“El hecho de que jueces y médicos se permitan poner su voluntad por encima de la ley ataca a toda la sociedad y revictimiza a las víctimas: porque estos abortos son legales”: así lo destaca la psicoanalista Martha Rosenberg, representante del Foro por los Derechos Reproductivos, e incluye la conducta de esos profesionales en “una sucesión de delitos impunes que comenzó con la violación”. En contrapartida, Rosenberg señaló que “muchos servicios de salud sí realizan los abortos no punibles” y requirió “que el Ministerio de Salud de la Nación distribuya a los servicios la guía para la atención del aborto no punible”.

–La decisión de no otorgar un derecho garantizado por el Código Penal, como lo es el aborto en menores violadas, ataca a la sociedad entera porque genera un efecto de impunidad: estos jueces y estos médicos se apoderan de los cuerpos de esas personas. Y hay que destacarlo así porque la Iglesia Católica ha machacado tanto con que el aborto es un crimen, que se olvida que, de acuerdo con la legislación vigente, no es un crimen en estos casos. Son abortos legales; indigna que estas personas ostenten el poder de poner la ley a merced de sus opiniones y su voluntad. Y es claro que el aborto debería ser una opción para las mujeres en cualquier caso –destacó Rosenberg.

–¿Cómo estima las consecuencias psíquicas en las víctimas?

–Variarán según la situación subjetiva en cada caso. En todos los casos, lo curativo es respetar la ley y el deseo de esas chicas. Como siempre decimos, se revictimiza a las víctimas. Hay una sucesión de delitos impunes: empieza por la violación; continúa con la actitud de los responsables de servicios médicos que niegan la atención y sigue con los veredictos judiciales que niegan el Código Penal. En cada caso se repite el hecho del borramiento del sujeto; unos sujetos quedan a merced de otros, que se imponen por fuera de toda ley. El caso más impresionante fue el de Ana María Acevedo, hace dos años en Santa Fe, a quien, enferma de cáncer, se le negó el aborto no punible y, con él, el tratamiento y aun los paliativos para su enfermedad, hasta que murió. En este caso hay procesados y hubo sanciones administrativas para los médicos culpables.

–Los casos donde se plantean los obstáculos de médicos y jueces suelen concernir a personas que no pueden acceder a un procedimiento en privado.

–Sí, como sucede con el aborto en general. De los 550.000 abortos clandestinos anuales en la Argentina, es muy distinto el desenlace en las mujeres que tienen acceso económico y cultural al aborto seguro. En contrapartida, hay muchos casos donde los abortos no punibles se realizan, tanto en consultorios privados como en servicios públicos.

–¿En cuanto a los jueces?

–Ha habido dictámenes como el de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires, hace ya un par de años, y el del Tribunal Superior de Justicia bonaerense, subrayando que el aborto no punible no requiere intervención judicial y que los servicios de salud deben garantizarlo: la eventual objeción de conciencia de un profesional no puede llevar a que la institución incumpla su responsabilidad.

–¿Hay más avances?

–El Ministerio de Salud de la Nación anunció que está por distribuirse oficialmente la guía de atención del aborto no punible: será una herramienta para que los médicos no se sientan desprotegidos, ya que hay una tradición de amenaza en esas situaciones. El documento se había elaborado durante la gestión de Ginés González García pero la gestión de Graciela Ocaña frenó su distribución.