EL PAIS › HABLAN LOS QUE SOBREVIVIERON A LA DICTADURA Y DIERON TESTIMONIO

Ser un testigo entre las tinieblas

Vivieron la tortura, vieron las desapariciones, ayudaron a identificar lugares y personas. Fue un proceso gradual, de más de veinte años buscando justicia. Años también marcados por el miedo y las amenazas. Los testigos cuentan su historia.

 Por Alejandra Dandan

Era la noche del 4 de febrero de 1977 cuando logró sacarse la capucha por primera vez. Recién lo habían secuestrado. Viajaba atado en el baúl de un auto. Pasaron treinta años. Víctor Hugo Díaz es uno de los sobrevivientes de los campos de detención de la dictadura militar que, con el correr del tiempo, se transformaron en testigos. Estuvo y declaró cuantas veces pudo después de su liberación y volverá a hacerlo en los próximos juicios orales. El caso Etchecolatz, las amenazas a jueces y fiscales y la todavía indefinible desaparición de un testigo le generaron sensaciones cruzadas. “Yo no sé si se puede decir que hay un antes o un después de López –dice–-, pero en todo caso deja una huella”. ¿Qué pasa con los testigos en esos casos? ¿Qué sucedió a partir de López? ¿Continúan y continuarán dispuestos a declarar? ¿Se sienten amenazados o están acostumbrados? ¿Piden custodia? ¿Se dan de baja de los expedientes? ¿Qué significa ser testigos desde el inicio de los juicios orales contra represores?

El Gobierno, funcionarios judiciales y abogados de las causas de derechos humanos sabían desde hace meses que las causas por las víctimas de la última dictadura se acercaban a los juicios orales. Empezaron con el caso Etchecolatz en la provincia de Buenos Aires y continuarán sobre los expedientes destrabados a partir de la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida. Esta nueva instancia abre un escenario donde por primera vez se cruzan defensores con defendidos, víctimas y represores. Las consecuencias y dimensiones de estos cruces son lo que tal vez no se sabía.

“Yo ya avisé”, dice un funcionario judicial de La Plata. Su gente se prepara ahora para los próximos juicios: uno contra el capellán del Ejército Von Wernich y otro sobre los crímenes en la Unidad 9 de La Plata, donde funcionó un centro clandestino de detención. En ese caso saben que los problemas en la sala serán complicados. No hay un solo imputado como en el juicio a Etchecolatz, sino entre 10 y 17 personas, muchos ex policías bonaerenses como el “Oso” Carlos García, que estuvo a punto de ocupar el puesto del comisario Pedro Klodzcyk como jefe de la policía de Duhalde y lo detuvieron por las acciones que cometió a los veinte años. “Yo ya avisé –retoma el funcionario–: para la audiencia oral o viene el PJ a llenarnos la sala o nos comemos todas las amenazas”.

Carlos Aranda era estudiante de arquitectura y militante de la JUP en la facultad cuando lo secuestraron en noviembre de 1976. Pasó los siguientes 7 años y 30 días detenido en la jefatura de Policía del Chaco, en la Brigada de Investigaciones de Resistencia, en La Plata y hasta pasó por Rawson. Un día dejó esa especie de exilio en ningún lugar en el que quedaban los detenidos-desaparecidos. Volvió a Resistencia. Terminó la carrera de arquitectura. Y habló. Declaró cuando se abrieron las causas de la dictadura, es uno de los querellantes en la masacre de Margarita Belén y será uno de los testigos del juicio. En los últimos días, el fiscal federal de su ciudad recibió una de las cartas con amenazas que llegaron a varios despachos judiciales en el marco del juicio y la condena a Etchecolatz y la desaparición de López. Aranda reparó en esos detalles. “El miedo no es preocupante –dice– sino que las consecuencias te dejan aterido”. Por primera vez, les pidió a sus hijos más chicos que cuando suene el teléfono no lo atiendan y combinó con su mujer una especie de juego de postas para saber dónde va estar cada uno a lo largo del día.

¿Igual que hace 30 años?

“Como nos pasaba treinta años atrás: tengo la sensación de que vamos a volver a las culpas. Porque cuando nosotros ‘aparecimos’ la sociedad nos hizo culpables: nadie nos creía lo que se veía adentro, no podíamos hablar”. María Laura Bretal no tuvo problemas con el teléfono pero empezó a escuchar con atención esas charlas de vecinos, y los mensajes en los programas de radio. Ella estuvo secuestrada en La Cacha, uno de los centros clandestinos de Buenos Aires monitoreados por la policía de Ramón Camps y Etchecolatz. Durante el juicio oral contra el ex comisario, Bretal tuvo noches de insomnio en las que se despertaba agitada por mismos sueños que soñaba años atrás. El juicio para ella no terminó sólo con el fallo sino con la incertidumbre sobre el destino de López al que supone como desaparecido por quienes tuvieron o tienen que ver los dictadores. Eso la hizo empezar a escuchar más. A mirar a la gente. A sorprenderse como cuando escuchó al oyente de una radio decir que López seguramente no está ni muerto ni desaparecido sino de paseo en México, Europa o en algún lugar. “No es que tengamos miedo”, dice ella. “Pero no te cuidan y nosotros no vamos a llamar a la policía”, agrega.

Luis Garay es santiagueño. Estuvo detenido durante ocho años desde el 24 de enero de 1975 hasta 1982 y no empezó a hablar de las causas abiertamente hasta hace muy pocos años. Ahora lleva adelante las causas de los desaparecidos. “Si se profundizan las investigaciones –dice ahora–- cada vez habrá más gente implicada. A mí me parece que no hay una verdadera preocupación del Estado en la protección de los testigos: y esto es lo pesado porque nosotros no somos ni funcionarios ni empleados de la justicia, somos ciudadanos sin recursos”.

