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El ministro de Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo Piccardo, insistió ante Página/12 en minimizar las denuncias de desalojos violentos de indigentes en la vía pública. “Sobre 3000 acciones anuales, siete denuncias no son significativas”, argumenta. Asegura que inició sumarios para investigar algunos casos, pero ninguno de ellos arrojó resultados hasta ahora.

–En la Defensoría del Pueblo hay catorce denuncias de hechos violentos. ¿Qué va a hacer el ministerio?

–Tenemos siete denuncias de la Defensoría y ya iniciamos los sumarios administrativos para verificar si hubo alguna irregularidad. La UCEP tiene muchas funciones vinculadas al buen uso del espacio público y no hay motivos para el uso de la fuerza pública. No avalamos el uso de la violencia y si algún funcionario ha incurrido en alguna falta será separado del cargo.

–Pero las denuncias no hablan de un funcionario violento sino de un accionar de un grupo que actúa como una patota.

–No tenemos esa información.

–La Defensoría advierte que la UCEP no deja constancia en actas de los procedimientos que se realizan. ¿No es ilegal ese procedimiento?

–Se hacen actas y desde hace un mes se filman todos los procedimientos.

–Sin embargo, nunca se entregaron las actas a la Defensoría cuando hizo un pedido de informes. ¿El personal que actúa en la UCEP está capacitado para el trabajo con personas indigentes?

–El personal de la UCEP tiene una tarea muy amplia, que va desde retirar carteles instalados en forma ilegal, puestos de venta ilegales y también atiende denuncias de vecinos por ocupación del espacio público que provocan molestias e inseguridad.

–No es lo mismo tratar con carteles que con personas indigentes. Los carteles no denuncian malos tratos, pero hay catorce denuncias de desalojos violentos.

–No nos constan esas denuncias. Ante una situación de ocupación del espacio público, la UCEP tiene que convocar al programa Buenos Aires Presente (BAP), para persuadirlos de que se trasladen a un parador. Y si es necesario el uso de la fuerza se convoca a la Policía Federal.

–Pero ¿es un delito o una contravención dormir en la calle? En ese caso, ¿no es necesaria una intervención judicial?

–No es necesaria la intervención judicial ya que la ley nos habilita a intervenir para proteger el dominio público.

–Lo que ocurre es que es que las intervenciones se han dado en forma violenta...

–De ninguna manera avalamos las intervenciones violentas. Además, de 3000 intervenciones en un año, siete denuncias no es un número significativo.

–Si fuera una sola, ¿no le preocuparía?

–Por eso es que iniciamos sumarios. No nos consta que haya habido procedimientos con violencia.

–Entonces, ¿usted cree que las denuncias son inventadas, o que hay una confabulación para desprestigiar a la UCEP?

–No. Pero hasta que no tenga la información no podemos hacer nada.

–La Defensoría y el CELS piden la disolución de la UCEP y la conformación de una nueva fuerza más capacitada. ¿Cuál es su posición ante ese reclamo?

–No es un problema del organismo sino de la responsabilidad de sus funcionarios. El organismo va a seguir y se va a reemplazar a los funcionarios que cometan una falta.