EL PAíS › INFORME SOBRE LAS CARCELES BONAERENSES

Un sistema perverso

La Comisión por la Memoria presentó ayer su informe sobre el Servicio Penitenciario Bonaerense. Las prisiones dentro de un sistema cruel que requiere con urgencia una política de Estado.

 Por Victoria Ginzberg

El sistema penitenciario “es perverso, mafioso; las cárceles son depósitos de detenidos, son campos de concentración”, definió el fiscal federal y copresidente de la Comisión provincial por la Memoria, Hugo Omar Cañón. Fue ayer, cuando se presentó el Informe sobre corrupción, tortura y otras prácticas aberrantes en el Servicio Penitenciario Bonaerense realizado por ese organismo de derechos humanos.
El informe de la comisión –adelantado ayer por Página/12– abarca el período 2000-2004 y señala que en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, “la cantidad de casos de tortura y apremios ilegales, su recurrencia en los distintos penales y la autoridad de sus autores permiten describir un sistema cruel y perverso que ha logrado perpetuarse y que requiere la urgente implementación de una política de Estado”.
“El sistema de la crueldad –como se titula el informe– es un sistema instalado, tolerado y no desactivado por las autoridades y consentido por la sociedad” que mira para otro lado, afirmó Cañón.
Además del fiscal, participaron de la presentación, que se realizó en el Teatro Argentino de La Plata, Adolfo Pérez Esquivel, copresidente de la comisión; Alejandro Mosquera y Carlos Sánchez Viamonte, del Comité contra la Tortura de la comisión, y José Miguel Vivanco, de Human Rights Watchs.
Pérez Esquivel comenzó enunciando que “democracia y derechos humanos son valores indivisibles” y que, “si se violan los derechos humanos, la democracia se debilita y deja de serlo”. Afirmó, además, que “hay problemas estructurales heredados fundamentalmente de la dictadura y de la institución penitenciaria y policial”. Reconoció que “el gobierno de la provincia, con la reforma policial, está avanzando en superar el problema, pero –añadió– si se proyectan estos datos a todo el país, se trata de una situación muy preocupante”.
Mosquera y Sánchez Viamonte se refirieron a la confección del informe que el jueves fue entregado al gobernador Felipe Solá.
El primero relató que no se buscó analizar casos aislados sino encontrar patrones de conducta de la realidad intramuros. Como ejemplo de las condiciones que soportan los presos, mencionó la Unidad 23 de Florencio Varela –inaugurada en 1997–, que tiene 340 plazas y 824 internos. “Muchos no tienen camas. Las duchas sólo tienen agua fría. En las ventanas faltan los vidrios y, para protegerse del frío, se colocan frazadas en las aberturas, de modo que no hay luz natural. En los módulos A y B hay 3 baños para 200 internos”, describió. También leyó un párrafo del informe que resume los malos tratos a los que son sometidos los detenidos: “torturas, paliza, asfixia por ‘submarino’, aplicación de descargas eléctricas, golpes en las plantas de los pies con objetos contundentes, duchas heladas a la madrugada, música funcional a todo volumen. En las distintas cárceles del Sistema Penitenciario Bonaerense el sistema se repite: hay un lugar especial para hacerlo y un método. Todo el personal está involucrado y participa de alguna de las etapas. Todo el procedimiento está dirigido por las máximas autoridades del penal”.
Sánchez Viamonte contó que aunque la Corte bonaerense obligó a los jueces a contestar los pedidos de informe de la comisión, sólo un 30 por ciento de los magistrados cumplió con esa medida. A pesar de eso, y a pesar que la mayoría de las torturas que reciben los presos no son denunciadas ni investigadas, se relevaron 3241 expedientes que tratan sobre estos temas.
“Desde hace tiempo, hay una preocupación por el sistema carcelario y por la violencia policial, pero no se registran progresos. Lo que ocurre en Argentina no es único en la región, los abusos en las prisiones son el pan de cada día en Estados Unidos, México, Brasil, Centroamérica y Venezuela”, señaló Vivanco. El representante del organismo internacional de derechos humanos agregó además que “existe una demanda genuina por mayor seguridad, pero desgraciadamente con eso se da carta blanca a la conducta de la policía, al gatillo fácil, las torturas y el encarcelamiento desospechosos sin juzgamiento por más tiempo de que estarían en prisión si se los encontrara culpables”.

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