A Santiago no llegaron las amenazas en sobres cerrados. Pero no hacen falta. Las amenazas más reales allí son las que impiden avances en los expedientes porque no hay funcionarios o porque quien está no actúa. Hubo represores excarcelados y pintadas que amedrentan a testigos ya bastante vapuleados, que en ocasiones parecen obligados a jugar a los héroes. “La soledad en la que te encuentras es terrible, pero es imposible echarte atrás. Para nosotros es un camino de ida, no tiene vuelta; o sea yo a pesar de las preocupaciones sé qué tengo que avanzar”.

El dato es sólo eso: un dato pero no menor. En la última semana, los Tribunales de La Plata a cargo de los juicios orales recibieron un pedido de al menos cuatro testigos de las causas que quieren tener custodia. Para uno de ellos el juez federal Hugo Corazza autorizó la custodia. La sucesión de pedidos no fue numéricamente importante pero a quienes trabajan desde hace años con las causas los sorprendió porque no son habituales. En la misma semana, a los pedidos se sumó por lo menos la objeción de un testigo para futuros juicios orales y aunque hubo rumores de que las bajas aumentarían finalmente no lo hicieron. “Hubo compañeros de militancia que dudaron, pero fue una crisis del momento”, explicó Adriana Calvo, otra ex detenida. Hubo un caso durante el último juicio al ex comisario de un testigo que por temor no pudo decir todo lo que se proponía decir. En la sala esperaban que hablase de los cuerpos que se quemaban en el Pozo de Arana, donde él había estado detenido. Además, iba a nombrar a quienes lo hacían como lo había declarado antes. Pero un policía le espetó alguna cosa cuando entró en la sala y el testigo no avanzó.

El estupor

“Personalmente lo que me pasa es una sensación de estupor. Desde el viernes, con la primera movilización empecé a darme cuenta de lo que estaba pasando. Es como que no podés creer, más allá del caso Etchecolatz. No pensaba en este tipo de cosas”, dice Víctor Hugo Díaz. Si las amenazas son serias o no, Díaz no puede dimensionarlo. “Una vez que se produce la situación, hay sectores que toman el teléfono y amenazan a referentes, y jueces de las causas de los derechos humanos”, señala. A lo mejor, piensa Díaz, se trata de mano de obra desocupada subida a la ola de las amenazas. Lo seguro es que hay un pequeño “plancito” de los “molestos” con los juicios. “No son viejos vizcachas, en la soledad de sus hogares”, cree. Mary Díaz vivió hasta hace un mes y medio en el exilio, en Brasil. Volvió para declarar en el juicio a Etchecolatz pero ya no quiere irse. Estuvo detenida en La Cacha desde el 5 de noviembre de 1977. Es la hermana de Víctor. Fue la última persona que declaró en el juicio a Etchecolatz antes del testimonio de Raúl Alfonsín. Su relato sirvió, y sirvió mucho. Los recuerdos de Mary Díaz permitieron dar crédito a la denuncia del traslado y la muerte de tres enfermeras, jóvenes militantes que estuvieron detenidas y luego desaparecidas. Mary no es militante. Y durante el juicio fue apenas la segunda vez que logró hablar de su historia. Declaró un día lunes. No tomó calmantes ni tecitos de hierbas porque no le hacen falta. Tampoco le hacen falta los papeles, ni anotadores ni los ayudamemoria. “Porque siempre conversamos, nos contamos (entre nosotros) cada uno de los relatos, siempre los recordamos, tristes pero no se puede olvidar”. ¿Lo de López?, piensa. “Al contrario, no me amedrenta –dice–. Ahora es momento que estamos en democracia, creo que si nos llegamos a esconder ellos continúan abiertamente. El caso tampoco me tomó por sorpresa. Yo sé que hay asesinos que están libres. Ellos están libres, están sueltos. Eso está claro, no sé si nos reconocen porque no tenemos los veinte años de entonces, pero lo tienen muy vigente”.

“Lo único que falta es que ahora tengamos miedo”, reflexiona el polémico ex presidente de Racing Club Juan Di Stéfano, ex funcionario del gobierno de la provincia de Buenos Aires. En 1976 estuvo detenido al lado de Jacobo Timmerman, junto a la celda que dio lugar al título del libro Preso sin nombre, celda sin número. “Que Solá se ponga las pilas y haga algo –pide Di Stéfano–. Creo que hay mano desocupada que son capaces de llamar y hacer una travesura; porque el Ejército dio el golpe y la policía se prendió”. Di Stéfano propone una solución bastante particular: “Hay que hacer un padrón de torturadores, porque en la vida se pueden perdonar muchas cosas, pero no que lo aten a uno a la cama y le den electricidad hasta que se muera”. Estuvo en Puesto Arana, Puesto Vasco y la Brigada de La Plata, entre otros centros. Lo sacaban los lunes y lo devolvían los viernes para que la familia lo vea: “Y yo sentado en una silla porque estaba quemado por la picana. El cura (Von Wernich) me entrevistó en Puesto Vasco. Quería que le dijéramos cómo habíamos colaborado con los Montoneros. El que venía a Arana a torturarnos era Camps con la patota de Etchecolatz. Sí, sí, eso lo puedo aseverar. Repetir no me molesta: todas las veces que la justicia me cite, todas las veces voy a ir”.

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El caso López reavivó temores: algunos testigos retomaron rutinas de seguridad en familia.
 
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