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Carlos Menem, Carlos Corach, Hugo Anzorreguy y el juez Juan José Galeano, podrían enfrentar duras condenas por encubrimiento a raíz de los fundamentos con que el Tribunal Oral Número 3 calificó la causa AMIA como la “construcción de una hipótesis incriminatoria que pretendió atender las demandas de la sociedad y satisfacer los oscuros intereses de gobernantes inescrupulosos”. Uno de los puntos de partida que quedarían fijados en los fundamentos, son los testimonios de que en septiembre u octubre de 1995 el juez Galeano volvió con un papel al juzgado tras una reunión con Corach. En ese papel estaba escrita la pista policial y el juez dijo: “Desde ahora, ésta es la pista a cerrar y hay que tener listo todo para el segundo aniversario del atentado”.
Pese a que en el juzgado hubo quienes señalaron que la pista no encajaba con lo que había en el expediente y que hombres de la SIDE también dijeron que era un camino equivocado, se siguió adelante. La jueza Luisa Riva Aramayo, muy cercana a Corach, visitó al reducidor de automóviles Carlos Telleldín en la cárcel para llegar a un arreglo y de allí volvió con un papel en el que ahora se están haciendo pericias sorprendentes. El dinero para el acuerdo salió de la SIDE, o sea con responsabilidad –según el tribunal– de Hugo Anzorreguy y con conocimiento del máximo referente de la comunidad judía, Rubén Beraja. El punto clave para los jueces es que el pago se hizo en forma clandestina porque la pista contra los policías no se podía probar. De manera que necesitaron hacer un acuerdo secreto y un pago igualmente secreto a Telleldín para plantar la historia falsa del atentado. Es más, en uno de los videos que se filmaron de la negociación Galeano.Telleldín, éste último le dice: “No podría judicialmente responder a sus preguntas con la verdad, porque lo que usted me pide no es verdad. Yo a (Irineo) Leal y a (Juan José) Ribelli ni los conozco. Ya se lo dije a Riva Aramayo: hable con el Presidente y dígale si le conviene voltear a la policía”.
Uno de los que relató bajo juramento el regreso de Galeano de la reunión con Corach es el ex secretario del juez, Claudio Lifchitz. Según el ex secretario, en el papel decía, por ejemplo, que el 10 de julio de 1994 al mediodía Telleldín les entregó la camioneta a los policías, que lo hizo en función de que lo extorsionaban, que uno de los policías se hizo pasar por Ramón Martínez y con ese nombre firmó el boleto de compraventa, y una serie de otros elementos que constituían un punteo de la pista policial.
En la misma época, la camarista Riva Aramayo –ya fallecida– concurrió al penal de Villa Devoto y se entrevistó con Telleldín. Regresó de la cárcel también con un papel, en el que aparecen dibujadas dos manzanas: la de la casa de Telleldín y la contigua. En ese pequeño mapa se explicaba dónde los policías supuestamente revisaron la camioneta, qué otros policías esperaban a la vuelta y más detalles de la supuesta entrega del vehículo que ocho días más tarde estallaría ante la AMIA. Riva Aramayo dijo que ese mapa fue confeccionado por Telleldín y confirmaba la pista policial. Pero una pericia caligráfica demostró que la del mapa no era la letra de El Enano, como le dicen al acusado de vender la Trafic, y ahora la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia, que encabeza Alejandro Rúa, hizo nuevos peritajes sobre ese papel. Resulta que tampoco es la letra de Riva Aramayo, pero en los próximos días se determinaría que se corresponde con la letra de un ex secretario de la jueza que hoy ocupa un puesto de relevancia.
O sea que también fue falsa la versión de que el mapa que apoyaba la pista policial haya sido obra de Telleldín. Otra mentira. Poco después, el abogado de El Enano se vio tres veces con el entonces titular de la DAIA, Rubén Beraja, la última en el juzgado de Galeano, sin presencia del juez, algo duramente criticado por los magistrados del tribunal oral: “Se trata de actos completamente alejados de la recta aplicación del derecho”.
