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Hace tres años, cuando José Antonio Lobo tenía a su cargo la cartera de Energía y Telecomunicaciones de Costa Rica, la empresa francesa Alcatel se adjudicó un contrato por 150 millones de dólares para brindar el servicio de telefonía celular. Hoy Lobo está detenido por haber cobrado una gratificación de dos millones y medio de dólares. Pero no fue a la cárcel. La justicia le concedió el arresto domiciliario a cambio de su colaboración. Lobo reconoció el cobro y declaró que había compartido la alegría con un amigo. Hasta ahí se trataría de uno más de los escándalos de políticos corruptos que han decorado la topografía de la región, con picos en la Argentina de Menem, el México de Salinas de Gortari, el Brasil de Collor de Mello, el Perú de Fujimori y la Venezuela de Carlos Andrés Pérez. La diferencia es que mientras aquellos mandatarios sufren el escarnio social y/o el exilio, aquel amigo de Lobo asociado a su festejo, el entonces presidente costarricense Miguel Angel Rodríguez, hace tres semanas fue elegido Secretario General de la OEA, el máximo organismo regional. Entre sus funciones está velar por el cumplimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción, adoptada en Caracas en 1996 y que entró en vigencia al año siguiente.
La secretaría general que ocupa Rodríguez es el depositario del instrumento original y de sus ratificaciones, que los países miembros realizaron sin reservas. Su preámbulo afirma que la corrupción “socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos” y que el combate contra ella “fortalece las instituciones democráticas, evita distorsiones de la economía, vicios en la gestión pública y el deterioro de la moral social”. En la cumbre presidencial del año próximo, que se realizará en Buenos Aires, deben tratarse nuevas medidas contra la corrupción, algo inimaginable bajo la conducción de Rodríguez. De tal modo, su alejamiento se convirtió en condición de supervivencia de la propia Organización de Estados Americanos. Luego de resistirse durante varios días, Rodríguez se resignó a lo inevitable. Lo hizo después de que el embajador argentino Rodolfo Gil anunciara que su gobierno le retiraba el apoyo que le brindó y que fue vital para su elección. En cambio Estados Unidos, Canadá, México y Brasil habían escuchado en forma respetuosa los descargos de Rodríguez y diferido la decisión a lo que sucediera en San José. En la carta de renuncia, firmada a las 11 de la mañana del viernes, Rodríguez pidió perdón a los países miembros por el trance que les hizo pasar y habló de su dolor y su angustia.
Conspiraciones
Rodríguez ni siquiera había desmentido los hechos. Admitió que Lobo le había entregado 140.000 dólares, que empleó para hacer campaña por su designación en la OEA, pero pretendió que se había tratado de un préstamo. Por supuesto no pudo mostrar documento alguno que lo avalara ni explicar por qué ese dinero amaneció en una cuenta de su esposa en Estados Unidos. No obstante, en distintas reuniones con embajadores de países miembros invocó en su favor el principio de inocencia y denunció que se trataba de una conspiración en su contra. Ninguna de esas pretensiones es razonable. Mientras no se pruebe el delito en un juicio, Rodríguez gozará de la presunción de inocencia y no podrá ser castigado. Pero este principio básico del derecho penal no se extiende a las cuestiones políticas, donde la opinión pública tiene buenas razones para aplicar la presunción de culpabilidad. El 85 por ciento de los consultados por el diario La Nación de Costa Rica respondieron que no les satisfacía la respuesta leguleya de Rodríguez. La lentitud de los procedimientos judiciales podría dilatar una sentencia definitiva hasta la culminación del ahora abortado mandato de Rodríguez, tiempo suficiente para destruir la credibilidad de la OEA. Además, la primera solicitud para que declinara el cargo provino de su correligionario socialcristiano y sucesor en la presidencia, Abel Pacheco, y fue apoyada por el 90 por ciento de los miembros de la Asamblea Legislativa costarricense, que no tenían nada en su contra.
Las investigaciones parlamentarias demostraron, por el contrario, que si hubo una conspiración, la urdió el propio Rodríguez. Las primeras evidencias surgieron antes de la designación en la OEA pero Rodríguez consiguió que las tareas de la comisión investigadora se suspendieran durante seis meses. Esto le dio tiempo para fortalecer su posición desde un cargo que nunca antes había sido ocupado por un centroamericano. Una vez electo, Rodríguez reconoció ante la comisión la existencia de un segundo depósito sin comprobante en la cuenta de su mujer. Convertir a la OEA en un aguantadero, al estilo de lo que sucedió en el Senado argentino en otro tiempo, era un lujo que los países americanos no podían permitirse.
La reforma
Rodríguez no había empezado bien su gestión. Sus primeros pasos consistieron en suprimir la Relatoría para la Libertad de Expresión, que fue creada por la cumbre presidencial de Santiago en 1998, y rebajar la autonomía de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mediante la designación de un funcionario dependiente del Secretario General que se encargaría de la cuestión. Una fuerte reacción desde distintos sectores salvó a la Relatoría y condujo a la renovación del contrato de su titular, el jurista argentino Eduardo Bertoni. En su defensa intervinieron el canciller Rafael Bielsa, quien envió una elocuente carta a Rodríguez; el embajador estadounidense Joseph Maisto y dos influyentes senadores de ese país: el republicano Richard Lugar y el demócrata Patrick Leahy. Pero no ha sido abandonado el propósito de castrar a la CIDH, que es el órgano más efectivo de la OEA y el que más ha hecho para modificar la vieja imagen de la organización como una burocracia de parásitos o un ministerio imperial de colonias. Sus visitas in loco a los países denunciados por sus prácticas represivas han contribuido a ese fin, tanto bajo las dictaduras del pasado como en las imperfectas democracias actuales, lo cual le ha valido la inquina de muchos gobiernos.
