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Los marinos de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) obligaron a Rosario Quiroga a transferir una casa que tenía en Munro. A Nilda Noemí Actis la hicieron firmar dos poderes para entregar dos departamentos. A Marcelo Hernández le robaron un Peugeot. Luego de acumular estas denuncias, entre otras, el juez federal Sergio Torres comenzó a investigar la apropiación de bienes de desaparecidos o ex detenidos en una causa abierta a partir del expediente de la ESMA.
En diciembre del año pasado, Página/12 anunció que Torres había abierto un expediente sobre el desapoderamiento de propiedades de las víctimas del terrorismo de Estado. La semana pasada, luego de recibir un dictamen del fiscal Jorge Taiano, el juez dio curso formal a la investigación. Fueron imputados “los integrantes de los grupos de tareas de las Fuerzas Armadas y los civiles cuya participación surja del avance de la pesquisa”.
Los militares involucrados no fueron identificados porque, como al secuestrar y torturar, también usaban nombres ficticios en las maniobras de apropiación de bienes. Hasta ahora constan en la causa una decena de hechos de este tipo. Entre ellos está el de Quiroga, a quien el represor Jorge Radice la llevó a una inmobiliaria en el barrio de Belgrano. Y el de Actis, quien también fue conducida desde la ESMA a una oficina para simular la venta de sus departamentos. Hernández, a quien le robaron un auto, denunció además que las mismas personas que lo secuestraron sacaron más de 500 mil dólares de su casa y que fue obligado a firmar documentación que permitió a los miembros del grupo de tareas apoderarse de importantes sumas que eran propiedad de la organización Montoneros. Estos casos, entre otros, serán llevados por Torres como una causa “conexa” a la que se refiere a las torturas y desapariciones de la ESMA, que fue abierta por la Cámara Federal luego de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
Torres también tiene a su cargo el expediente sobre el desapoderamiento de los terrenos en Chacras de Coria, que eran propiedad de los desaparecidos Conrado Gómez, Victorio Cerutti y Horacio Palma. Allí fue comprobada la metodología de los marinos para quedarse con las propiedades de los detenidos a través de extorsiones y falsas escrituras. En esa causa, además de los miembros del grupo de tareas de la ESMA, fue involucrada la jueza María Marta García, quien actuó como síndica de la sociedad Will-Ri (de Radice y su compañero William Whamond) que se armó para que el dictador Emilio Eduardo Massera pudiera acceder a los terrenos de Gómez, Cerutti y Palma. García fue denunciada ante el Consejo de la Magistratura y ella declaró ante el organismo, pero hasta ahora su situación no fue definida.