de Fleg.

En los indicios queda claro que el 39 por ciento del capital inicial de la offshore radicada en Bahamas corresponde a Franco Macri pero no hay claridad sobre el 61 por ciento restante. En su presentación el diputado no prejuzgó sobre ese porcentaje sino que pidió que la Justicia tratase de determinar el o los propietarios.

En ninguna de las declaraciones conocidas hasta ahora surgidas desde el Gobierno o desde el oficialismo hubo precisiones al respecto. Ni Carrió ni el jefe de Gabinete, Marcos Peña, ni el propio Presidente indicaron qué porcentaje de ese 61 por ciento le corresponde a Mauricio Macri.

De todos modos, como se sabe, la legislación hiperflexible de Bahamas no establece, como la Ley de Sociedades Comerciales de la Argentina, una distinción estricta entre accionistas y directores.

En su reacción inicial el Presidente cargó las tintas sobre su padre y minimizó tanto la operatividad real de Fleg como su papel en ella.

Dio a entender que Fleg fue parte de una iniciativa del jefe de Sociedades Macri, Socma, y que el objetivo era montar Pago Fácil en Brasil, pero que no funcionó.

Sin embargo, el fiscal Federico Delgado ya estableció que Fleg funcionó como parte de una tríada que integraban las empresas Owners do Brasil, con sede en el país vecino, y Socma Americana, asentada en Buenos Aires. Entre ellas hubo además pases de dinero y acciones que intrigan tanto al diputado Martínez como al fiscal Delgado, a punto tal que éste pidió un peritaje contable a la Corte Suprema.

Delgado es uno de los fiscales que suelen escribir sin jerga incomprensible. Por eso no dudó en establecer públicamente el objetivo de la investigación ni el tipo penal que habría infringido Macri. El objetivo es “reconstruir la actividad económica, más allá del velo societario”, se propuso. En cuanto a la imputación, la fijó en la presunta infracción al artículo 303. Dice el inciso uno que que será “reprimido con prisión de tres a diez años y multa de dos a diez veces del monto de la operación, el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado bienes provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito”.

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