Las reformas a la OEA son necesarias. La proliferación de cuerpos ineficientes que sólo en teoría se encargan de los temas más diversos, el mantenimiento de costosas representaciones en la mayoría de los países miembros (el ex secretario César Gaviria cerró algunas, entre ellas la de Buenos Aires) son algunos de los rubros que ayudarían a adelgazar el abultado presupuesto del organismo. Un ex funcionario chileno del organismo, de paso por Buenos Aires, ironiza sobre las formas posibles de ahorro. “Que en las reuniones de Consejo Permanente y en la Asamblea General, donde cada uno habla 15 minutos, se suprima la traducción y se disponga que todos hablen al mismo tiempo. Si total nadie escucha a los otros y sólo les importa la difusión en los países respectivos”. Pero es del todo inadmisible que con el pretexto de la racionalización se intente avasallar a la CIDH y modificar su funcionamiento sin siquiera una consulta previa con los organismos de la sociedad civil, que canalizan los reclamos ciudadanos ante el sistema interamericano. En los últimos meses, la Comisión y el Relator para la Libertad de Expresión lograron éxitos resonantes, con sendos fallos pronunciados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (que tiene sede en la capital de Costa Rica) en los casos del periodista Mauricio Herrera Ulloa, del diario La Nación de San José, y del ex candidato presidencial paraguayo Ricardo Canese, quienes habían sido condenados en sus países en juicios por calumnias por haber sometido a debate público casos de corrupción.
La sucesión
El secretario general tenía prevista una visita a Buenos Aires y Santiago la semana pasada, pero la canceló debido a la decisión de Bielsa de no recibirlo. Cuando se cruzaron en Estados Unidos hace unos días, el canciller argentino fue lapidario. “Que Dios lo ayude”, le dijo. Durante varios días nadie supo dónde estaba Rodríguez, quien reapareció en Gonaïves tras la huella del huracán Jeanne, alzando en brazos a niños fámelicos y embarrados. Estaba en campaña para resistir.
Además de Costa Rica, también la Argentina solicitó la renuncia de Rodríguez, con una frase contundente del embajador Rodolfo Gil: “Este no es un gobierno esquizofrénico, no se puede ser duro con la corrupción fronteras hacia dentro y hacer la vista gorda fronteras hacia fuera. El secretario general debe dar un paso al costado”. Esta posición decidió a la Fiscalía General de Costa Rica a llamar a Rodríguez para tomarle declaración, lo cual a su vez precipitó el desenlace. Hasta ese momento, Rodríguez se amparaba en el detalle formal de que aún ninguna autoridad judicial lo había citado. Sin la carga del cargo podrá emprender la defensa de su buen nombre ante la justicia tica. En forma provisoria lo sucederá el secretario adjunto, el estadounidense Luiggi Einaudi, el hombre del Departamento de Estado encargado de tomar notas en la reunión de junio de 1976 en Santiago de Chile durante la cual el canciller Henry Kissinger le dijo a su colega argentino César Guzzetti que los militares argentinos podían proceder a la masacre de toda disidencia siempre que lo hicieran de prisa, que es lo que ellos querían. La asamblea general ordinaria de junio próximo o una extraordinaria convocada ad hoc elegirá al sucesor. El nuevo presidente de El Salvador, Elías Saca se apresuró a reclamar que el cargo recayera en otro centroamericano. El candidato más mencionado es su antecesor, Francisco Flores, cuya estrecha identificación con George W. Bush es tanto su fortaleza como su debilidad. También circularon los nombres de dos peruanos, el ex presidente provisional Valentín Paniagua y el actual canciller Manuel Rodríguez.
País víctima de los mayores atentados terroristas cometidos en Sudamérica y devastado por la corrupción, contra la cual el nuevo gobierno ha encarado una serie de medidas de mejoramiento de la calidad institucional con participación de la sociedad civil, como la reforma de la Corte Suprema de Justicia, la Argentina podría aspirar a ese cargo para uno de sus nativos. Una candidatura bien elegida serviría también para que Chile hiciera un gesto de apoyo que dejara atrás el incidente creado por la designación del canciller Ignacio Walker. Las primeras ideas que llegaron al escritorio presidencial no entusiasmaron a Néstor Kir-
chner: el ex vicepresidente Carlos Alvarez, quien aún no ha hecho las paces con su alma, y el ex canciller Dante Caputo, enredado en una reciente gaffe fenomenal por la forma en que se difundieron los datos del estudio que condujo sobre la democracia en América. La gacetilla de prensa del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo indicó que seis de cada diez ciudadanos no rechazarían un gobierno autoritario si solucionara los problemas económico-sociales. Pero se trataba de un error de imprenta. Ese porcentaje no era del 58 sino del 38 por ciento.
Si el candidato fuera una personalidad política respetada dentro y fuera del país y con conocimiento directo de los intrincados mecanismos del sistema regional, las chances crecerían en forma apreciable. Esta descripción corresponde al identi-kit del actual viceministro de Relaciones Exteriores y ex secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Jorge Taiana, cuyo nombre agrada a Bielsa. En ese caso, el gobierno debería pensar en otro nombre para suceder al canciller si éste dejara el cargo para presentarse en las elecciones legislativas de 2005, o en otro candidato que compitiera en la Ciudad de Buenos Aires con el hombre de negocios dudosos Mauricio Macri y la señora Elisa Carrió.