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Si se aguza la mirada tras el primer vistazo, es patente que las críticas de Roberto Lavagna a la entente CGT-UIA habilitan varias discusiones que se prorrogarán durante todo el año. El ministro de Economía, alertando sobre una inflación de expectativas, propone un cambio de rumbo en lo que fue la política salarial del Gobierno en 2004. También se encarniza con Hugo Moyano, un aliado oficial que se las trae. Y, aunque no se diga, escala un poquito su eterna interna con su par de Planificación, Julio De Vido. Se discuten políticas económicas pero también política a secas. Quizá por eso nadie del Gobierno ratifica los dichos de Lavagna, pese a que cuentan con alto consenso en la Casa Rosada y en el Ministerio de Trabajo.
Si se arrima aún más la mira, surgen otros nombres a tener en cuenta en las relaciones entre el kirchnerismo y la cúpula gremial, el del inefable Luis Barrionuevo, el de Ricardo Jaime. Vamos por partes.
La gestión Kirchner es mucho más proclive al paso a paso, a la sucesiva acumulación de tácticas que a las políticas de mediano o largo plazo. Los salarios no son excepción a esa regla. Cuando se habla de “política de ingresos”, en puridad se estiliza una serie de decisiones bastante congruentes pero tomadas en fila india, de a una en fondo, como le cuadra al Presidente. Esto asumido, subrayemos que en 2004 el Gobierno se inclinó a dinamizar el consumo y la redistribución de ingresos mediante la elevación del salario mínimo vital y móvil (SMVM) y las subas generalizadas por decreto. La política incluyó la convocatoria del Consejo del Salario, con una integración plural, que sumaba a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y corporaciones representativas de pequeñas y medianas empresas. El ámbito se transformaba así en muy representativo, sí que concebido con una lógica de mayorías y minorías en el que la CGT y la UIA seguían primando. El esquema, no desapegado del todo de la realidad, era sugestivo. Lo cierto es que una vez concertada una importante suba del SMVM (que laudó el Gobierno, “jugando a más”) el Consejo está en el freezer.
Las reuniones entre la UIA y la CGT, que encolerizan a Lavagna, no pueden cabalmente sustituir a ese ámbito oficial y plural, pero apesta a que intentan hacerlo puenteando una instancia colegiada. La CTA denunció ese juego y es difícil no compartir sus prevenciones. Las de Lavagna van por otro lado, acusa a dirigentes sindicales y empresarios de urdir retóricamente un clima de expectativas que puede incitar la inflación.
Aunque no lo diga en voz alta, al ministro también le fastidia la intervención de Julio De Vido en la urdimbre de esos encuentros. De Vido y el secretario de Obras Públicas, José Francisco López, fueron nervios motores amén de redactores de un documento de trabajo, debatido con dirigentes gremiales y patronales. Los “consensos macroeconómicos” del documento no se diferencian del accionar del Gobierno. Propugnan la necesidad de superávit primario, tasas de interés compatibles con los standards internacionales, inflación idem, dólar “competitivo” (es decir muy alto), redistribución del ingreso. Lo que incordia a Lavagna es que en ese espacio se construyan, a su ver, visiones simplistas sobre los efectos de aumentos salariales inconsultos. Aumentos que, por lo demás, la UIA y la CGT no concretan pues su diálogo concreto ha entrado en una nebulosa.
A Lavagna también le da tirria, aunque nadie en su torno lo admita, cómo operan allí De Vido y López. Este es uno de los pocos (pasibles de ser contados con los dedos de una mano) secretarios de Estado que tienen acceso directo al Presidente sin mediación del ministro del ramo. Santacruceño por adopción, admirador de Carlos Mugica (cuyo retrato orna su despacho), entusiasta, con una locuacidad que brota a borbotones, López dialoga con Kirchner con más asiduidad que algunos ministros.
A Lavagna no lo entusiasma que dos pingüinos “armen política” con la CGT, que invadan su competencia en materia salarial. Y por eso replica y reprocha en voz alta. En eso está, de momento, sin compañía visible. En los recelos respecto de Hugo Moyano lo acompañan, silentes, muchos de sus compañeros de gabinete. No todos, ya se dijo.
Abran paso
“Ya tiene el transporte de medicamentos del Plan Remediar, el de Correos, la basura. Si consigue la logística de comercio podrá ‘parar el país’ con su sindicato y la UTA. Si llega a eso, casi ni precisará ser secretario general de la CGT”, exagera con fines pedagógicos un funcionario baqueano en la interna sindical. Pero Moyano sí quiere ser, él solito, líder de la central sindical y nada parece interponerse en su camino. Abran paso, que se viene el camionazo.
