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Por Lucas Rubinich *

Si hay algo que es posible proponer desde una perspectiva sociológica (generalista, no especializada) para abordar el llamado problema de la seguridad es, en principio, evitar detenerse superficialmente en algunas de las particulares intervenciones que resultan en el rescate entusiasmado o demonización, no ya de una posición, sino de algunos de los agentes sociales implicados, y considerar el conjunto del juego. La verdad, en este caso, es dar cuenta de la lógica que organiza la lucha por la verdad. Considerar entonces que para que determinadas situaciones se tomen como un problema social no basta con que sean afectadas algunas franjas más o menos importantes de la población sino que, sobre todo, debe existir un reconocimiento y una determinada legitimación de esa situación definida como problema. La violencia de hace más de una década en algunos barrios de sectores medios bajos del Gran Buenos Aires, y la distribución de cocaína barata entre los jóvenes de esos grupos, tuvo menor capacidad de construirse como un problema social que el secuestro (y en un caso la muerte) más reciente de otros muchachos de clase media alta.
En un contexto de deterioro de las instituciones republicanas en general, y en particular las encargadas de abordar la cuestión de la seguridad pública, se hace más evidente todavía lo que ocurre habitualmente en los procesos de definición de problemas sociales: hay una arena de conflicto en la que grupos e instituciones que expresan intereses diversos (interés en un sentido amplio) disputan por la imposición de una u otra definición del problema y, como en cualquier sociedad desigual y compleja, algunos de estos agrupamientos tienen mayor capacidad de imponer sus visiones del mundo que otros. El debilitamiento de la capacidad de representación del sistema político impide que éste actúe como un relativo equilibrador y entonces la pelea desigual entre sectores sociales y el peso de las fuerzas corporativas quedan, en este contexto, casi al descubierto, en crudo.
De las distintas visiones implicadas en esta lucha, la que ha logrado una mayor aceptación, con distintas variantes, es la que elabora una definición analíticamente individualista del hecho social; del delito, en este caso. Y esta definición es exitosa porque expresa una mirada de sentido común sobre lo social, reforzada por una ideología de época, que atraviesa, con distinta intensidad, miradas que aparecen inclusive confrontando. Básicamente, esto supone una concepción de la acción social indeterminada; la explicación de un punto del mundo social, sólo por las características intrínsecas de ese punto, sin considerar la dimensión relacional e histórica. Entonces el punto del mundo social que es un hecho delictivo particular; un delincuente adolescente de clase baja que roba una “cuatro por cuatro” y agrede al conductor se explica sólo en función de ese hecho y de las características del delincuente que es joven, y entonces la consecuencia de ese diagnóstico es la propuesta de bajar la edad de imputabilidad. La debilidad de las instituciones estatales y del sistema político hace que ese diagnóstico y la propuesta, que confronta con un saber específico acumulado y probado, se puedan transformar en norma jurídica. En verdad, ese punto de alta visibilidad en los medios es quizás el menos importante de una red en la que hay otras posiciones realmente significativas y relaciones complejas entre ellas: hay, por ejemplo, galpones inmensos, difíciles de ocultar, en los que se “cortan” los autos y, entonces, sin demasiada imaginación, es posible hipotetizar sobre relaciones entre zonas de las agencias públicas de seguridad, zonas del mundo político y económico local, que no sólo habilitan sino que promueven esa actividad económica ilegal y, por supuesto, un mercado que consume esos productos. El mismo ejercicio relacional se puede intentar en el caso de los jóvenes que venden cocaína barata en barrios de sectores medios bajos o en el caso de los secuestros. Claro, esto supone incorporar a la definición del problema como tal a otros actores significativos, además del delincuente y de algún ciudadano afectado por un hecho trágico que legítimamente ejerce su derecho de peticionar ante las autoridades.
* Director de la carrera de Sociología UBA. Director de la revista Apuntes de Investigación.