La controversia
La mayoría de los que testificaron en el juicio oral coinciden en que no fue fácil convencer a Galeano de la pista policial y que la mayoría de las personas que intervinieron, supuestamente creían que podía ser una pista verdadera.
Sin embargo, hubo quienes señalaron nítidamente que ese camino no tenía nada que ver con el expediente. Por ejemplo, la pista indicaba que Telleldín les entregó la camioneta a los policías en el mediodía del 10 de julio de 1994, pero hay una llamada de Telleldín a Gabriela, la esposa del oficial Diego Barreda, en la que El Enano le dice a las 17 de aquel 10 de julio que no podía ir a verla al hospital porque estaba esperando un comprador para la Trafic. Uno de los hombres que en ese momento estaba encargado de la investigación dentro de la SIDE, Jaime Stiusso, también declaró ante el tribunal que la pista policial no cerraba y coincidió con Abolghasem Mesbahi, el llamado testigo C, en que los fundamentalistas sólo usan a su propia gente –en general células dormidas o militantes encubiertos– para perpetrar sus operaciones. Esto derivó en que Stiusso y quienes trabajaban con él en lo que se llamaba el Sector 85 de la SIDE fueran prácticamente apartados del caso y se pusiera a cargo a los hombres de la Sala Patria, encabezados por Alejandro Broussón y Patricio Pfinnen.
Los jueces del tribunal oral dejan entrever que todos estos movimientos, desde los de Riva Aramayo hasta los cambios dentro de la SIDE, no pudieron hacerse sin conocimiento de Anzorreguy –muy cercano a Galeano–, Corach y el propio presidente Menem. Es más, el punto culminante, el pago de 400.000 dólares a Telleldín, no pudo concretarse sin el visto bueno de la Casa Rosada. Por ello los jueces hablan en su comunicado de “satisfacer los oscuros intereses de gobernantes inescrupulosos”. Una frase de Riva Aramayo a Telleldín lo dice todo: “¿A quién quiere que le traiga como garantía? ¿A Corach? ¿Al Presidente?”
El pago
El aparato político, que incluía a los hombres de la SIDE comandados por Anzorreguy, terminó captando a Galeano para la pista policial. Sin embargo, no había pruebas suficientes para el remate final, pese a que Telleldín les fue aportando material. Por ejemplo, hizo declarar a algunos de los integrantes de su banda, como a Miguel Jaimes –llamado El Cirujano– por su habilidad para cambiar números en carrocerías y motores. Jaimes declaró judicialmente que vio a los policías llevarse la camioneta. Incluso el hermano de Telleldín, Eduardo, aportó su testimonio para consolidar la versión.
Lo cierto es que se venía el segundo aniversario del atentado –18 de julio de 1996– y la pista no cerraba, por ello se apuró el acuerdo con Telleldín. En los primeros días de julio de ese año se decidió el pago, pese a que Alejandro Broussón, de la Sala Patria de la SIDE, le recomendó al juez que no había que precipitarse: “Tal vez habría que pagarle en cuotas e ir chequeando”, contó Broussón en su testimonio que le dijo al juez.
Sin embargo, el apuro –que seguramente emanaba del poder político– llevó a que el 1º de julio se hiciera la negociación Galeano-Telleldín, después develada en un video que se hizo trascender entregándoselo a allegados a Ribelli. En ese video se patentiza que lo que se está por arreglar es una pista falsa, porque el propio Telleldín le dice al juez que va a mentir:
Galeano: Quiero saber si podés contestar estas preguntas –pregunta el magistrado entregándole una hoja.
Telleldín: Le digo. Acá puedo contestarle un montón de preguntas. Las fundamentales, las que a usted le sirven, no.
Galeano: ¿Cuáles no?
Telleldín: No, no le puedo contestar (no se entiende en la grabación) o la relación con Leal, Ribelli, desde cuándo los conozco, por qué los conozco: no los conocía, nunca los vi en mi vida.