El crecimiento de la actividad de transporte, ocurrida en el ’90, benefició mucho al líder camionero. El desguace del ferrocarril, la desregulación feroz del mercado aéreo, hasta los retiros voluntarios reconvertidos en remises urdieron en alquimia uno de los pocos sectores que creció en los tiempos de Carlos Menem. La industria perdió peso relativo. El transporte sobre neumáticos pasó a ser hegemónico y Moyano supo aprovecharlo. Sabe pelear sueldos, se hizo astuto en eso de ganar la calle con muchos muchachos munidos de visibles gorritas verdes, dispuestos a poner un sopapo o algo peor, si la ocasión calza.
Antaño “parar el país” requería el apoyo de los gremios de transporte urbano, del tren, de las fábricas. Ahora con camiones, subtes y colectivos alcanza. Si de armar un polo confrontativo con el Gobierno se habla, la CGT sería la guarnición del asado, la carne la puede munir Moyano.
Mordaz, aguerrido, peleador, plebeyo como ya no son todos los jefes sindicales, el Negro Moyano va en camión a quedarse con el secretariado de la CGT. El Gobierno hasta ahora lo fue tratando bien, entrada expedita al despacho presidencial incluida. Los resultados son opinables y dan que hablar intramuros de la Rosada, sí que en sordina.
Quienes defienden a ultranza el estilo K, atribuyen a Kirchner el designio (y la capacidad) de contener a esos aliados-no-tan-aliados. El Presidente, explican sus allegados, dialoga con ellos, los contiene aun psicológicamente, y así los modera bastante. Los ejemplos virtuosos de esa praxis serían los piqueteros, Hebe de Bonafini, Moyano. Hasta Juan Carlos Blumberg, si se salta a otro lugar del espectro ideológico. En los pasillos de la Rosada se ilustra el ejemplo comentando que el ministro del Interior, Aníbal Fernández, quien esta semana dialogó con la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, tiene en su escritorio una agenda de ese organismo de derechos humanos, con una dedicatoria que le dice “compañero” y que firma la propia Hebe de Bonafini.
Conocer el argumento no importa compartirlo. En la relación entre el oficialismo y Moyano, si se miran las últimas movidas, el sindicalistaparece haber cedido poco. En sus reclamos, en su estilo muy desentendido de la opinión media (a la que el Gobierno nunca le quita el ojo). Por no hablar de sus aliados, comenzando por Luis Barrionuevo, sospechado en varios despachos VIP de ser el poder detrás del trono de Moyano.
Chaca tiene aguante
Los peronistas suelen ser ávidos de poder, pero ha de haber pocos que le entren por tantas puertas como las que sabe abrir Luis Barrionuevo. Es dirigente sindical, pero también político con implantación territorial en una provincia y en un partido del Conurbano. También conduce un club de fútbol. Y casi nadie duda acerca de que es empresario, no ya en su rama de actividad gremial (una creciente desviación de muchos sindicalistas), sino en el área de sanidad. Graciela Ocaña, interventora del PAMI, se ha hecho baqueana en eso de encontrar huellas (casi nunca dactilares, que en eso Luisito tiene experticia) de movidas, lobbies o cosa peor, de Barrionuevo en zonas de su gestión.
La influencia de Barrionuevo respecto de Moyano es un dato (no un espejismo) que preocupa al gobierno nacional. El gastronómico, cabe precisar, ya no es “de Menem” ni de nadie. Barrionuevo es de Barrionuevo, como cuadra a un dirigente con peso propio y proyecto personal irrenunciable. Pero es ostensible que ese proyecto tiene poca tangencia con el que pregona Kirchner, por caso, cuando habla en el Conurbano bonaerense.
Barrionuevo ha sabido ponerse cerca de Moyano en el tironeo que éste tiene con los “gordos” de la CGT y lo acicatea en su puja con Armando Oriente Cavalieri. En el interior de los pasillos de la CGT, Luisito tiene un savoir faire mayor que Moyano y, por ahora, lo pone a su servicio. Nunca será gratis, pierda cuidado.
El liderazgo paralelo de Barrionuevo se expresa en gestos simbólicos cada vez más frecuentes. Muchas reuniones de dirigentes gremiales de primer nivel se realizan en su sindicato. La liturgia sindical, como toda liturgia, no deja puntada sin hilar. La condición de local no está librada al azar, ni carece de sentido. El local, como ocurre en el Nacional B que disputa Chacarita, tiene sus ventajas, la primera de todas el de ser reconocido como convocante. Todas las semanas hay reuniones decisivas en torno de Barrionuevo, reconociéndole la simbólica condición de anfitrión. La que termina hoy no fue la excepción.
Un Bocha que piensa
Luis Barrionuevo es un aliado reciente de Moyano. Juan Manuel Palacios lo ladea desde hace añares, hay que remontarse como mínimo a 1994, cuando ambos fundaron el Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA). Barrionuevo sabe moverse entre cortinados o bramar ante los micrófonos, El Bocha Palacios se restringe a la charla en mesas chicas. Ambos tienen, empero, un denominador común digno de mención, que es su privilegiada relación con Enrique Nosiglia.
