EL PAIS › OPINION

La discusión entre el Gobierno y los jueces desde los dos lados del mostrador

 Por Mario Wainfeld

Cuando conoció el estrago en República Cromañón, el ministro de Justicia, Horacio Rosatti, comenzó a buscar un integrante de la Corte Suprema que se hiciera presente en el lugar de la tragedia. Muchas tareas debía cumplir un Supremo allí. Era un mal momento, 30 de diciembre a la noche, con el año nuevo y la feria judicial encima. Rosatti hizo algunas llamadas y sólo dio con Eugenio Raúl Zaffaroni. “¿Está viendo Crónica TV, doctor?” Zaffaroni, diríase previsiblemente, no andaba en eso. Rosatti le explicó lo que sucedía y le pidió que fuera a Plaza Once. En menos de una hora, trajeado y con corbata, Zaffaroni estaba allí y prolongó su presencia y su accionar hasta bien entrada la madrugada. Queda dicho, fue el único cortesano que puso el cuerpo.
Ayer y hoy Zaffaroni hizo inteligentes y sensatas declaraciones referidas a la infortunada retórica del Gobierno con relación a la decisión que excarceló a Omar Chabán. Como en aquella ocasión desdichada, el oficialismo debería festejar la correcta conducta institucional de Zaffaroni, quien supo diferenciarse con altura y responsabilidad de hombre de Estado del gobierno que promovió su designación. Julio Nazareno jamás hubiera obrado igual, ni el día del siniestro ni ante la polémica pública.
Su accionar es un galardón para quienes lo promovieron. La Corte, acertada o no, no se alinea automáticamente con el Ejecutivo.
Un dato central, positivo, en días excitados en que demasiados protagonistas han cometido errores de distinto fuste.
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“Todos deben medir la consecuencia de sus acciones. Estos jueces han sido funcionales a la peor derecha. El garantismo verdadero ha retrocedido varios casilleros” (de un prominente ocupante de la Casa Rosada, abogado él).
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El garantismo no es una secta de juristas trasnochados. El garantismo surge de la Constitución nacional, incluidos los tratados internacionales que la integran. El derecho penal argentino, a partir de esos textos a los que deben ajustarse todas las leyes, se funda en la presunción de inocencia, que casi todo el mundo menciona. Pero va más allá. También prima el principio “in dubio pro reo”, aún más vasto. Establece que toda duda en el proceso debe saldarse a favor del acusado. Si se duda entre dos normas aplicables, debe optarse por la más benigna. Si se duda sobre la calificación entre dos delitos, debe elegirse el de menor condena.
Si se duda sobre si un procesado tiene intenciones de profugarse o entorpecer el trámite de la causa, debe fallarse que tal intención no está probada.
El artículo 18 de la Carta Magna determina que nadie puede ser sujeto a penas sin sentencia previa dictada por juez competente. La prisión preventiva durante el proceso es una excepción a ese principio básico, basal en la tradición de Occidente. Las excepciones se interpretan de modo restrictivo, en caso de duda a favor del acusado.
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“Antes de decidir si Chabán tuvo intenciones de profugarse los camaristas pidieron ‘la boleta’, esto es el comprobante de los bienes que lleva el ciudadano cuando es llevado preso. Chabán no tenía documentos de identidad, llaves de auto, ni una cantidad relevante de dinero. Estaba en una suerte de atelier que figura en sus documentos como domicilio, donde ha realizado sus actividades públicas. La conclusión era ineludible: no había ánimo de rehuir la justicia. Hay quien dice que nunca se entregó. Nadie tiene, legalmente, esa obligación”, sintetiza una fuente con acceso directo al despacho de sus Señorías.
“–¿Y la plata de la recaudación, que dicen se llevó?”, se interesa Página/12.
–No la tenía, se lo aseguro, ni tarjetas de crédito, ni de débito. Por lo que se sabe, hay buenas chances de que la recaudación que se la hayan llevado los representantes de Callejeros.
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Gustavo “Negro” Bruzzone y María Laura “Malala” Garrigós de Rébori fueron nombrados camaristas por este gobierno. Sus colegas se dividen entre los que dicen que aplican a rajatabla las garantías constitucionales y quienes los acusan de ser fundamentalistas de principios válidos. Son minoría dentro de los integrantes del Poder Judicial que integran y han sufrido desdenes, discriminaciones y postergaciones por eso.
Página/12 habló con jueces y funcionarios avezados de variadas procedencias y pareceres. Todos coincidieron en señalar que “esos jueces” aplicaron en esa causa de un ciudadano rico y famoso los mismos criterios con que disponen a diario excarcelar a delincuentes que pertenecen a los sectores más pobres de la sociedad. Hay una Justicia para pobres y ricos en Argentina pero no la encarnan, en su praxis diaria, esos magistrados.
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“Justicia independiente sí, justicia corporativa no.” Kirchner cifra su pensamiento ante sus fieles y estos salen a reproducirlo. El Presidente está persuadido (y si él lo postula en la Rosada nadie titubea) de que las campanas de las liberaciones de María Julia Alsogaray y Chabán doblan por él.
Página/12 señala a un protagonista de primer nivel del Ejecutivo que hay una campaña de la derecha que va por la cabeza de Bruzzone y Garrigós de Rébori. Blumberg en marcha, Jorge Casanovas pidiendo el juicio político. “No se engañe –sugiere el empinado interlocutor–, la derecha no va por esos jueces que ni son conocidos. Va por Kirchner.” Y agrega que el gobierno, no piensa ni ha pensado ni pensará pedir juicio político a los jueces en cuestión. “Lo único que sugerimos es que se apelara.”
