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La jueza de instrucción Silvia Ramond rechazó nuevamente un pedido de excarcelación de los presos de la Legislatura. Los abogados de los quince detenidos habían presentado esa solicitud basándose en los fallos que beneficiaron a Omar Chabán y a María Julia Alsogaray. Lo hicieron con una denuncia de discriminación, al plantear que “no puede haber un criterio para María Julia o Chabán y otro si el preso no es rico ni famoso”.
La jueza Ramond, sin embargo, ratificó el criterio de que las figuras penales por las que están imputados no permiten la excarcelación.
Los quince presos de la Legislatura están detenidos desde el 16 de julio. Fueron arrestados luego de una protesta contra el nuevo Código de Convivencia. Ese día los diputados debían tratar una serie de reformas legales que afectaban las posibilidades de trabajo de vendedores ambulantes y prostitutas, y criminalizaban el conflicto social.
Vendedores ambulantes, prostitutas, desocupados y estudiantes se reunieron en una coordinadora que convocó a una movilización. Poco antes del horario de inicio de la sesión, cuando los manifestantes llegaron frente al edificio, las puertas de la Legislatura fueron cerradas y se prohibió el ingreso al público que quería presenciar el debate. Al mediodía, un grupo de personas con las caras tapadas comenzó a tirar piedras contra el edificio y trató de tirar abajo su puerta. El grueso de los manifestantes retrocedió y miró de lejos los incidentes, que se extendieron durante cinco horas, mientras la policía dejaba el campo libre. Terminados los desórdenes, policías de civil detuvieron a 23 personas. Hubo arrestos mientras esperaban el subte o estaban comprando cigarrillos en un kiosco, es decir, a varias cuadras del lugar y en algunos casos varias horas después de los incidentes.
Ocho de los detenidos fueron liberados, pero el resto quedó procesado por coacción agravada, privación ilegítima de la libertad y daño calificado. La jueza consideró que eran autores de los incidentes, que habían provocado para “amedrentar a los diputados”. Ramond sostuvo asimismo que este accionar había impedido salir del edificio a los legisladores.
Los abogados defensores plantean que la jueza forzó los hechos para acusar a los presos por delitos no excarcelables. “Fueron a manifestar y terminaron acusados de cosas que no cometieron”, dijo Héctor Trajtemberg, de la Liga por los Derechos del Hombre. “Si alguien rompió un vidrio, que lo acusen por romper un vidrio, pero ¿coacción agravada y privación ilegítima de la libertad?”. El grueso de los detenidos sostiene, además, que no participó de los disturbios.
“Chabán, María Julia, Grassi, Menem y Cavallo, todos fueron excarcelados”, sostuvo Andrés Slavin, defensor de uno de los presos de la Legislatura. En su pedido de excarcelación, el defensor planteó que no se respetó el principio constitucional de igualdad ante la ley. Tampoco, señaló, el de presunción de inocencia.
Los familiares y los amigos de los presos realizarán hoy a las once una marcha frente a los Tribunales de Lavalle y Talcahuano. Anticiparon que apelarán la decisión de la jueza. Al mismo tiempo, están pendientes de lo que pueda suceder con la elevación del expediente a juicio oral. Sucede que el fiscal de primera instancia, Claudio Soca, quien debe hacer el requerimiento de elevación a juicio, pidió una nueva prueba antes de redactarlo: que se cite a declarar a los legisladores porteños, ya que muchos diputados ya aclararon que no se sintieron coaccionados. La jueza se opuso a que se tomaran esas declaraciones. Los familiares de los presos tienen por esto cierta expectativa de que el fiscal desista de acusar a los presos por coacción agravada al elevar el caso, con lo que recuperarían de manera automática la libertad.