“El Bocha –elogia Coti Nosiglia a quien pueda oírlo– es el más pensante de los dirigentes sindicales.” Claro que se trata de una opinión, discutible como todas. Pero vale resaltar que Nosiglia tiene background para opinar. Sus periódicas reuniones con Palacios, para “hablar de política” datan de muchos años atrás. Muchas suelen hacerse con mariscos o peces cocinados a la española de por medio, una debilidad de ambos dirigentes.
Palacios también comparte paellas con el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, uno de los interlocutores que le ha destinado el Gobierno. Kirchner, cuentan confidentes de palacio, no confía en el gremialista pero prefiere “contenerlo” y estar al tanto de lo que hace. El mundo del transporte, la relación entre gobiernos, sindicalistas y empresas no se caracteriza por su transparencia. Los límites respectivos son usualmente borrosos, demasiado borrosos. La actual Secretaría de Transporte no da la traza de alterar ese modus operandi.
Los conflictos ligados al transporte de pasajeros recorren una saga asaz conocida. Estallan virulentos en momentos cúlmine de vacaciones, enardecen a los pasajeros. ponen en jaque a los gobiernos, se resuelven (o se empiojan, según) demasiado velozmente.
Esta Semana Santa no se trasgredió la regla. Palacios escaló un paro sin instancias previas, a velocidad irritativa para el Gobierno. Luego se calmó, de modo llamativamente veloz, mientras iba hacia Trabajo, convocado de arrebato a una conciliación obligatoria. En el breve trayecto levantó la huelga.
Lo que medió (es otro secreto oficial a voces) fue una llamada telefónica de Julio De Vido, quien también tiene con Palacios teléfono rojo y trato deferente.
Las vinculaciones de funcionarios oficiales con figuras gremiales no son ilícitas (más vale) ni despreciables por sí mismas. Nada obsta a que tejan acuerdos políticos como los que urden Moyano-Palacios con De Vido. Pero su sobreimpresión con una lógica corporativa, ligada al pasado, debería prender luces amarillas en la Rosada.
Kirchner ha venido proponiendo una restauración de la política, una variación enérgica de sus códigos, una procura de su autonomía respecto de las corporaciones. La decisión presidencial de restringir el acceso de los poderes fácticos a los despachos de la Rosada fue una de sus movidas más refrescantes. No todo su equipo funciona en similar sintonía.
El modo en que se imbrican el mundo del transporte, el sindicalismo del sector, los funcionarios de infraestructura o de comunicaciones se asemeja demasiado al pasado.
Examen de ingreso
Kirchner se entusiasma imaginando un acuerdo social aunque no tan pretencioso como el Pacto Social del ’73 ni tan vasto como La Moncloa. Lavagna piensa en un acuerdo corporativo antiinflacionario. Más allá de la falta de delimitación de ambas iniciativas, bastante similares, cabe reconocer que son sugestivas.
Claro que, de momento, ni el Gobierno ni las representaciones de trabajadores o empleadores están a la altura. Las corporaciones empresarias argentinas han tenido históricamente comportamientos patéticos. El Presidente dice anhelar una burguesía nacional, una modesta utopía que luce inalcanzable cuando se pasa lista a los actores reales del empresariado nativo: los Ma-
ggio que comandan SW, los Macri, los Bulgheroni, los Hadad, siguen las firmas.
La bronca oficial con la UIA y la CGT es válida pero si el oficialismo hiciera introspección debería preguntarse por qué desactivó el Consejo del Salario, una de sus escasas iniciativas de participación desde mayo de 2003. Estructura en la que (lo cortés no quita lo pragmático) las corporaciones más tradicionales y poderosas conservaban peso decisorio pero debían hacerse cargo del debate con grupos más aguerridos y críticos. La política salarial que empuja Lavagna ronda el riesgo de simplificar en exceso un tema complejo. En verdad, restringir la política de ingresos a política salarial es elegir un ángulo demasiado restrictivo, pues deja afuera a los trabajadores desocupados.
Economía quiere ensanchar la pirámide salarial premiando más a trabajadores especializados, un objetivo que sería aceptable si se asumiera que es necesario elevar mucho la base. Economía parece apostar a un crecimiento similar al del 2004, pero es muy discutible que más de lo mismo impacte en el universo de los inempleables o mejore la distribución del ingreso.
El salario de quienes laboran es una importante variable de un conjunto más complejo. El Gobierno sigue remolón para establecer una agenda a la altura de todas las necesidades. Una política universal de ingreso ciudadano, un seguro de capacitación y empleo para los que capacitan para obtenerlo, un salario mínimo bastante superior al actual, son exigencias sensatas para un gobierno que ya se acerca a la mitad de su mandato. Son también, en el campo de los hechos, asignaturas pendientes.