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La apelación del Presidente a “la gente” en materia penal es riesgosa. Este gobierno atravesó una experiencia previa que no fue feliz. Cuando “la gente” enardecida por la sensación de inseguridad colocó a Blumberg en el primer plano de la política local, el oficialismo replicó con un conjunto de leyes vergonzosas, poco serias, dictadas al son de un protagonista cuyo dolor merece respeto pero cuyas opiniones jurídicas son de temer. Leyes de nula prudencia e improbable constitucionalidad que el parlamento dominado por el PJ votó con la celeridad irreflexiva que es su norma básica de procedimiento.
Esos sucedidos, de hace apenas más de un año, configuran un precedente que preocupa, aunque circunstantes de Kirchner caracterizan, fuera de micrófono, a Blumberg como “el mejor proyecto de la derecha”, esto es de lo que definen como su tozuda, omnipresente, oposición.
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Este cronista escribió el domingo que la decisión de los camaristas fue incorrecta por carecer de tino político. Integrantes de un poder del estado, los jueces deben ponderar las consecuencias sociales de sus resoluciones. Uno de los magistrados que concuerda con el pensamiento de Bruzzone y Rébori compara ese discurrir con una doctrina aplicada durante el nazismo. Las decisiones, amén del derecho escrito, debían contemplar “los sanos sentimientos del pueblo alemán”. La frase fue traída a cuento por un comunicado por la Cámara Criminal que respaldó en su conjunto a Bruzzone y Rébori.
Amén de periodista, este cronista es abogado UBA recibido hace casi 35 años, con más de un cuarto de siglo de litigar. Sigue opinando que un sentenciante debe tener en mira, lo que no quiere decir acatar, la temperatura social. Su interlocutor le insiste que pensar en eso es arriesgarse a una lógica de linchamiento.
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Bruzzone y Rébori se diferencian del cardumen de jueces de Comodoro Py por su pensamiento, su trayectoria, su modo de juzgar y aún por el de vestir. Seguramente ha de haber entre ellos enormes diferencias patrimoniales, adivinen a favor de quién. Todos esos jueces han salido a defenderlos de frente al Gobierno, lo que produce alineamientos, que el autor de estas líneas juzga indeseables. El Gobierno los tilda de corporativos. Algo de eso ha de haber si se toma en cuenta que la misma Cámara que banca a sus colegas es la que tiene encerrados a quienes atacaron la Legislatura, denegándoles tenazmente la encarcelación (ver información adicional en la página 6). No es entonces, la comunidad del pensamiento jurídico lo que los aúna.
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Disentir con una sentencia no puede equivaler a decir cualquier cosa acerca de quienes las redactaron, en línea con sus convicciones. En demasiados medios (y por ser franco en algunos despachos de postín) se propinan dislates de nulo sustento legal y riesgoso sesgo ideológico. Algunos comunicadores (y algún funcionario desprevenido) asignan sorprendente importancia a la condición de “trasgresor” de Chabán. El tipo es un excéntrico, un hombre del arte, comentan como si eso importara algo. La conclusión viene como por tubo. Un trasgresor, un raro, un monstruo no merece el amparo de la regla penal, la presunción de inocencia, la libertad durante el proceso.
La Constitución estipula que todos los hombres son iguales ante la ley. El Código Civil determina que son personas todos los seres que tienen características de humanidad, sin distinción de cualidades ni accidentes. Aunque usted no lo crea, eso abarca a los transgresores, los raros, los que discriminan las radios que “más gente” escucha. Las normas legales son claritas, habría que echarles una ojeada de tanto en tanto.
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“No se engañe, la excusación de Bruzzone y Garrigós de Rébori no fue una cobardía ni una fuga. Fue un gesto dirigido a medir el compromiso de sus colegas jueces. Si los magistrados que los suplen los confirman, se darán por respaldados y seguirán a fondo, firmes con sus convicciones. Si los dejan solos, es otro cantar”, comenta un baqueano en los pasillos de tribunales. Este diario informó ayer que es bien posible que la excusación sea rechazada.
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“Kirchner fue quien llevó a la Corte a jueces de la talla y las convicciones de Carmen Argibay y Zaffaroni. Con su fallo, estos jueces, por su dogmatismo, generaron un escándalo que el Presidente tiene el deber de calmar. ¿Qué no podía pasar el viernes si Kirchner no hablaba?”, podría sintetizarse la tesitura oficial que tiene parte de razón. Quizá debería sazonarse con una relectura del lenguaje imprudente del propio Presidente y otros funcionarios empinados. Y agregarle que el Gobierno está en mora con la depuración de Comodoro Py, cuyos ocupantes son más sinuosos, de mayores astucias tácticas que quienes fallaron el caso Chabán. Que saben, incluso, dejar de molestar o ser útiles a cualquier gobierno, aún a aquél que no concuerde con su crasa ideología.
“Nosotros somos consistentes con la ley y nuestro pensamiento. El Gobierno, por seguir la voz de la calle, nos crucifica”, podría retraducirse la lectura de los jueces garantistas puestos en la picota. Tienen parte de razón pero deberían reparar en que la discusión sobre las leyes no se dirime sola ni principalmente (gracias a Dios, dirá el autor) en los tribunales o en las academias de derecho. Son temas públicos cuya elucidación pasa por una opinión pública que puede equivocarse o desbocarse pero que es la sal y la pimienta de la democracia. Herirla y ofenderla de más es un magro favor a una causa noble. La forma y el tiempo en que se decidió liberar a un preso demasiado ilustre han favorecido a quienes piensan distinto de unos y de otros. La reaparición de Blumberg y Casanovas, símbolos de una derecha siempre atenta, revela que hay quienes nunca se equivocan respecto de sus aliados, sus adversarios, sus enemigos.

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Juez de la Corte Eugenio Raúl Zaffaroni.
 
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