¿Cuántos trabajadores mueren o enferman por cada día que pasa sin que se derogue y reemplace la Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo? Nadie podría responder con un número, pero el testimonio de todas las fuentes consultadas por Página/12 apunta a que son muchos, son muchas las víctimas. Según el presidente de la Sociedad Argentina de Medicina del Trabajo, Roberto Pinto, esa normativa –herencia del gobierno de Carlos Menem– “destruyó décadas de avance en la salud de los trabajadores” y condujo a “un caos legislativo”. Según Héctor Recalde, presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados, “es una ley de negocios, que no tiene nada que ver con la prevención de los accidentes y enfermedades”; sin embargo, afirma el legislador, “no es sencillo” cambiarla, “todavía no hay un proyecto del Poder Ejecutivo” y el cambio sería resistido por “intereses de las cámaras empresarias y ART”. Para el diputado Claudio Lozano, quien presentó un proyecto para reemplazar la 14.557 que incluye “sustituir las ART por un sistema de entidades sin fines de lucro”, la cuestionada ley sigue en vigencia por “el respeto del Gobierno a los sectores empresariales” y porque “el bloque oficialista bloquea el tema, a la espera de un proyecto del Ejecutivo que nunca llega”.

“Antes, la responsabilidad por la salud del trabajador estaba en manos del médico especializado en medicina del trabajo: la Ley 24.557 les quitó responsabilidad al médico de la empresa y al médico del sindicato. Al impedir de hecho los juicios, la ley permite que al empleador le salga más barato pagar la indemnización que hacer medicina preventiva, y esto destruyó décadas de trabajo en la salud de los trabajadores”, sostuvo Roberto Pinto, quien, además de presidir la Sociedad Argentina de Medicina del Trabajo, es titular de las materias de grado y posgrado en medicina del trabajo de la Universidad Nacional de San Martín.

Pinto comentó que “en este momento, en materia de riesgos del trabajo hay un caos legislativo: la ley todavía no está derogada pero ya se está recurriendo a otras vías, especialmente la Justicia civil”. En 2004, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de los artículos 39 y 46 de la ley: el primero exime de responsabilidad civil al empleador y el segundo cierra al trabajador la posibilidad de recurrir a la Justicia ordinaria; ambos en conjunto garantizan los reducidos topes indemnizatorios que fija la 24.557.

Según el diputado Héctor Recalde –quien, además de presidir la Comisión de Legislación del Trabajo, es asesor de la CGT–, “la Ley 24.557 fue un instrumento de la flexibilización laboral: es una ley de negocios, que no tiene nada que ver con la prevención y la justa reparación de los accidentes y enfermedades profesionales. A partir de esta ley, cuanto menor es la prevención y la reparación, mejor es el negocio”.

En consecuencia, para Recalde “hace falta una nueva ley”, en la cual “las ART, que son empresas de lucro, sean reemplazadas por un sistema de seguridad que podría ser estatal”. Pero esto “no es sencillo porque las ART podrían reclamar derechos y hay fondos acumulados”. De todos modos, Recalde presentó un proyecto de ley “que la CGT había discutido y aprobado en 2004”, y al cual “se enfrentan los intereses de las ART y de las cámaras empresarias”. Entretanto, el tema no avanza en el Congreso porque “todavía no hay un proyecto del Poder Ejecutivo nacional, que no pudo hasta ahora destrabar una solución de equidad”, según el legislador, perteneciente al bloque oficialista.

La diputada Delia Bisutti –vicepresidenta de la Comisión de Legislación del Trabajo y perteneciente al ARI– también cuestionó el rol que la 24.557 otorga a las ART: “El trabajador está atrapado en una relación comercial entre su patrón y la ART, y siente que la aseguradora es socia de su patrón, no defensora de sus intereses”. Según la legisladora, “estamos reclamando que se trate el tema en la comisión: ya el año pasado se anunció su tratamiento cuando el Ejecutivo enviara su proyecto de modificación, cosa que nunca ocurrió”.

El diputado Claudio Lozano –quien, además de integrar la Comisión de Legislación del Trabajo, es asesor de la CTA– presentó un proyecto para reemplazar la Ley de Riesgos del Trabajo, que, entre otras cosas, solicita “transformar el sistema de las ART en un sistema de entidades sin fines de lucro, que podrían ser constituidas desde el Estado nacional, el provincial y municipal, desde las asociaciones mutuales y cooperativas y desde las obras sociales sindicales”.

Según Lozano, “si la Ley 24.557 todavía persiste, es por el respeto taxativo del Gobierno a la actitud de los sectores empresariales más concentrados. Sigue vigente el criterio de mantener el tema de la salud de los trabajadores como negocio, articulado con una estrategia de reducción del ‘costo laboral’”.