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“Vamos a respetar el derecho de pedir la interrupción del embarazo”

El ministro de Salud de Entre Ríos dijo que garantizará la realización del aborto no punible a la joven discapacitada que quedó embarazada tras una violación. “Estamos para cumplir con el Código Penal”, afirmó. Pedirá previamente un dictamen médico.

 Por Mariana Carbajal

El ministro de Salud de Entre Ríos, Gustavo Bordet, aseguró ayer que garantizará la realización del aborto no punible a MFC, “previo dictamen médico sobre la factibilidad de la intervención sin poner en riesgo la vida de la adolescente”. “Estamos para cumplir con el Código Penal. Está muy claro: es un típico caso de aborto no punible. Vamos a respetar el derecho de la madre a pedir la interrupción del embarazo”, aseveró el ministro, en diálogo con Página/12, a horas de que el Superior Tribunal de Justicia de la provincia empezara a estudiar el expediente sobre el drama de MFC, la joven de 19 años que sufre una severa discapacidad mental y quedó embarazada por una violación. Bordet aclaró que si en el Hospital Materno Infantil de Paraná, donde originalmente se iba a practicar la operación, el cuerpo médico dictamina que no es conveniente ahora por lo avanzado de la gestación –es de casi 18 semanas–, garantizará que otro hospital se expida sobre el caso. “Y si es necesario, se irá a otra provincia o se recurrirá a la Nación”, afirmó el funcionario.

Ayer, el defensor oficial de la madre, Pablo Barbirotto, tuvo cinco horas para responder el recurso del abogado del padre biológico de MFC, Mario Martínez, quien el sábado, al borde del plazo legal para apelar, recurrió ante el Superior Tribunal provincial la sentencia de segunda instancia que había levantado la prohibición del aborto para la muchachita. Vale recordar que, según denuncia la madre de MFC, Sergio Alberto Colman, el padre biológico, hace 16 años que no ve a su hija y nunca se ocupó de su cuidado. La chica ni siquiera lo reconoce.

La Corte entrerriana empezará a analizar el caso hoy y se espera que se pronuncie esta semana. La Sala Civil y Comercial del Superior Tribunal, formada por los ministros Juan Carlos Ardoy, Emilio Castrillón y Leonor Pañeda, deberán resolver si confirman la decisión del tribunal de alzada.

Esta es la quinta semana que el caso está dando vueltas en la Justicia entrerriana, luego de que una defensora oficial en representación del feto interpusiera una medida de no innovar para frenar la interrupción del embarazo. Y la jueza de Menores y Familia de Paraná, Claudia Salomón, hiciera lugar al planteo. Ayer Página/12 consultó al ministro de Salud de Entre Ríos sobre si el Estado provincial garantizará, una vez que exista una venia judicial, la realización del aborto no punible que hace más de un mes reclama Marta Gauna, madre de MFC:

–Vamos a garantizarla previo dictamen de los profesionales de la salud sobre la factibilidad de la intervención sin poner en riesgo la vida de la adolescente debido al avance del embarazo. El dictamen será desde el punto de vista médico y técnico. Si nos dicen que no se puede hacer, pediríamos a otro hospital que opine. Vamos a respetar el derecho de la madre de la chica a interrumpir ese embarazo. Y si en la provincia no contamos con el instrumental necesario para la operación, iremos a otra provincia o recurriremos a la Nación. Estamos para cumplir con el Código Penal –aseguró el ministro Bordet.

–¿Qué opina de las derivaciones judiciales que ha tenido el caso? –le preguntó este diario.

–Me parece lamentable la intervención de la jueza de Menores (Salomón), que no respetó lo estipulado en el artículo 86 del Código Penal. Está claro que es un típico caso de aborto no punible. Lo único que ha logrado es dilatar un problema que perjudica a la chica desde el punto de vista físico y psicológico.

–Con una reglamentación del aborto no punible este tipo de dilaciones se evitarían. ¿Podría la provincia avanzar con una resolución como la que ya hizo la provincia de Buenos Aires?

–En agosto de 2006, junto a otros ministros de Salud del país, en el marco de la reunión del Consejo Federal de Salud, firmamos una declaración a favor de la reglamentación de los abortos no punibles. En esa misma línea se podría trabajar aquí.

–¿Y piensa elaborar una reglamentación para su provincia?

–Lo vamos a evaluar. El problema es cuando en la aplicación de la ley se juegan interpretaciones que no son legales. Supongo que la jueza (Salomón) ha puesto en juego interpretaciones morales y personales.

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La joven MFC, de 19 años, acompañada por su madre, que pide la interrupción del embarazo.
 
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