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La jueza de Garantías Susana Gutiérrez ratificó la prisión preventiva de Raúl Castells, detenido desde el 25 de agosto en el penal de Resistencia por la ocupación del casino Gala. La magistrada tomó esta medida a pesar de que el fiscal de Cámara había dictaminado que Castells no cometió ningún delito. Para la jueza, el dirigente sí extorsionó a los dueños de la sala de juegos, al tomarla junto a otros piqueteros para pedir comida.
Tras conocer la noticia, los desocupados del movimiento 17 de Julio cortaron la Ruta Nacional 11. Los manifestantes armaron el piquete sobre las dos manos del asfalto, ante una guardia de la Gendarmería Nacional. El referente Emerenciano Sena anticipó que mantendrán la protesta “por tiempo indeterminado”. Mientras tanto, Castells cumplió el segundo día de huelga de hambre junto a un centenar de presos que reclaman el acortamiento de sus condenas. El MIJD anunció una marcha para el próximo viernes desde Liniers a Plaza de Mayo con la consigna “basta de secuestros extorsivos”, ya que considera que Castells “es un secuestrado del Gobierno”.
Los abogados defensores admitieron que el fallo “es un traspié”. De todas maneras, consideran que la libertad es cuestión de tiempo. “De llegar a juicio oral, la acusación no podría sostenerse”, aseguró el letrado Juan Daniel De Sena. Sucede que el fiscal de Cámara Gustavo Muller, quien ya opinó que no hubo delito, deberá actuar como acusador en las audiencias orales. Muller planteará la inocencia de Castells, y la ley establece que cuando el fiscal no acusa los jueces no pueden condenar.
La toma del casino ocurrió el 16 de julio, cuando los desocupados marcharon a la Casa de Gobierno chaqueña donde pidieron ser atendidos por el gobernador Roy Nikish para solicitarle alimentos. No los recibieron y caminaron cuatro cuadras hasta al casino Gala. Luego de permanecer tres horas en el interior del edificio, la empresa les dio 11 mil pesos con los que compraron comida.
El fiscal de Cámara coincidió con los defensores en que el casino entregó los fondos voluntariamente, sin que existiera intimidación. El segundo argumento de la defensa es que los desocupados no exigieron efectivo sino que pidieron comida. Tampoco amenazaron con tomar represalias. Finalmente, juega en su favor que la empresa no hizo presentación alguna contra los piqueteros por lo sucedido.
Castells fue denunciado de oficio por la fiscal de primera instancia Mercedes Riera, quien lo imputó junto con otros cinco manifestantes. De todos ellos, el titular del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados fue el único que, al ser citado por la Justicia, se negó a concurrir a declarar. Cuando lo detuvieron, hace 24 días, quedó como el único preso del caso, complicado por haber permanecido en rebeldía.
Ayer, al ratificar la prisión preventiva, la jueza Gutiérrez avaló la acusación de la fiscal Riera. Fuentes judiciales informaron que la magistrada resolvió no hacer lugar tampoco a un incidente de nulidad presentado por los abogados de Castells.
Los letrados llevarán el lunes un nuevo recurso ante la Cámara de Apelaciones para pedir la libertad de su cliente. “Castells considera que esta situación ha extralimitado la cuestión judicial”, señaló ayer el defensor De Sena, para apuntar que el dirigente está convencido de que el fallo de la jueza tiene por objetivo castigar los reclamos sociales.
El caso de Castells tiene como antecedente un juicio por cortar la ruta realizado en el 2001 contra Emerenciano Sena, acusado también en este expediente. En la oportunidad anterior, el fiscal Muller consideró que la protesta social no constituye delito, por lo que Sena quedó en libertad. En un reflejo de las tensiones que genera el tema, sectores afines a la gobernación impulsaron después contra Muller un jury para destituirlo. Por este motivo, los piqueteros opinan que en la decisión de mantener preso a Castells está la mano del Ejecutivo provincial. Al mismo tiempo, creen que la medida es efecto del endurecimiento del gobierno nacional frente a los piquetes: ayer en Caleta Olivia la Justicia dictó la prisión preventiva de seis desocupados que ocuparon la planta de Termap para pedir trabajo genuino.