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“Si esto sigue así, el próximo, además de jefe de Gobierno, deberá jurar como jefe de bomberos, jefe de policía y jefe de inspectores para cuidarse de que por una tragedia se lo vayan a cargar”, ironizó ayer el jefe de Gobierno porteño Aníbal Ibarra, suspendido por el juicio político que enfrenta por el incendio del boliche República Cromañón. Ibarra continuó su recorrida por los barrios y esta vez fue a la Costanera Norte, a reunirse con representantes de organismos de derechos humanos en el Parque de la Memoria. Volvió a apuntarle al macrismo cuando señaló que la investigación “siempre estuvo direccionada hacia un costado político”.
La estrategia de Ibarra será continuar las recorridas por los barrios en busca de apoyo de los vecinos, cargar las tintas contra el macrismo y acelerar los plazos de la Sala Juzgadora. Sucede que, luego del 10 de diciembre, la sala podría cambiar su composición, ya que ocho legisladores terminan su mandato. La nueva conformación de la Legislatura favorecería aún más al macrismo y al ARI, impulsores del juicio. Se discute aún si los legisladores que la integran deben conservar su cargo sólo con esta función o si debe volverse a sortear los cargos tras la asunción de los nuevos diputados. Ibarra sostuvo que “si decidieron la suspensión ahora tienen que seguir y tienen que terminarlo. No existe que se cambie un tribunal en el medio. Sería un descalabro”.
“La suspensión no significa la prohibición de caminar por la ciudad de Buenos Aires. Vamos a dar, por un lado, la batalla política y jurídica y, por el otro, voy a seguir el contacto con la gente y la sociedad”, explicó Ibarra. Llegó en un taxi (ya no puede usar el auto oficial) a visitar las obras para ganarle tierras al río en la costanera. Allí se está construyendo el Parque de la Memoria, que albergará un monumento con los nombres de las víctimas del terrorismo de Estado. Con los rostros de los desaparecidos de fondo, Ibarra dialogó con la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, y con Mabel Gutiérrez, de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas. Lo acompañaba la subsecretaria de Derechos Humanos porteña, Gabriela Alegre.
Carlotto recordó que fue agredida por un sector de familiares de víctimas de Cromañón, que luego se disculparon. “Los perdoné. Ahora, cuando se les pregunta por qué me agredieron, algunos dicen: ‘Después de todo, ella hace lo mismo’. Yo nunca tiré una piedra ni aun sabiendo quién es el criminal que asesinó a mi hija”, explicó la presidenta de Abuelas, que criticó a los que dicen que apoya a Ibarra “porque recibimos prebendas o dinero”. “Eso es una ofensa y estoy pensando si no será necesario juntar estos agravios y dar un escarmiento, porque con la infamia y la mentira no se llega a ningún lado y lo están repitiendo y haciendo con mi persona”, dijo. Por su parte, Gutiérrez opinó que “se han ensañado específicamente con él y no es el único responsable”. Además, consideró que la comisión investigadora “se formó para que Ibarra sea culpable”.
Luego de recibir el apoyo de ambas representantes de organismos de derechos humanos, Ibarra sostuvo que “hay una sensación de injusticia, de desmesura, de pasar límites y la gente lo expresa. Esto a uno le carga las pilas, en términos afectivos, para poder enfrentar este momento”.
El jefe de Gobierno suspendido criticó que la Sala Juzgadora todavía no tenga un reglamento y no descartó ir a la Justicia si considera que escriben uno para perjudicarlo. “Lo único cierto en todo este proceso es que yo estoy suspendido, porque si se le pregunta a cualquier legislador cómo sigue esta historia, nadie sabe”, se quejó Ibarra. Ibarra reiteró que “el único objetivo era llegar a la suspensión y después nunca se preocuparon en establecer las reglas”. Los legisladores, por su parte, acordaron comenzar a discutirlo el miércoles próximo (ver página 7). “Esta es la lógica que estuvo instalada en la ciudad de Buenos Aires y que no ocurrió en ninguna parte del mundo en donde hubo una tragedia de similar magnitud”, concluyó Ibarra.