Dos días después de que con una efectividad notable la Bonaerense lograra desarmar a casi toda la banda sospechada de cometer la salidera contra una empleada del Ministerio de Justicia y Seguridad bonaerense, el gobernador Daniel Scioli propuso nuevas modificaciones al vapuleado Código Procesal Penal, como solución a las salideras bancarias. La propuesta de reforma, vigesimoprimera en una década si se llegara a cumplir, demuestra que las veinte anteriores, incluida la última con la firma del propio Scioli, fueron ineficaces, porque no sólo no evitaron las víctimas que prometían evitar, sino que transformaron al CPP en un pilón de inutilidades. Esta vez, la muletilla de la modificación pasó por la propuesta de incorporar como prueba los videos de seguridad y las llamadas al 911 –pese a que la posibilidad de incorporar pruebas ya está incluida en el CPP que Scioli propone modificar–. Hiperpropositivo, Scioli lanzó la idea de colocar inhibidores de celulares dentro de las sucursales y la de restringir la circulación de las motos en horarios bancarios.

“Quiero tener un servicio de Justicia más eficiente, más cerca de la necesidad de los vecinos. Que los que tengan temor sean los delincuentes, no los vecinos”, dijo Scioli, hace dos años, cuando proclamó las bondades de la reforma del CPP bonaerense, la vigésima hasta el momento que, precisamente, endureció la posibilidad de las excarcelaciones.

“Tenemos que terminar con esta historia de que la seguridad es un tema de derecha. La gente más humilde, los trabajadores... ¡es un clamor! Piden que revisemos estas cuestiones y apliquemos la mayor rigurosidad con estas bestias, estos delincuentes que reinciden de esta manera”, dijo ayer, en la misma tónica, en una nueva prometedora propuesta de modificación del código. “Habrá que darle nuevos instrumentos (a la Justicia) para ir acotando cada vez más la posibilidad de la excarcelación a los delincuentes peligrosos”, agregó el gobernador.

Scioli aseguró que mañana mantendrá una reunión con representantes bancarios a los que les propondrá la inclusión de “inhibidores de celulares”. No se trata de un vigilante con el dedo admonitor, sino de un aparatito emisor de una señal de radio de baja frecuencia que bloquea las comunicaciones celulares con la antena de la red. Puede ser tanto manual como un dispositivo ubicado en una pared, con mayor o menor potencia. Un inhibidor manual, que podría portar el vigilador privado, tiene un alcance de unos 5 a 10 metros y un costo que ronda los 500 dólares. Un equipo algo más sofisticado, con un alcance de 20 metros, puede costar 1500 dólares.

Para los expertos, de todos modos, “la solución no pasa por inhibir los celulares, porque el ‘marcador’ de la banda puede convenir que el marcado consista en salir caminando detrás del objetivo”.

Scioli además planteó que avanzará sobre “el problema de las motos, estamos avanzando, lo vamos a conversar con los intendentes en las próximas horas y ver cómo se podrá hacer en el área metropolitana. También queremos que las imágenes y llamadas del 911 sean pruebas en el campo judicial”. A esto se refería con su propuesta de modificar el Código Procesal Penal para que sean admitidas como prueba por los jueces.

“El artículo 209 sobre Libertad probatoria sostiene que ‘todos los hechos y circunstancias relacionados con el objeto del proceso pueden ser acreditados por cualquiera de los medios de prueba establecidos en este Código –confió un camarista bonaerense mientras leía el mentado artículo del CPP–. Además de los medios de prueba establecidos en este Código, se podrán utilizar otros siempre que no supriman garantías constitucionales de las personas o afecten el sistema institucional.” El artículo sigue, pero el magistrado consideró que con lo leído “basta y sobra para incorporar videos de seguridad o llamadas a quien sea”. La limitación referida a la garantía podría estribar en que, como el ojo del Gran Hermano, la cámara estuviera violando la intimidad de las personas, lo que podría darse, “por ejemplo, si la cámara es oculta, pero la cámara de seguridad visible puede cumplir la misión tranquilamente”.

A todo esto, es llamativa la velocidad con que fue detenida buena parte de los integrantes de la banda. Según sostienen los investigadores, sólo falta detener al que marcaba. Hasta ayer, figuraban detenidos el joven de 18 que supuestamente conducía la Yamaha; el acusado de disparar contra la mujer; un hombre de 34 señalado como el jefe de la banda y dos mujeres acusadas de encubrimiento agravado.

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