Hay un segundo video en el que se ve hasta el momento en que le dicen a Telleldín qué foto debía marcar en un reconocimiento fotográfico de las personas que fueron a retirar la Trafic. La imagen que debía marcar –según admitió el mismo Telleldín– era la del subcomisario Raúl Ibarra, un hombre de Ribelli. Ello permitía, justamente, relacionar todo el caso con Juancito, el apodo de Ribelli. Es más, en el video se ve y escuchan cómo arreglan que a otros testigos presentados por Telleldín les muestren la foto en que Ibarra se parece a “Diego de la Vega, el de El Zorro”, de manera que esos otros testigos –de la banda de Telleldín– también puedan hacer el reconocimiento fotográfico judicial.
En verdad, el dinero a Telleldín se le pudo haber dado en forma oficial, como parte de la recompensa que se había establecido, pero se hizo en forma clandestina, ilegal, justamente porque alimentaba una pista falsa, el testimonio de Telleldín era clave, decisivo, y obviamente no querían que trascendiera que ese testimonio fue comprado.
Como quedó claro, el dinero salió de la SIDE, algo que indudablemente era conocido en la Casa Rosada, y los jueces sugieren –estará más claro el 29 de octubre, cuando se lean los fundamentos– que ningún servicio de Inteligencia le da 400.000 pesos a un imputado sólo porque se los pide el juez, y más aún cuando el pago no se registra en ningún lugar y menos todavía en el expediente. Los magistrados, obviamente, consideran que los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia estaban al tanto del pago y sugieren que Barbaccia estaba en el juzgado el 5 de julio de 1996 en el momento en que Telleldín recibe la llamada en la que su esposa, Ana Boragni, le anuncia que recibió la plata. Tras cartón, El Enano empieza a declarar.
Los motivos
Aunque los jueces no han dado a conocer los fundamentos del fallo, mencionan en su comunicado que “se construyó un hipótesis incriminatoria, pretendiendo atender, de ese modo, las lógicas demandas de la sociedad, a la vez que satisfacer oscuros intereses de gobernantes inescrupulosos”.
¿Qué significa ese párrafo?
u Por un lado, estaban el interés de darle una “solución” al caso AMIA, entregarle un culpable a la sociedad. Eso querían desde Menem a Beraja.
u Sin embargo, cuando se habla de “oscuros intereses”, seguramente los magistrados se refieren a varios testimonios escuchados en el juicio oral. Por ejemplo, el testigo C, un hombre de alto rango en la inteligencia iraní, contó que en 1987 se hicieron negocios con una empresa llamada Tres Fronteras, a la que Irán le compraba carne. El producto se pagaba con sobreprecio porque la empresa estaba ligada a Menem y de esa manera se ayudaba a financiar su campaña electoral. Mesbahi, el testigo C, dice también que Libia hacía lo mismo porque querían que Menem fuera presidente.
u Una versión de este tipo ya fue sostenida judicialmente por el ex secretario de Menem, Mario Rotundo, quien incluso presentó la copia de un cheque de 400.000 dólares pagado por un banco libio a la campaña.
u También el ex embajador Oscar Spinoza Melo declaró judicialmente que acompañó a Menem durante la campaña electoral a un viaje a Siria y que hubo una entrevista con el presidente de ese país, Hafeez El Assad, a quien Menem le prometió ayuda en materia de tecnología nuclear a cambio de fondos para su campaña.
Los jueces, al mencionar la hipótesis incriminatoria falsa y los oscuros intereses, se refieren a que se buscó un culpable que ni develara la enorme cantidad de delitos en los que estaban involucrados hombres de la Policía Federal y la SIDE, a la vez que no se avanzara en que quedaran a la luz estos tratos oscuros del menemismo.
La Oficina Anticorrupción, en un escrito presentado hace seis meses ante el juez Claudio Bonadío y firmado por Daniel Morín y Alejandro Rúa (titular de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia), sostuvo que en la causa AMIA se vio “negociación, un sponsor que pusiera plata, el auxilio monetario de la SIDE, pago oculto e ilegal, tergiversaciones, aseveraciones mentirosas, pruebas totalmente extrañas, jueces que denuncian extravíos, jueces que por años conservan audios comprometedores, jueces amigos que sobreseen, otros que retardan Justicia, todo regado con un generoso Luigi Bosca”.
Y esto último es una referencia al vino con el que brindaron hombres de los tres poderes cuando hicieron el acuerdo con Telleldín.