Sancionada la ley de reestatización de Aerolíneas Argentinas, la oposición parlamentaria centrará su estrategia en anular el acta acuerdo que Planificación firmó con Marsans y que para esas partes sigue plenamente vigente, a pesar de los puntos contradictorios con la flamante norma. Tal como surge del escrito que le elevaron a Julio Cobos los opositores de la Comisión Bicameral, disponer expresamente la nulidad de ese acuerdo resulta imprescindible no sólo para bloquear cualquier eventual pedido indemnizatorio del accionista privado, sino hasta para hacerlo responsable por haber rubricado un documento a sabiendas de que no tenía suficiente sustento legal.

“Poco importaría el contenido de la norma que dicte el Congreso al respecto, ya que el acta acuerdo cuestionada, de no ser revocada, seguiría surtiendo efectos jurídicos que colocarían al Estado nacional en una situación de indefinición ante futuros reclamos judiciales”, advierte el último párrafo del escrito que días atrás elevaron al vicepresidente de la Nación el cuarteto de legisladores opositores de la Bicameral: los diputados Rubén Lanceta (UCR) y Esteban Bullrich (PRO) y los senadores Juan Carlos Marino (UCR) y Adolfo Rodríguez Saá (Frejuli).

Desairando la pretensión del Poder Ejecutivo, el Congreso no avaló el acta acuerdo que firmaron Ricardo Jaime y Julio De Vido con representantes de Marsans para establecer los términos de la recompra de acciones, pero tampoco se pronunció explícitamente sobre su validez. Tanto para la empresa todavía dueña de la mayoría accionaria de Aerolíneas como para Planificación, ese documento sigue en pie. Tanto así es que, entre otras cosas, habilita la actuación de un comité de transición que hoy comanda la empresa a través de un gerente estatal (Julio Alak).

Pero entre otras discrepancias con el criterio del Parlamento, el acta le da a la reestatización el carácter de una operación comercial onerosa entre partes, permitiendo que Marsans intervenga en la fijación del precio que el Estado debería pagar para hacerse con las acciones. La ley, en tanto, margina al accionista privado de la cotización, emparentando el rescate de los títulos con una virtual expropiación.

Esta contradicción se desvanecería si, tal como le explicaron por escrito los opositores de la Bicameral a Cobos, se dispusiera expresamente que el acta no es válida. Para esto, sobrarían argumentos legales. Uno medular es que “resulta nula” por un vicio en la competencia de los firmantes: no hay norma estatal que permita a Ricardo Jaime o a Julio De Vido comprometer al Estado en una operación de este tipo. Esto implica también un vicio de procedimiento, justamente porque no se respetaron las normas expresas que regulan cómo debe formalizar la administración pública un acto de esta naturaleza.

Más allá de los fundamentos técnicos formales, el análisis incluye un hallazgo conceptual interesante: la contradicción de que el Estado celebre un acuerdo con un “grupo empresario al que se denosta por su incompetencia y deshonestidad en los considerandos del proyecto de ley que se elevó”. Argumento difícil de refutar desde el sentido común.

El otro subrayado del texto es que Marsans no puede ser ajeno a la nulidad del acta y, por consiguiente, que no puede apoyarse en ella para reclamar, por ejemplo, su derecho a intervenir en la fijación del precio o una presunta indemnización ante el Ciadi porque se lo excluya de esa tarea. Tanto es así que revocar el acta sería un modo de sancionar la “mala fe” de esos particulares, sugiere el documento en manos de Cobos.

“Hay un error esencial cometido por la administración nacional, e inducido por la propia empresa Aerolíneas Argentinas-Austral, que conocía que el secretario de Transporte carece de facultades” para rubricar ese compromiso. Según razonan los legisladores, el Estado, a su vez, habría reconocido su propio pecado, buscando (sin éxito) que el Congreso le apruebe un documento presuntamente inválido.

Esta denuncia fue elevada a Cobos en su carácter de titular del Senado no sólo para jerarquizar el planteo de los opositores, que son desventajada minoría, sino para provocar una eventual intervención del vicepresidente a favor del criterio opositor. Por si acaso, los legisladores formularán un pedido de nulidad ante el defensor del Pueblo de la Nación, con la esperanza de que Eduardo Mondino busque esa sentencia en la Justicia.