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Los fantasmas de los muertos en Cromañón desataron la polémica. El ex secretario de Seguridad porteño Juan Carlos López, renunciante luego de la catástrofe del 30 de diciembre, cargó las responsabilidades del control de seguridad de la disco directamente sobre la Superintendencia Federal de Bomberos, encargada de certificar si se cumplen los requisitos de seguridad en caso de incendio. Según López, en mayo pasado los bomberos habían aprobado la seguridad de Cromañón. “Si la media sombra (donde se inició el incendio) estaba puesta desde hace tiempo y los bomberos no la vieron, los bomberos son ciegos o fueron coimeados”, dijo López a Página/12. Más tarde, el propio jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, agregó críticas en la misma dirección. La Federal, de quien dependen los bomberos, respondió desmintiendo que se hubieran producido renuncias en sus jerarquías y que tampoco se habían iniciado sumarios administrativos por la habilitación porque “no hubo anomalías en su actuación”.
Aunque el desastre se produjo durante la noche del 30 de diciembre pasado, la polémica comenzó a sobrevolar otra fecha: el 12 de abril de 2004, según aseguró a Página/12 el ex secretario de Seguridad porteño Juan Carlos López, la Superintendencia Federal de Bomberos había certificado que República Cromañón cumplía con todas las medidas de seguridad contra incendios.
Ayer, tanto López como el propio Ibarra salieron públicamente a poner el acento en que la certificación de las medidas contra incendios corre por cuenta de la Superintendencia de Bomberos, a cargo del comisario general Vicente Herrán, organismo que no corresponde a la esfera porteña sino que es una de las superintendencias en que se subdivide la Policía Federal, dependiente de la Nación.
“La ley dice que la verificación de seguridad contra incendios la hace Bomberos –aclaró López a este diario–. En un boliche se hace una vez por año. Al año, se pide a Bomberos que actualicen la certificación. Todo indica que para certificarlo tienen que ir al local y constatarlo visualmente. Si la jueza comprueba que la media sombra estaba hace tiempo, Bomberos tendrá que dar las explicaciones que correspondan ante la justicia.”
Entre las críticas que se lanzaron sobre el gobierno porteño, una apuntaba a su responsabilidad por la ausencia de medidas de seguridad para combatir el incendio. Por eso, ayer durante una conferencia, el propio Ibarra descargó responsabilidades sobre los bomberos (ver aparte).
El gobierno porteño entregó a la jueza María Angélica Crotto los papeles que componen el expediente de República Cromañón. Le entregó el expediente de habilitación, del año ‘97, extendido a Lagarto SA. Ese expediente es el que habilita al local como de baile clase C para 1037 personas, con los planos de obra. También le entregó un expediente de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, también del gobierno porteño, realizado en noviembre de 2003. Fue la última inspección global. Estaba extendida también a Lagarto pero no de la época de Cromañón sino de la bailanta El Reventón. “Esa inspección global decía que el local era poco menos que Suiza”, describió López. El ex funcionario también recordó que la Dirección de Habilitaciones que había extendido el certificado suizo era el mismo cuerpo que ese mismo mes fue disuelto porque “era un nido de corruptos”.
En lugar del nido se fue organizando la Unidad Polivalente de Inspecciones, encabezada por Fabiana Fiszbin. Ayer, Fiszbin presentó su renuncia, siguiendo los pasos de su superior, Juan Carlos López. Cuando fue designada Fiszbin, para realizar inspecciones sólo había 30 inspectores. Hasta la fecha habían llegado a 220, fueron capacitados 190 más. “Teníamos que llegar a 500 como objetivo que nos habíamos impuesto”, explicó López.
Además, entregaron un oficio de la comisaría 7ª, de fines de febrero de 2004. En ese oficio, la comisaría pedía al gobierno porteño que se realizaran inspecciones a cinco locales de la zona de Once. “La inspección se hizo –señaló López–, pero de ahí surge que el local estaba cerrado. Alguien le informaba a la policía que el local no estaba en funcionamiento en ese momento.”
El siguiente expediente entregado a la jueza corresponde al 12 de abril de 2004 y constituye el ombligo de la polémica: se trata de dos notas expedidas por la Superintendencia Federal de Bomberos. Ambas firmadas por el jefe de la División Prevención, comisario Alberto Conrado Corbellini. Cada nota está compuesta por un listado de comercios. Una corresponde a los locales que cumplen con las normas de seguridad contra incendios. La otra está compuesta por 25 locales que no cumplían con esas normas. El informe de Bomberos indicaba que “la actividad bailable implica un riesgo mayor, acorde al desarrollo de la misma, material y conductas humanas”. Los 25 locales fueron clausurados, tal cual lo indican las normas. República Cromañón no: figuraba en el listado de locales que cumplían con las normas de seguridad. Según Ibarra, ya en noviembre de 2003, el local no había invertido 120 mil pesos para acondicionar el lugar de acuerdo a las exigencias.
Este diario intentó comunicarse con Herrán, pero no recibió respuesta. El comisario inspector Daniel Rodríguez, jefe de Comunicación Social de la Federal, aseguró que “no se produjeron renuncias ni se iniciaron sumarios administrativos porque no hubo anomalías en la actuación de Bomberos”.
Ayer, Ibarra insistió en la responsabilidad de Bomberos en la habilitación de la seguridad (ver aparte). “En los locales bailables el control de aptitud contra incendios no lo hace la Ciudad sino Bomberos, y éste estaba actualizado”, afirmó el jefe de gobierno porteño.
“Las inspecciones se hacen por denuncias –describió López–. Y de Cromañón nadie había presentado una denuncia. Tampoco un inspector está capacitado para determinar si se cumplen o no las normas de seguridad contra incendios. Para eso están los bomberos. El inspector lo que hace es verificar que estén los papeles que corresponden. Si no tiene la certificación de Bomberos, entonces corresponde la clausura inmediata. Esa verificación es formal. El inspector no analiza si las normas de seguridad se cumplen o no. Sólo comprueba que estén los papeles correspondientes. Es lo mismo que un policía, cuando para un auto y le pide el registro al conductor. El policía no le toma un examen de manejo para determinar si el registro fue bien expedido o el tipo lo compró o de qué forma lo obtuvo”.