Arturo Puricelli afirmó que el país "no va a ceder a ninguna provocación como la que están instando los ingleses de llevar este conflicto al terreno de las armas" y sostuvo que "ellos podrán mandar todo lo que quieran mandar al Atlántico Sur, pero se están equivocando en la estrategia. Nosotros tenemos muy en claro que la firmeza de la jurisdiccionalidad de nuestros derechos hacen que nos sentemos en la mesa de negociaciones con las mayores posibilidades".

Asimismo, aseguró que Argentina no está "aprestando ningún tipo de fuerza" en el Atlántico Sur ante lo que ratificó como un "incremento de presencia militar" inglesa en las Islas Malvinas, pero advirtió que a nivel castrense están "atentos y vigilantes" ante una eventual amenaza. "No tenemos una posición pro-militar ni estamos aprestando ningún tipo de fuerza para la reivindicación de Malvinas, porque tenemos en claro la instrucción de la Presidenta (Cristina Kirchner) que este reclamo se va a dirimir en la mesa de las negociaciones y la diplomacia", apuntó.

"En territorio argentino, los toleramos en Malvinas -añadió-, pero si llega a venir al territorio argentino (continental) cualquier fuerza armada inglesa, no tenga la menor duda que nosotros vamos a ejercer nuestro legítimo derecho de defensa y tenemos capacidades y con qué hacerlo." No obstante, durante la entrevista radial en la que hizo referencia a esta posibilidad, aclaró que no había algún movimiento especial de las Fuerzas Armadas argentinas por la cuestión Malvinas: "No, en absoluto", remarcó al respecto.

Lo que sí está haciendo su cartera, añadió, es controlar "nuestro litoral marítimo", a partir de lo cual "se determinó la llegada de una plataforma de petróleo que arribó un par de semanas atrás, la llegada de un destructor clase 45 y por cierto estamos atentos a cualquier circunstancia que profundice esta militarización (inglesa) que la Presidenta con toda justicia va a poner en conocimiento de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad de la ONU", expresó el ministro.

• Gran Bretaña responde que no está militarizando Malvinas
• La Presidenta firmó la desclasificación del Informe Rattenbach
• Díaz Bancalari: "La agresión en mi contra pudo tener consecuencias fatales"

Al encuentro con Hugo Moyano "lo está coordinando Daniel Scioli. Quedaron en verse para concluir un tema. Creemos que hay una decisión tomada (por parte del camionero), pero no importa", afirmó Pérez durante una entrevista radial, en la que destacó que se respetará "la decisión" del dirigente obrero, si es que elige "apartarse del partido, no del peronismo, como dijo".

No obstante, remarcó que "sería importante que el máximo representante del movimiento obrero organizado, que es Hugo Moyano, siguiese (en el PJ), más que este año que necesitamos estar más unidos que nunca". El encuentro se realizará luego de que la semana pasada Moyano adelantara que, antes de tomar una decisión definitiva sobre su anunciada renuncia al PJ, primero lo hablará con el gobernador Scioli.

Por otra parte, Pérez insistió que la relación entre Scioli y su vicegobernador, Gabriel Mariotto, "está bien y va a estar mucho mejor" porque "las relaciones humanas, políticas e institucionales maduran con el tiempo, mejoran con el tiempo". "Cuando fue el comienzo de Néstor Kirchner como presidente y Daniel Scioli como vice, hubo algunos chisporroteos, seguramente por algún error de Daniel Scioli en su afán por colaborar. Hasta que después se entendieron, la relación maduró y Daniel Scioli entendió de qué manera podía ayudar a Néstor Kirchner", com paró.

Pérez agregó que "si uno ve lo que fueron los vicepresidentes antes de Scioli y después con (Julio) Cobos, se da cuenta de que la relación maduró y fue ejemplar entre un presidente y su vice. La misma relación ejemplar entre Daniel Scioli y Gabriel Mariotto".

"Hoy amanecí con el corazón como un misil, con toda la fuerza de mi alma", describió la mujer en la puerta de la Sala II de la Cámara Penal de San Miguel de Tucumán, donde se inició el juicio por el secuestro y desaparición de Marita, en abril de 2002, y por el cual están acusadas trece personas, bajo los delitos "privación ilegitima de la libertad y promoción de la prostitución en concurso ideal". No obstante, Trimarco lamentó que "desgraciadamente" los imputados serán juzgados con las leyes anteriores a la sanción de la ley trata de personas, aunque reconoció que "hay varios delitos que se le pueden imputar y aplicar otra tónica legal".

Además lamentó que su nieta de 13 años, hija de Marita, no pueda presenciar el juicio, porque "ella me dice que puedo escuchar y ver más de lo que vi en diez años". El tribunal rechazó el pedido del abogado querellante Carlos Garmendia para permitir la presencia de Micaela en la sala de audiencias, ya que es menor de 14 años.

Marita desapareció el 3 de abril de 2002 cuando se dirigía a La Maternidad local para realizarse un chequeo y desde aquel día su madre inició la búsqueda que se convirtió en uno de los casos emblemáticos de lucha contra la trata de personas. "Ojalá Dios ilumine la mente y el corazón de los jueces para que podamos saber dónde está mi hija", señaló Trimarco minutos antes de comenzar el juicio, en el que declarará como testigo. Por este motivo, la mujer no podrá presenciar las audiencias, aunque aseguró que estará frente al edificio en cada jornada del proceso.

