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La Ciudad de Buenos Aires garantizará a partir del año próximo el derecho de todos sus habitantes a recibir un ingreso mínimo que los deje a resguardo de la indigencia. Ese ingreso quedará asegurado con la puesta en marcha del Programa de Ciudadanía Porteña, que se financiará con fondos previstos en el Presupuesto. La iniciativa consiste en la entrega de un subsidio a la totalidad de los indigentes y a las familias pobres con hijos. “Es el mayor monto que un Estado va a asignar como ayuda social, en forma universal, con controles directos y sin clientelismo”, destacó a Página/12 el jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, y remarcó que “esto es algo inédito en la Argentina”.
El 3,9 por ciento de los porteños vive en la indigencia, según los datos que el Indec difundió esta misma semana. Dicho de otro modo son poco más de 110 mil personas cuya situación cambiará de manera sustancial con el ingreso mínimo que tendrán garantizado en 2006.
Lo previsto en el Programa de Ciudadanía Porteña es otorgar un subsidio mensual equivalente al costo de la canasta alimentaria que determina el Indec. A todos aquellos hogares cuyos ingresos se ubican hasta un 25 por ciento por encima de la línea de indigencia se les concederá una prestación igual al 75 por ciento de la canasta básica para una familia tipo, que de acuerdo con la última estimación es de 353,7 pesos. En el caso de los indigentes que vivan solos, se les dará el proporcional.
Los indigentes no serán los únicos que tendrán asegurado un ingreso mínimo: las familias con hijos que tengan ingresos un 25 por ciento mayores a los que señalan la línea de indigencia pero que son pobres –porque no llegan a reunir 778,3 pesos al mes– recibirán un subsidio que equivaldrá al 50 por ciento de la canasta básica. También brindará atención a los hogares en los que haya adultos mayores de 65 años y personas con algún tipo de discapacidad.
Los cortes fijados para la asignación de los subsidios implican que la iniciativa no sólo beneficiará a los pobres estructurales, sino también a la franja más vulnerable de la clase media empobrecida. En el gobierno porteño anticipan que el ingreso mínimo alcanzará, por ejemplo, “a jubilados que cobran la mínima”.
El subsidio que se entregará no es incompatible con otros programas de transferencia de ingresos, como las asignaciones familiares y las jubilaciones y pensiones y las becas escolares. En el caso del Plan Jefes y Jefas de Hogar, se descontará del monto del beneficio el equivalente de la canasta básica que el INdEC calcula para un único adulto.
El programa demandará una inversión de alrededor de 150 millones de pesos, que serán previstos en el proyecto de Presupuesto 2006 que el Ejecutivo porteño girará en poco tiempo más a la Legislatura. Su diseño es el resultado del trabajo que desde hace más de ocho meses viene realizando la Secretaría de Desarrollo Social.
“Es el primer plan universal en serio de la Argentina”, subrayó en diálogo con este diario el vicejefe de Gobierno, Jorge Telerman, a quien Ibarra confió el manejo del área social de su administración. El funcionario subrayó que el programa “toma lo mejor de cada corriente ideológica, como la idea del ingreso ciudadano que promueve el progresismo; la bancarización y la asignación directa que hace imposible la duplicación de programas que tanto preocupa a la derecha; el perfil productivista porque dará impulso a la producción barrial; y el trabajo de reinserción social de los beneficiarios”.
La idea es que el programa sea preservado más allá de los vaivenes electorales y si bien en una primera etapa lo implementarán mediante su inclusión en la ley de Presupuesto, no descartan promover algún tipo de normativa que asegure su continuidad. “Los planes sociales tienen que llegar para quedarse por mucho tiempo”, señaló Telerman y agregó que la iniciativa “se da en un momento en que la economía está estabilizada y conun horizonte de mejoramiento, pero por varios años eso no va a alcanzar para mejorar las condiciones de la totalidad de la población necesitada”.
En el Programa de Ciudadanía Porteña recoge las propuestas que, en el marco de la ronda de consultas que se realizó para su diseño, surgieron del Consejo Social. Se trata de un órgano consultivo que fue creado a poco de la llegada de Telerman al área Social y que reúne, entre otros, la Pastoral Social, la AMIA, el Centro Islámico, las facultades de Arquitectura y Ciencias Sociales, la Cámara de la Construcción, la CGT y la CTA. En ese ámbito participan también funcionarios nacionales del área.
En términos generales la propuesta que armaron las autoridades porteñas fue bien recibida en el Consejo Social, aunque hubo algunas observaciones. La Iglesia y la CGT advirtieron que es necesario ser cuidadosos para que el subsidio no se convierta en un incentivo del “no trabajo”, mientras que la CTA cuestionó el monto de la prestación que se otorgará.
Los subsidios serán depositados en cuentas en el Banco Ciudad. A cada beneficiario se le dará una tarjeta de débito que no servirá para sacar efectivo de los cajeros, sino que será exclusiva para la adquisición de alimentos y artículos de primera necesidad. La idea es incorporar la mayor cantidad de despensas y almacenes barriales a la red como un modo de promover la actividad económica en los barrios más vulnerables.
Será requisito indispensable para acceder al subsidio acreditar más de dos años de residencia en la ciudad. Las familias beneficiarias deberán comprometerse con la educación y la salud de sus integrantes.
Para la determinación de los beneficiarios y el monto del subsidio que les corresponde se aplicará un Indice de Vulnerabilidad Social, que contempla variables como ingresos, cantidad de miembros del hogar y situación laboral de sus integrantes. La información estará centralizada en el Registro Unico de Beneficiarios (RUB).
El programa prevé también privilegiar a los jóvenes de 18 a 25 años que no estudian ni trabajan. Para lograr su reinserción al sistema educativo o al mercado laboral se los beneficiará con otros planes sociales, como ser las becas de desarrollo de la Dirección de Juventud.