"Tengo toda la ilusión y esperanza de que de aquí salga el paradero de mi hija", dijo la mujer, e insistió en que "para mí son culpables los 13 acusados y faltan muchos más". Señaló que "nunca me imaginé estar acá parada porque si hubiera sido por la Justicia todo queda en la nada" y enfatizó que "en estos diez años fui yo la que aportó información, y dije que saquen este o aquel expediente, pero nadie me llama para decirme acá está el exhorto".

Se estima que la causa se prolongará durante tres meses. El tribunal de la Cámara Penal II está integrado por los jueces Alberto César Piedrabuena (presidente), Emilio Andrés Herrera Molina y Eduardo Antonio Romero Lascano.

Según el dirigente, "el nivel de actividad industrial tiene una relación directa con las importaciones, de uno a cuatro, es decir que por cada punto que sube el índice industrial, sube cuatro el de insumos importados", y por ello dejó claro que "a todos en la Argentina lo que nos interesa, además de tener una balanza comercial favorable, es que no caiga el nivel de actividad y se pueda mantener el abastecimiento".

"Ayer se hizo un repaso. Primero, se recordará, expresamos nuestra preocupación por los plazos en que iba a entrar en vigencia (el sistema de DJAI), por la falta de conocimiento de cómo se iba a aplicar y con qué criterio se iba a aprobar o no un pedido de importación", a fin de que ello "no afecte el nivel de actividad". Por este motivo, dijo, haber hablado con la Secretaría de Comercio Interior, que le "dio información de las cosas que se atrasaron y de cómo se iban a ir resolviendo, nos dieron una puerta especial para que aquellos temas de insumos que podían atrasarse tengan una ágil resolución".

"Tomé esas decisiones sobre todo guiado por el desamparo de las víctimas que son en este tipo de crímenes el elemento principal que todo juez debe proteger", manifestó Baltasar Garzón, suspendido desde hace casi dos años de sus labores como juez de instrucción de la Audiencia Nacional española. "El tribunal del hombre, decía (el filósofo Emmanuel) Kant, es su conciencia. La mía está tranquila", concluyó el magistrado, de 56 años, frente al Tribunal Supremo, donde enfrenta la posibilidad de una condena de 20 años de inhabilitación en la Justicia, lo que implicaría el fin de su carrera.

Por su parte, la acusación a cargo del autodenominado sindicato Manos Limpias, una organización de la extrema derecha española que no cuenta con representación oficial en ningún centro de trabajo, ratificó sus acusaciones y reiteró su pedido de que se aplique la pena máxima contra magistriado de reconocido renombre internacional por su defensa a los derechos humanos.

Garzón fue acusado de haber impulsado la investigación por la desaparición de más de 100 mil personas (durante la Guerra Civil española, entre 1936 y 1939, y durante la dictadura de Francisco Franco, entre 1939 y 1975) ignorando la Ley de Amnistía de 1977, con que los camaradas del "generalísimo" se garantizaron la impunidad.

El planteo fue hecho ante la Cámara Federal porteña por Rodríguez Varela, quien argumentó que Jorge Rafael Videla ya lleva detenido 20 años de manera efectiva, computables como 32 años y siete meses en virtud de la ley del "dos por uno", que rigió, según publicó la agencia Télam, que accedió a ese pedido. El planteo argumenta que en la Causa 13/84, el dictador que protagonizó el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 ya fue condenado por 700 casos de violaciones a los derechos humanos, por los que la fiscalía formuló acusación, y fue absuelto por todo el resto. Por lo cual, según se consideró se estaría ante un "doble juzgamiento" con la reapertura de causas en su contra.

"En ese fallo se estableció que no puede renovarse la persecución penal en contra de los nueve enjuiciados", sostuvo el abogado sobre la situación de Videla, de 86 años, quien en su criterio es víctima de una prolongación "indefinida de la tramitación de los juicios reabiertos" pese "a que la pena impuesta por la Cámara Federal -con otra composición- por ser la máxima no podrá ser agravada en modo alguno".

Videla estuvo preso hasta que el 30 de diciembre de 1990 fue indultado por el ex presidente Carlos Menem, pero luego volvió a quedar detenido en 1998, actualmente está detenido en la Unidad 34 del Servicio Penitenciario Federal, es juzgado por el robo de bebés en la dictadura y está procesado en la causa por el Plan Cóndor y el secuestro de los hermanos Gutheim. Para su defensa, éstos fueron "todos delitos juzgados en la Causa 13" y por eso "todas las condenas que se dicten en los procesos reabiertos en su contra deben ser unificadas con las impuestas en la causa 13, e imponer una pena única que obviamente será la misma ya aplicada en la sentencia de esa causa".

"No es imaginable que ningún tribunal imparcial deniegue la libertad condicional", argumentó su abogado, al asegurar que el dictador tiene una "conducta irreprochable" en la cárcel, por lo cual "no es razonable recurrir a pretextos para demorar la libertad condicional".

El nuevo récord de energía entregada al sistema superó al de 436,6 GWh del 9 de enero último y un número más de la escalada que desde el sábado pasado se registran consecutivamente en Potencia y en Energía demandada, tanto para días de fin de semana como para días hábiles. La cartera de Julio De Vido destacó que ante tales demandas "el Sistema Energético Nacional opera con normalidad".